El 11 de noviembre de 2022 se hizo pública la propuesta de la Comisión Europea (CE) para redefinir el marco de gobernanza fiscal en la Unión Europea. Los elementos esenciales son los siguientes. La propuesta mantiene los límites establecidos en los Tratados de la UE: un déficit máximo del 3% del PIB y una ratio de deuda máxima del 60%. Sin embargo, reconoce que muchos Estados miembros están lejos de cumplir estos umbrales, especialmente en lo que se refiere a la deuda. Para evitar ajustes bruscos y costosos, se plantea un enfoque dual a medio y largo plazo. Los países que se sitúan cerca de los límites deben mantenerse en ellos, mientras que los que se hallan lejos deben comprometerse a converger gradualmente. En cuanto a la simplificación de las reglas, se propone utilizar la tasa de crecimiento del gasto neto primario financiado nacionalmente como indicador clave. Se excluyen los intereses de la deuda, el gasto en prestaciones por desempleo y el gasto financiado por medidas discrecionales o fondos europeos. El déficit estructural y la regla de reducción de un veinteavo de la deuda desaparecen como variables relevantes. Se persigue mantener el déficit por debajo del 3% a medio plazo y converger en la ratio de deuda establecida como ancla común. Se propone un enfoque plurianual con horizontes de cuatro a siete años para los planes fiscales de los gobiernos. Se plantea evaluar la estabilidad presupuestaria como un proceso, utilizando herramientas como pruebas de estrés y análisis estocástico. Los países deben diseñar planes coherentes con estas evaluaciones para garantizar la estabilidad fiscal. Se mantienen cláusulas de escape para afrontar choques simétricos y asimétricos, como la pandemia o crisis intensas que afecten a un solo estado. La inversión pública financiada con recursos nacionales se considera gasto, pero se reconoce la importancia de la inversión necesaria para la transición verde y digital. El papel de las autoridades fiscales nacionales se refuerza en la definición y supervisión de los planes, aunque la Comisión Europea sigue siendo el actor clave. Las sanciones por incumplimiento se revisan, se rebajan las sanciones financieras, pero se hacen más frecuentes y se introducen sanciones reputacionales.

Tras la publicación de esta comunicación, se abrió la discusión con los Estados miembros, dando lugar a una propuesta legislativa presentada el 26 de abril de 2023 que introduce algunos cambios significativos. Entre ellos destacan los siguientes. Primero, los países cuyo déficit supere el 3 % del PIB tendrán que hacer ajustes anuales por valor del 0,5 % del PIB. Segundo, la ratio deuda/PIB debe caer de forma significativa a lo largo de los planes cuatrienales. Tercero, cuando los planes se amplíen a siete años, el grueso de ajuste debe concentrarse en los primeros ejercicios. Cuarto, el gasto neto debe mantenerse siempre por debajo del crecimiento económico potencial. Y quinto: los países que se desvíen del plan a medio plazo tendrán que afrontar de forma automática un Procedimiento de Déficit Excesivo.

Aunque esta propuesta legislativa ha cosechado ya apoyos relevantes como el del Fondo Monetario Internacional, el acuerdo final requerirá de una segunda ronda de modificaciones. El proceso de debate entre los países está abierto. En un artículo publicado en varios diarios europeos el 15 de junio por el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, suscrito por otros diez colegas, se plantea con claridad la necesidad de una mayor rigidez y control: “esta propuesta debería considerarse un paso intermedio en nuestras deliberaciones en el Consejo, no una conclusión”. En el texto se incide en la necesidad de equilibrar cuentas y reducir deuda de forma sostenida en el tiempo para evitar aumentos insostenibles de deuda. Esta idea es concretada por el gobierno alemán en su reiterada propuesta del objetivo de reducción mínima de la ratio de deuda de un 1% anual para los países más endeudados. Además, advierte de que, independientemente de su destino, la deuda es deuda a ojos de los mercados de capitales, lo que cuestiona reglas de oro para la inversión pública que no computen a efectos de aplicación de reglas fiscales; y muestra sus dudas de que los períodos de tiempo para ejecutar las labores de consolidación necesarias se prolonguen más allá del ciclo de una legislatura, por el riesgo de que se aplacen las decisiones difíciles.

El acuerdo final debería lograrse durante la presidencia española del Semestre Europeo, lo que da al Gobierno de España protagonismo y cierto control en el proceso. Pero también le obliga a una cierta neutralidad. El hecho de que países grandes como Francia e Italia se hallen en situaciones similares a la española ayuda a los intereses de España. Pero si se quiere una solución asumible por todos, habrá que estar abiertos a cambios respecto a la propuesta conocida; cambios en la dirección de aumentar la exigencia a los países.

En todo caso, mi opinión es que buena parte de las exigencias de Alemania son ingredientes probablemente inevitables a la hora de definir la estrategia de consolidación fiscal que necesitamos en España. Nuestro elevado déficit estructural obliga a un ajuste gradual pero continuo e inaplazable. En un horizonte de crecimiento moderado del PIB, reducciones de cinco o siete décimas anuales en el déficit estructural en el próximo cuatrienio; o del 1% anual en la ratio de deuda son inevitables si se quiere recuperar pronto margen para la política fiscal y para frenar la subida en el coste de la deuda por la subida de tipos. Y, seguramente, ese esfuerzo supere el que hoy se vislumbra por el Gobierno en funciones, el Banco de España y la AIReF.