Si existe una cualidad que no se le puede cuestionar a la ministra de Hacienda es su gracejo para escurrir responsabilidades y, de paso, endosárselas a la oposición o a su (no siempre cómodo) socio de gobierno. El paradigma de esta capacidad de maniobra es su gestión de la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014 y que, como mínimo, no se abordará ya hasta la próxima legislatura. Montero reabrió el melón a finales de 2021 con una propuesta inicial a las Comunidades Autónomas sobre el cálculo de la población ajustada, un punto clave a negociar porque es motivo de enfrentamiento entre dos grandes bloques autonómicos. Pero desde entonces, en lugar de arremangarse la blusa, la ministra de Hacienda ha bajado los brazos y solo los ha levantado para señalar culpables de su falta de avances. Sin embargo, la única responsable de que catorce meses después aquel “esqueleto” inicial no haya evolucionado a una propuesta formal del Ministerio de Hacienda para aprobar una nueva ley de financiación de las comunidades autónomas es exclusivamente suya.

Vayamos por partes. Siguiendo con su metáfora, si aquel esqueleto para la reforma sigue en los huesos es porque María Jesús Montero ha hecho dejación de funciones. Tras presentar la propuesta y recabar las alegaciones de todas las autonomías, lo que le correspondía hacer era analizarlas y presentar la propuesta definitiva del Ministerio de Hacienda para discutirla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el foro adecuado para ello. Está claro que lo que pusiera sobre la mesa no iba a ser del gusto de todas las CCAA y que Montero tendría que mojarse para atender algunas de las peticiones autonómicas, pero ello no la exime de tener que asumir la iniciativa que le corresponde. Porque de eso van los grandes acuerdos, de negociar y ceder, de que cada parte pierda algo para que el conjunto salga ganando.

En lugar de demostrar una verdadera determinación por sacar adelante la reforma, Montero se ha dedicado a intentar obtener rédito de la división autonómica que se evidenció en las contrapropuestas tan diferentes que le presentaron. Ya se sabe: aquello de que financiar la atención sanitaria de un cántabro requiere supuestamente de 700 euros más que la de un valenciano por motivos de envejecimiento, dispersión u orografía. Son sensibilidades difíciles de conciliar, pero Montero no es la primera ni será la última ministra de Hacienda a la que le toque ejercer ese papel.

Pero la ministra ha estado tan ocupada en destacar las contradicciones de los barones del PP -como si en el lado socialista no existieran- y en acusar a las CCAA de realizar propuestas pensando exclusivamente en sus intereses y no en los del conjunto del sistema -algo no deseable pero comprensible- que ya no le han quedado energías para poner sobre la mesa su modelo. Ante esta actitud es lícito plantearse si a la ministra no le conviene mantener abierta esta herida por si necesita echar mano de ella como elemento de confrontación partidista.

La lista de promesas incumplidas sobre este asunto de Montero es dilatada. No solo no se ha molestado en contestar a las alegaciones de las CCAA, tampoco les ha presentado la revisión de ese primer esqueleto que les prometió para septiembre del año pasado ni ha convocado una reunión del CPFF monográfica sobre financiación de las comunidades.

Por eso sorprende que ahora, a las puertas de un periodo electoral durante el que las opciones de conciliar intereses partidistas y territoriales son ciencia ficción, la ministra haya enviado de ronda por las CCAA al nuevo secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, para aparentar voluntad por desbloquear la reforma. Y digo aparentar porque la letanía autoexculpatoria del Ministerio no ha variado. Es obvio que el acuerdo no depende solo del Gobierno, pero presentar una propuesta y llevar la iniciativa sí. Como también podría haberse habilitado el Fondo Transitorio de Nivelación por el que claman comunidades infrafinanciadas como la Comunitat Valenciana, Andalucía o Murcia para igualarse a la media en financiación por habitante. Su puesta en marcha no requiere de un acuerdo en el seno de CPFF y depende solo de la voluntad del Ministerio, pero ni siquiera ahora con la recaudación del Estado en niveles récord se decide la ministra a ponerle este parche al sistema mientras llega su reforma definitiva.

Con las elecciones autonómicas y las generales en el horizonte, me permito dudar de las verdaderas intenciones de una ministra que se tiró meses intentando convencernos de que era imposible bajar el IVA de las mascarillas o que reducir los impuestos de la luz o el gas era cosa de ultraliberales. ¿De verdad Montero busca un trato para desbloquear la reforma o esta ronda de contactos bilaterales no es más que un truco para reabrir este melón por si hay que echar mano de él en campaña para arrojarlo a la cabeza del adversario? Me encantaría equivocarme, pero entre truco o trato, me inclino por pensar que es truco.