Cansa, y cansa profundamente. Cansa tener que defender el catalán una y otra vez. Cansa despertarnos y descubrir que un nuevo tribunal ha decidido, nuevamente, hasta dónde llega nuestro derecho a vivir en la lengua propia de Catalunya. Cansa tener que justificar aquello que cualquier otro pueblo europeo considera una evidencia: poder educar, trabajar, emprender, crear y relacionarse en su lengua sin tener que pedir permiso.

Porque esta ya no es una discusión estrictamente lingüística ni un debate reservado a los juristas. Es una cuestión que interpela directamente la calidad democrática, la cohesión social y la capacidad de un país para preservar uno de sus principales patrimonios colectivos. Una lengua es mucho más que un instrumento de comunicación. Es memoria, cultura, identidad, capital social y también un activo económico. Sin lengua propia no hay industria cultural sólida, ni cohesión, ni un proyecto compartido capaz de integrar personas de orígenes diversos bajo un mismo espacio cívico.

Lo más alarmante es que esta realidad ha acabado formando parte de nuestro paisaje cotidiano. Cada nueva resolución judicial provoca una indignación efímera, ocupa titulares durante unos días y acaba disolviéndose hasta que la siguiente vuelve a recordarnos que el catalán continúa teniendo que defender ante los tribunales espacios de normalidad que, en cualquier otro país europeo, difícilmente serían objeto de litigio.

Lo más alarmante es que esta realidad ha acabado formando parte de nuestro paisaje cotidiano

La cronología de los últimos años es bastante reveladora. La doctrina del 25% de castellano en las aulas abrió una etapa de judicialización del modelo lingüístico educativo que todavía hoy condiciona las políticas públicas. Posteriormente, en septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló parcialmente el Decreto 91/2024 sobre el régimen lingüístico del sistema educativo, declarando nulos diversos artículos que definían el catalán como lengua normalmente vehicular y de uso habitual en la actividad docente, administrativa, en la relación con las familias y en otros ámbitos de la vida escolar.

Pero, lejos de detenerse, esta dinámica se intensificó en marzo de 2026, cuando el mismo TSJC ordenó la ejecución provisional de esta sentencia mientras el Tribunal Supremo todavía tiene que resolver los recursos interpuestos por la Generalitat. La decisión afectaba, entre otros, los preceptos que configuraban el catalán como la lengua habitual sobre la cual se articulaba el funcionamiento ordinario del sistema educativo.

Y cuando parecía que el margen de intervención judicial difícilmente podía ir más allá, este mismo julio el Tribunal Supremo dictaminó que tampoco la rotulación de los centros educativos públicos y concertados podía ser exclusivamente en catalán. Los rótulos, la señalización y los indicadores físicos de las escuelas pasaban también a formar parte del debate judicial. Cuesta encontrar una imagen más elocuente del momento que vivimos: cuando incluso los carteles que cuelgan de las paredes de las aulas catalanas acaban siendo objeto de litigio, la cuestión deja de ser meramente jurídica para convertirse en una reflexión de país.

Incluso los carteles que cuelgan de las paredes de las aulas catalanas acaban siendo objeto de litigio

Pero hay un elemento que todavía resulta más desconcertante. Esta última sentencia pasó casi desapercibida. Apenas ocupó espacio en el debate público y la reacción institucional fue de una discreción difícil de entender y, en cuanto a mí, totalmente inaceptable. Sin embargo, el hecho de que haya generado tan poca indignación no la hace menos grave ni menos alarmante, sino al contrario. Estamos ante un ataque frontal que, pieza a pieza, destripa la normalidad del catalán.

Que incluso la rotulación de una escuela catalana pueda acabar en los tribunales debería haber provocado una respuesta contundente de todas las instituciones comprometidas con la defensa de la lengua. Por el contrario, esta ausencia de indignación y de una respuesta contundente ha sido casi tan elocuente como la propia resolución. Y esto es profundamente preocupante. Cuando incluso aquellos que deberían defender el catalán optan por el silencio, el mensaje es devastador: que este retroceso ya forma parte de la normalidad. Y esta resignación es, precisamente, una de las mayores amenazas que afronta hoy nuestra lengua.

