Estos días ha aflorado un dato totalmente esperado, pero no por ello menos escalofriante: el absentismo laboral cerró 2025 en su nivel histórico más alto, un 7,68% según un informe de Adecco, lo cual genera una factura que la CEOE cifra en 33.000 millones de euros. De hecho, ya se ha convertido en la segunda partida de gasto social del Estado, empujada casi del todo por las bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes, y no por los accidentes laborales. Cada día, entre 1,6 y 1,7 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo, y cada asalariado pierde de media casi once horas al mes. La mitad de este coste, unos 17.000 millones, lo soportan directamente las empresas; la otra mitad, el Estado, es decir, todos nosotros. En sectores como la construcción, el absentismo ya pesa más que el impuesto de sociedades: 3.565 millones, que equivalen al 1,7% de las ventas del sector, dos tercios de los cuales recaen sobre las pequeñas empresas, las más vulnerables ante la ausencia de un trabajador.

Sería cómodo despachar estas cifras como un problema de gestión de recursos humanos, un asunto de mutuas y complementos salariales. Pero hay matices que nos deberían preocupar: el tramo de entre 16 y 35 años es el que más ha disparado el absentismo, con una incidencia que ha crecido un 152% desde 2018, mientras que entre los mayores de 55 años ha bajado un 32%. O bien que los lunes concentran el 22% de las bajas de la semana. Dicho de otra manera, no estamos ante una epidemia sanitaria repentina, sino ante un cambio de comportamiento de una generación entera respecto al trabajo. La misma patronal admite que solo un tercio de estas ausencias responden estrictamente a una enfermedad; el resto tiene que ver con la conciliación, la salud mental o la sobrecarga. Y los comportamientos, en economía, no caen del cielo: responden a incentivos.

España ha construido, pacientemente, una estructura de incentivos invertida: un sistema donde con demasiada frecuencia la distancia entre trabajar y no trabajar se ha vuelto estrechísima. La política del subsidio generalizado, de la paga pública incondicional, se ha acentuado notablemente y se ha desacoplado de la realidad salarial en el sector privado. Al mismo tiempo, cuando un asalariado calcula que con el trabajo –igual que con un subsidio– apenas podrá emanciparse, que el alquiler se le comerá la mitad del sueldo y que la propiedad es directamente una fantasía, la relación entre esfuerzo y recompensa se rompe. El precio de la vivienda en las grandes ciudades ha crecido a años luz de los salarios, y la respuesta política ha sido, mayoritariamente, más regulación de precios y menos obra nueva: homeopatía económica para una enfermedad que es de oferta. No es extraño, pues, que la edad media de emancipación en España roce los treinta años, de las más altas de Europa. El resultado es una generación que percibe que el proyecto vital mínimo que tuvieron sus padres (un techo, una familia, un horizonte) hoy le queda fuera de alcance.

Ninguna sociedad próspera se ha construido nunca castigando a quien produce y abaratando a quien se ausenta

En España, el absentismo sube en épocas de bonanza, cuando el miedo a perder el trabajo disminuye. Es decir, cuanto mejor va la economía, menos vamos a trabajar. Esta es la señal inequívoca de un modelo donde el subsidio generalizado y la permisividad se han ido normalizando hasta el punto de que faltar al trabajo ha dejado de tener coste y ha dejado de dar vergüenza. No se trata solo de criminalizar al trabajador –la saturación sanitaria, que alarga una baja traumatológica de 45 días con mutua a 82 con la pública, tiene su parte de culpa–, sino de reconocer que hemos diseñado un sistema donde el esfuerzo no se distingue lo suficiente de su ausencia.

Más allá de la discusión técnica sobre complementos o días de carencia, lo que tenemos delante es un problema de país que cristaliza en tres síntomas que se alimentan mutuamente: jóvenes sin horizonte, empresas sin margen y una productividad que lleva décadas estancada —la producción por hora trabajada apenas se ha movido, mientras buena parte de nuestro entorno nos adelantaba. La buena noticia es que los incentivos, a diferencia de la demografía o del clima, se pueden rediseñar en un plazo razonable. Es factible volver a hacer que construir sea más fácil que prohibir, que emprender ilusione más que aspirar a ser funcionario y que trabajar siempre salga más a cuenta que no hacerlo. No es una cuestión ideológica, sino aritmética: ninguna sociedad próspera se ha construido nunca castigando a quien produce y abaratando a quien se ausenta. España todavía está a tiempo de rehacer este cálculo, pero debería hacerlo ahora, en el tiempo de descuento, antes de que la frustración colectiva que hoy expresan tanto los jóvenes como los empresarios acabe cristalizando en una resignación de la que costará mucho más salir.