Detesto las teorías de la conspiración. Al menos en el sentido clásico de grupos todopoderosos que lo controlan todo desde las sombras, no me resultan serias ni lógica ni operativamente. Las instituciones se equivocan, esconden información, improvisan, compiten entre sí y protegen sus propios intereses. No necesitan una conspiración perfecta para producir silencios llamativos.

En el caso de los drones sobre infraestructuras estratégicas europeas, lo que aparece es un patrón visible para cualquiera que se tome la molestia de leer las noticias con una hoja de cálculo al lado.

Los datos están ahí. En 2014, Francia contabilizó al menos 15 sobrevuelos de drones no identificados sobre centrales nucleares en pocas semanas. En la última década, los países nórdicos registraron drones sobre plataformas petroleras, con detenciones de ciudadanos rusos y documentos académicos que ya los citan como ejemplos de guerra híbrida. En este 2025, informes de monitoreo señalan drones sobre bases aéreas en Alemania y Bélgica, además de una fábrica de munición de Thales. Todo esto en un contexto donde la OTAN afirma que Rusia “está probando” a la Alianza.

Al mismo tiempo, proliferan cierres de aeropuertos europeos por avistamientos y se multiplican los artículos sobre el airspace awareness gap: el déficit de sensores que impide saber qué vuela por debajo de los corredores tradicionales. Y ahora, Francia reconoce sotto voce que el caso de Île Longue, la sede de sus submarinos nucleares, no es aislado.

Admitir que docenas de drones baratos sobrevolaron activos estratégicos erosiona la imagen de control que los estados venden a sus ciudadanos

Con ese contexto, la pregunta no es si los drones existen. La pregunta es por qué el tratamiento público se mantiene en un registro casi administrativo. Existen cuatro explicaciones que, combinadas, son más potentes que cualquier conspiración.

La primera es técnica y legal. Los informes admiten que no es sencillo neutralizar un dron y vincularlo a un operador sin causar daños colaterales, y la legislación restringe quién puede interferir señales fuera de perímetros militares estrictos.

La segunda es estratégica. En el este de Europa, donde la guerra es abierta, se señala a Rusia explícitamente. Francia o España, en cambio, mantienen la línea de “ninguna atribución sin prueba”. Si un gobierno vincula un dron sobre una base nuclear con Moscú, queda obligado a una respuesta proporcional. Si esa capacidad es limitada, se arriesga una escalada, el incentivo del gobierno es la discreción.

La tercera es reputacional. Admitir que docenas de drones baratos sobrevolaron activos estratégicos erosiona la imagen de control que los estados venden a sus ciudadanos. El costo político de transparentar esa vulnerabilidad es más alto que el de tolerar acusaciones dispersas de opacidad.

No existe una mano negra. Solo burocracias evitando la admisión de fallos estructurales y marcos legales obsoletos ante la realidad tecnológica

La cuarta es mediática. Cada incidente funciona como noticia breve: un aeropuerto cerrado, un político retrasado. Pero convertir esa serie en un relato único sobre un “nuevo frente” requiere un trabajo de contexto que no encaja bien en el ciclo de clicks rápidos. Además, si las fuentes oficiales prefieren subrayar la calma, la línea editorial suele alinearse.

La consecuencia de estas fuerzas no necesita una mano negra. Se trata de burocracias evitando la admisión de fallos estructurales y marcos legales obsoletos ante la realidad tecnológica. En ese entorno, la secuencia de incursiones se vuelve visible solo para quienes unen las piezas.

La reacción lógica consiste en formular las preguntas que faltan. ¿Por qué no hay series largas de interpelaciones parlamentarias sobre estos hechos? ¿Por qué los ejecutivos que denuncian la guerra híbrida en fronteras no explican con la misma claridad lo que ocurre sobre sus centrales nucleares y nodos energéticos?

No se trata de alimentar fantasías de control total, sino de obligar a los gobiernos a elegir: o bien los episodios son ruidos menores y se clasifican así con datos en la mano, o bien representan una campaña de prueba de defensas. Si es lo segundo, requieren discusión pública y recursos. Hoy Europa sostiene ambas cosas al mismo tiempo, y esa ambigüedad es la verdadera anomalía.

Las cosas como son.