Desde lo que sabemos, podemos anticipar que el acuerdo del gobierno del Estado con el soberanismo catalán para la investidura de Pedro Sánchez, al menos en la parte correspondiente a la financiación, parece bastante positivo. Entiendo que se trata, de entrada, de un pacto singular para Catalunya, que abre la vía a un nuevo modus de financiar la autonomía catalana (siendo esta la carta exhibida por ERC). Que tiene que concretarse y ser extensible, si se quiere, en un modelo adicional al preexistente para las comunidades autónomas que se quieran acoger a él (la carta que exhibirá el PSOE). Al fin y al cabo, lo podremos valorar como un éxito, ya que rompe el 'régimen común', que hasta ahora ha abortado cualquier mejora de la financiación para Catalunya. Si no es así, el avance será exiguo y poco robusto.

He dicho muchas veces —e incluso he hecho levantar acta en el voto particular formulado por mí mismo como representante de Balears en la última Comisión para la reforma del sistema de financiación— que si no se abría una vía alternativa al actual del régimen común, sería imposible encajar la reivindicación catalana. Con el acuerdo que se intuye, y en la medida en que se haga extensivo, se recuperan las dos vías que ya preveía la Constitución: la de nacionalidades y de regiones del Título VIII. Y es que la España plural no quiere decir solo un equilibrio entre competencias centrales y descentralizadas, sino también el reconocimiento de que la geografía española incluye territorios con distinta voluntad de autogobierno.

Incluye comunidades que con la descentralización actual tienen bastante, e incluso les sobra (así lo dicen reiteradamente las encuestas del CIS), mientras que otras aspiran a una autonomía mayor. A las primeras, el actual modelo, en que el Estado hace acopio de casi todos los ingresos y transfiere recursos de acuerdo con una estimación de necesidades de gasto que hace en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde tiene mayoría, ya les va bien; que el gobierno central asuma los costes de la responsabilidad fiscal y que asigne a los gobiernos regionales los beneficios del gasto. Otras, ciertamente, visualizan el corsé del régimen común, el café para todo el mundo que representa, algo no deseable. Parecen dispuestas a salir adelante al coste de jugársela a una mayor responsabilidad fiscal para acabar con el "quien no llora no mama" actual.

El gobierno central ya tiene preparada la argumentación contra los que hablen de discriminación y desigualdad, proponiendo que este nuevo 'modelo' —más basado en la capacidad fiscal— sea extensible a todas las comunidades que quieran

La reivindicación catalana, que ahora se contempla, ha entrado reiteradamente de la mano de los argumentos de la asimetría federal y la bilateralidad. Y parece que ahora el gobierno del Estado está dispuesto a considerarlos. Lo hace, seguro, como se dice, haciendo de la necesidad virtud, porque ya les digo yo que voluntariedad y ganas de afrontar esta solución no ha tenido nunca; desde mi experiencia, al menos, en los diversos comités de reforma de la financiación en los que he participado. Pero notad, por otra parte, que el reconocimiento singular no hace falta hacerlo exclusivo a la bilateralidad catalana. Anticipo que el gobierno central ya tiene preparada la argumentación contra los que hablen de discriminación y desigualdad, proponiendo que este nuevo 'modelo' —más basado en la capacidad fiscal por el lado de los ingresos que en las necesidades por el lado del gasto— sea extensible a todas aquellas comunidades que quieran optar a él. Más autonomía y más riesgo fiscal como antídoto a la comodidad del gasto pedido. Pasen y elijan. Y puede pasar que algunas comunidades gobernadas por el PP se apunten... y se desvanezca así la supuesta prerrogativa catalana.

Con respecto a la condonación de la deuda, tres cuartos de lo mismo. Ciertamente, algunos se quejarán de esta absorción estatal de la deuda autonómica, que empeorará, dirán, el cumplimiento macroeconómico de las reglas fiscales. Eso es un poco eufemístico, ya que creo que los mercados tienen más que supuesto quién es el último tenedor de la deuda autonómica, especialmente en el marco del modelo de financiación autonómica actual, con tan escasa autonomía tributaria. No creo que veamos, por eso, un aumento de la prima de riesgo de la deuda española. Otros se quejarán del riesgo moral que esta medida contiene, ya que, supuestamente, premia a los que más habían gastado por encima de los propios ingresos. Aquí el tema radica en qué regla se establece para distribuir esta condonación 'parcial'. Una posibilidad consiste en computar el diferencial producido entre ingresos y gastos a raíz de la crisis del 2008, y el recorte de gastos a razón del desequilibrio vertical entre los recursos financieros transferidos (el Estado los reducía para salvar sus propios objetivos de déficit) y la presión media sobre el gasto social que cargaba la crisis en los hombros de las comunidades autónomas. Por lo tanto, una indicación de aquello que 'tenía que poder ser y no fue' y que quien menos recortó gasto, más cubrió con déficits y deuda. Hasta que apareció el Fondo de Liquidez Autonómica. Este cálculo será imperfecto, pero a partir de la cuantía relativa que se dé en el pacto de investidura para Catalunya (en torno a un 20%) será extendido a las otras comunidades. Como el PP tiene algunas comunidades autónomas muy mal financiadas, muy seguro aceptará con la boca pequeña el acuerdo para salvar los muebles. Y las más atrevidas con esta leva intentarán volver al mercado de capitales.

Como el PP tiene algunas comunidades autónomas muy mal financiadas, seguro que aceptará el acuerdo con la boca pequeña para salvar los muebles

De manera que todo aquello que ahora parece privilegio alcanzado por los catalanes es algo extrapolable a otros a quien les pueda interesar acogerse. Como siempre, el recelo y la literatura anticatalana crecerán, pero se acabará favoreciendo a otras comunidades autónomas que se beneficiarían. Una historia conocida, ciertamente, pero que tendrá dos virtudes: habrá roto el régimen común, hasta ahora forzoso para todas las comunidades autónomas, y, con un poco de voluntad, este nuevo pacto fiscal podría aproximar el régimen foral a las comunidades "mortales", por la vía de bajarlo del cielo y ponerle los pies en el suelo, teniendo que participar en unos mínimos de solidaridad. Está claro, eso si los partidos vascos no sobreponderan, de nuevo, sus votos respecto de los catalanes.

Y con respecto a taponar parte del déficit fiscal, más allá de las medidas anteriores, el Estado se reservará la acción directa de sus inversiones sobre el territorio, que lucirá tan poco como pueda respecto del resto de las comunidades, y que para los partidos catalanes servirán como sensores para el mantenimiento o no del pacto de legislatura.