Una exploración detallada de sueldos y salarios en el sector público suele llevar el debate académico a la disputa política. Maestros, policías y médicos han mostrado en el último tiempo su insatisfacción con el estado de cosas en cuanto a la retribución recibida y la capacidad adquisitiva real que esta representa. La comparación efectiva entre territorios y tipos de profesionales es, sin embargo, muy compleja. Por ejemplo, en la sanidad, la retribución de un profesional concreto depende de las categorías respectivas a las que pertenece (reflejadas en salario bruto, complemento específico y de destino), del compromiso de dedicación y/o exclusividad, de los incentivos de productividad que reciben, de la antigüedad (trienios acumulados), de los grados alcanzados en la carrera profesional y de la existencia, a veces, de "peonadas" fuera de los horarios establecidos o, en su caso, de complementos por residencia. La tolerancia de compatibilidad con el ejercicio privado juega también su papel. Muy lejos, por tanto, de la comparación de masas salariales divididas por el número de empleados.

Una divisoria que marca esta composición de factores que influyen en la retribución es la de la capacidad adquisitiva de la suma resultante, una vez que se traduce en términos reales. Al análisis económico de la compra efectiva (no confundir con la dinámica de la inflación de un año aislado) se le llama ppp o paridad igualadora del poder de compra. Es decir, cuánto dinero de una idéntica moneda se necesita para comprar una misma cesta de bienes y servicios. Notemos que no nos referimos al gasto real que hace en promedio cada territorio para adquirir su cesta. Esta ya incorpora una diferente composición en respuesta a los precios vigentes en el territorio, hecho que tergiversa la comparación. El efecto depende de cuán elástico es cada componente de consumo a la variación de precios. Es necesario, por tanto, considerar para la comparación una misma cesta de bienes y servicios.

El ajuste ppp (purchasing power parity) está vigente en la Unión Europea, y recomendado por la Comisión, de cara a intentar hacer sensibles los salarios reales a la capacidad adquisitiva efectiva en cada territorio. De lo contrario, una transferencia que no permite igual acceso a prestaciones en términos reales no se puede considerar justa. Esta constatación está en todos los manuales de hacienda pública.

Para lo que en términos medios a nivel estatal se necesitan 100 euros, en una comunidad como la nuestra o la balear se necesitan 112

Resulta curioso que lo que España practica en la comparación entre Estados no lo aplique dentro del Estado, a pesar de las recomendaciones hechas. Era el siglo pasado cuando hice los primeros estudios sobre la importancia de esta cuestión. Recuerdo que Motor Ibérica en su día, Nissan después, hacía por su cuenta cálculos del coste relativo de la vida por provincias de cara a incorporar las estimaciones a sus diferentes convenios. Después lo calculó Alcaide desde los servicios de estudios del Banco de Bilbao. Al final de la primera etapa de gobiernos socialistas, después de una reivindicación política catalanista, la presidencia del INE incluyó el cálculo en el programa de estadísticas oficiales. La llegada del gobierno de Aznar lo dinamitó: Tal es el miedo del nacionalismo español a perder la ficción de la unidad del mercado, y el temor al reconocimiento de la existencia de diferentes espacios sociales sobre el territorio. A pesar de disponer el INE de toda la información necesaria para la elaboración del índice (la recogida de datos tiene código postal), no se tiene, por lo tanto, un índice oficial de poder de compra. Así que solo de manera indirecta alguna comunidad como Catalunya ha elaborado cálculos aproximados. Por eso sabemos que, para lo que en términos medios a nivel estatal se necesitan 100 euros, en una comunidad como la nuestra o la balear se necesitan 112 euros. Esta reivindicación correctamente formulada equilibraría muchos saldos de financiación que, o bien acaban en déficits, o bien distorsionan gravemente la gestión pública. Es que si una administración no puede pagar salarios razonables por el coste de vida local, o bien acaba inflando organigramas para pagar mejor a pesar de cumplir normas (un jefe de sección se escala como jefe de servicio o los complementos específicos y de dedicación se alteran), o bien se permite una retribución efectiva por hora trabajada más alta a través de asignar menores cargas de trabajo. También se observa a menudo más compatibilización del absentista, cubierta con plantillas más elevadas. Todo esto hace por unas productividades más bajas.

A estas alturas, la financiación autonómica, las pensiones no contributivas o las retribuciones públicas continúan ignorando estas disfunciones. De manera que, a pesar de que el juego de conceptos retributivos ofrezca medias nominales asimilables, puesto el dinero en el bolsillo de los afectados, la insatisfacción estalla a menudo en un malestar global que irradia en el conjunto de los servicios públicos financiados.