Hay conceptos económicos que no admiten frivolidad. La ordinalidad es uno de ellos. No es una etiqueta ideológica. Es un principio técnico que afecta a financiación autonómica, a estabilidad presupuestaria, a previsibilidad fiscal y, en último término, a decisiones empresariales e institucionales. A mí personalmente me preocupa la ligereza con la que se está utilizando.

Se anuncia un acuerdo entre PSOE y ERC. Se presenta como un principio claro. Se da por hecho que ordena el sistema y que, por fin, en Catalunya, se va a establecer un criterio que acabe con un clamor popular que, entre otras cosas, fue el caldo de cultivo del independentismo y del procés que tanto daño hizo a la economía y a la sociedad.

Y, a los pocos días, descubrimos, con estupor, que no. Que no se garantiza. Que el modelo “tiende a la ordinalidad”. Que “se inspira en”. Que no se puede concretar. Que va a depender de cómo cada comunidad autónoma… no sigo. Porque la explicación de la vicepresidenta primera Montero es un galimatías que no entiende ni ella misma. Los programas de humor de diversos medios se han cachondeado del tema durante las pasadas semanas. Wyoming, Ortega y otros la han parodiado en televisión y radio.

Los españoles nos reímos de todo. De nosotros mismos. Y, a través del humor, de nuestro humor, acabamos perdonando y olvidando la incompetencia.

La ordinalidad es un concepto económico que no admite frivolidad. No es una etiqueta ideológica y me preocupa la ligereza con la que se está utilizando

Pero la economía no funciona con la diversión resultante de los enredos. Funciona con reglas. Con marcos estables. Con definiciones precisas. Cuando el lenguaje económico se vuelve deliberadamente ambiguo, el efecto es, precisamente, económico. Genera inseguridad jurídica. Introduce ruido. Paraliza y confunde a los agentes. Se incrementa la sensación de incertidumbre, de riesgo. Y eso tiene un coste.

Detrás de estos conceptos no hay solo debates parlamentarios. Hay instituciones que planifican. Empresas que invierten. Proveedores de servicios públicos que hacen números a años vista y necesitan realizar estimaciones. Autónomos que necesitan saber qué escenario fiscal tendrán dentro de doce meses. Todo eso descansa sobre una premisa básica: que las reglas del juego se expliquen con seriedad.

El problema ya no es ¡solo! que se cambien las reglas. Eso ocurre. El problema es que no se sepa a ciencia cierta cómo se van a aplicar. O peor: que se simule claridad donde no la hay. En economía, la falta de precisión no es neutra. Penaliza.

Mientras tanto, el listón administrativo, legal y fiscal para los agentes económicos no deja de subir. A autónomos y empresas no se les permite “tender a” cumplir. Cumplen o no cumplen. Una declaración fuera de plazo tiene consecuencias. Un error administrativo se sanciona. Una previsión mal hecha se paga. No hay margen para la ambigüedad semántica cuando Hacienda llama a la puerta.

El problema ya no es ¡solo! que se cambien las reglas. Eso ocurre. El problema es que no se sepa a ciencia cierta cómo se van a aplicar

Ese contraste es demoledor. Rigor extremo hacia abajo. Lenguaje vaporoso hacia arriba. Y eso erosiona la confianza en el sistema. Porque si los grandes principios se explican como si fueran provisionales, el mensaje implícito es que todo es negociable, revisable o interpretable según convenga.

Añadamos ahora el ruido político. La reacción inmediata del principal partido de la oposición no ha sido entrar en el fondo económico del asunto, sino usarlo como arma de desgaste. Es comprensible desde la lógica partidista. Pero es irresponsable desde la lógica económica. Convertir cualquier debate técnico en munición electoral degrada aún más el lenguaje y vacía de contenido conceptos que deberían tratarse con respeto.

El ciudadano no entiende nada. El empresario desconfía. El inversor toma distancia. Y las instituciones pierden autoridad. No porque se equivoquen, sino porque dejan de hablar con precisión con manifiesta y torticera intención

No estamos ante un problema de pedagogía. Estamos ante un problema de seriedad. La economía exige menos relato y más exactitud. Menos adjetivos y más números. Menos gestos y más compromisos verificables. No se puede pedir a los agentes económicos que operen con responsabilidad en un entorno donde los principios estructurales se formulan como borradores retóricos.

El ciudadano no entiende nada. El empresario desconfía. El inversor toma distancia. Y las instituciones pierden autoridad

La ordinalidad, como cualquier otro principio de financiación, puede gustar o no. Puede debatirse. Puede incluso rechazarse. Lo que no puede hacerse es trivializarla. Porque cuando el lenguaje económico se banaliza, lo que se degrada no es el debate político, sino el marco de relación entre agentes económicos e institucionales, que son la base de la seguridad jurídica y administrativa de un país.