Los últimos datos oficiales sobre usos lingüísticos muestran que el catalán continúa perdiendo peso como lengua habitual

Estas resoluciones llegan, además, en un contexto especialmente delicado. Los últimos datos oficiales sobre usos lingüísticos muestran que el catalán continúa perdiendo peso como lengua habitual, especialmente entre las generaciones más jóvenes y en las grandes áreas urbanas. Si bien es cierto que cada vez hay más personas que lo entienden, esto no se traduce necesariamente en un incremento de su uso cotidiano. Una lengua no se mantiene viva únicamente porque sea conocida; se mantiene viva cuando es necesaria, útil y percibida como la lengua normal de convivencia, de trabajo, de consumo y de relación con las instituciones.

En este escenario sorprende que el debate público continúe girando alrededor de si proteger el catalán es una forma de imposición. Ningún país europeo con una lengua propia consolidada pide disculpas por preservarla. Francia protege el francés. Italia protege el italiano. Alemania promueve el alemán como lengua de integración. Los Países Bajos hacen del neerlandés un elemento central de la cohesión social. Nadie interpreta estas políticas como una anomalía. Forman parte del funcionamiento ordinario con el que los estados salvaguardan su patrimonio lingüístico.

Catalunya es una tierra de acogida porque nuestra economía, nuestra realidad demográfica y nuestra tradición así lo exigen. Pero precisamente porque nos definimos como una sociedad abierta, la integración lingüística debería constituir una prioridad compartida. Ofrecer a las personas que llegan todas las herramientas para aprender catalán es una obligación de las instituciones. Pero también es responsabilidad de las instituciones exigir su conocimiento como parte del proceso de integración. No se trata de levantar barreras ni de imponer una identidad, sino de asumir un principio de reciprocidad elemental: quien decide establecer su proyecto vital en Catalunya debe incorporar también la lengua que vertebra la vida colectiva del país. Solo así se puede construir una sociedad cohesionada y garantizar una participación plena en la vida económica, social y cultural del país.

Quien decide establecer su proyecto vital en Catalunya debe incorporar también la lengua que vertebra la vida colectiva del país

Pero esta cohesión también exige dejar de considerar inevitables los retrocesos que sufre la lengua. Quizás lo más espeluznante de todo no es cada sentencia considerada de manera aislada, sino la resignación con que las vamos encajando. Como si fuera inevitable que la lengua propia de Catalunya tuviera que justificar permanentemente su presencia en la escuela, en la administración o en el espacio público. Como si defender el catalán fuera una excentricidad y no el ejercicio más elemental de responsabilidad hacia las generaciones que nos precedieron y las que vendrán.

El catalán no necesita privilegios. Necesita normalidad. Necesita instituciones que lo protejan con la misma determinación con que cualquier país europeo protege su lengua propia. Necesita ciudadanos dispuestos a hablarlo sin pedir disculpas. Y necesita que dejemos de considerar extraordinario aquello que debería ser absolutamente ordinario: poder vivir plenamente en catalán en el país que le da nombre.

El catalán no necesita privilegios. Necesita normalidad.

Porque una lengua no desaparece de la noche a la mañana. Retrocede cada vez que pierde un espacio de normalidad, cada vez que sus hablantes cambian de lengua por rutina y cada vez que una nueva resolución judicial recorta un poco más el ámbito donde podía desarrollarse con plena naturalidad.

Y es precisamente esta normalidad la que hoy muchos catalanes sentimos que nos están arrebatando. No reclamamos ningún trato de favor ni pretendemos restringir los derechos de nadie. Reivindicamos, sencillamente, el derecho de cualquier nación a preservar su lengua, a transmitirla a las generaciones futuras y a vivir en ella con plenitud en el territorio que le es propio.

Si incluso este principio acaba siendo objeto de controversia, quizás la pregunta ya no es qué futuro le espera al catalán, sino qué futuro le espera a un país que tiene que defender ante los tribunales el derecho más elemental de todos: poder existir en su propia lengua. Porque, sinceramente, ¡ya basta! ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar? ¿Cuándo tendrán suficiente? ¿Cuándo nos dejarán en paz, de una puñetera vez?