Creo que existe una amplia conciencia social sobre el hecho de que muchos de los instrumentos que diseñamos para atender determinadas necesidades sociales, situaciones de pobreza estructural o precariedad crónica, o garantizar una mínima red de protección social, se convierten en laberintos burocráticos, espejismos ideológicos o experimentos tímidos incapaces de transformar la raíz del problema.

El marasmo no es solo normativo o administrativo: es un síntoma de la falta de valentía colectiva para abordar las condiciones materiales de la desigualdad con la radicalidad que exige la situación actual. Una situación que puede definirse por el dato de que el 50% de los desempleados son de carácter estructural (superiores a 12 meses).

El Ingreso Mínimo Vital, que podemos definir como una prestación social sustitutiva de los ingresos salariales que se recibe cuando se vive en una situación de vulnerabilidad, aprobado en 2020 como respuesta a la emergencia social derivada de la pandemia, nació con un objetivo y una promesa: acabar con la pobreza extrema. Sin embargo, sus resultados están lejos de esa aspiración. Según datos oficiales, más de un 60% de las personas en esta situación no han accedido al IMV. ¿Por qué? Los motivos son múltiples: requisitos excesivos, procesos farragosos, escasa coordinación con las CCAA, desconocimiento por parte de la ciudadanía o incluso miedo a perder otras prestaciones. Ha acabado operando más como un sistema de control que como un mecanismo de garantía de derechos.

Más allá de los problemas técnicos, el IMV en vigor hoy revela una concepción limitada del Estado de bienestar: una lógica de ayudas condicionadas, paternalismo institucional y desconfianza hacia las personas. En lugar de partir del reconocimiento incondicional de la dignidad humana, se construyen dispositivos que obligan a demostrar merecimiento y a transitar por un calvario de pruebas documentales. La trampa está en que el sistema acaba generando más exclusión: no solo en quién puede acceder, sino en el trato que damos a los que acceden a él.  

El IMV en vigor hoy revela una concepción limitada del Estado de bienestar

En este contexto, el concepto de Renta Básica Universal (RBU) no condicionada aparece como una alternativa disruptiva que cambia las reglas del juego. Una RBU bien diseñada —incondicional, individual y universal— no solo sustituiría el laberinto de prestaciones asistenciales, sino que transformaría el sentido mismo de la protección social. Podría dirigirse a crear una base común sobre la que construir vidas dignas, sin depender del mercado ni de la beneficencia institucional. En lugar de castigar la pobreza, se trataría de desactivarla desde su raíz: la inseguridad vital.

La RBU sigue siendo percibida como una utopía lejana, un experimento académico o una promesa electoral sin anclaje real. El debate público oscila entre un modo de entusiasmo ingenuo y el rechazo automático, sin pasar por una discusión madura sobre sus costes, beneficios, impactos o transiciones. Se la tilda de inviable económicamente sin contrastar con el gasto oculto que suponen las numerosas políticas fragmentadas actuales. Se la acusa de desincentivar el empleo sin evidencias sólidas. Se la convierte en un terreno de batalla ideológica en lugar de verla como una oportunidad de reconstrucción del pacto social.

Parte del problema es que seguimos mirando la RBU como una medida aislada, cuando en realidad debería insertarse en una visión más amplia de transformación del sistema económico. Podría abrir caminos inéditos: liberar tiempo para la participación social o los cuidados, reforzar la autonomía de los sectores más vulnerables, etc., facilitar la reducción de la jornada laboral

Mientras tanto, estamos en un punto intermedio que supone graves peligros: No nos atrevemos a hacer del IMV un verdadero derecho universal e inclusivo, ni nos decidimos a dar el salto hacia una RBU transformadora. El riesgo es quedar atrapados en un limbo, donde las promesas no se cumplen, los problemas se cronifican y la desafección hacia las instituciones crece. El marasmo no es solo administrativo: es cultural y político. Sin embargo, tenemos margen para el cambio si empezamos por hacer un análisis realista y objetivo de las experiencias piloto que ya se están desarrollando en diferentes entornos e incluso entre nosotros. Experiencias piloto, como la desarrollada en la ciudad de Barcelona con la B-Mincome (2017-2019) mostraron cómo determinadas medidas generaron impactos muy positivos en salud mental, cohesión social y empoderamiento.

El auge del debate sobre el trabajo del futuro, la robotización y los límites del crecimiento pone sobre la mesa la necesidad de repensar cómo garantizamos la subsistencia en un mundo donde el empleo ya no es el único vehículo de ciudadanía.

Salir del marasmo implica asumir que garantizar ingresos dignos no es un lujo, sino una obligación democrática. Implica dejar de ver a las personas simplemente como sospechosas o incluso delincuentes y empezar a tratarlas como sujetos plenos de derechos. Implica pasar del parche a la política transformadora. Porque mientras el sistema siga fallando a quienes más lo necesitan, no habrá paz social ni futuro común.

Algunos datos sobre el actual sistema de IMV

Comparativa y cobertura: La tasa de cobertura (según los diferentes análisis) se estima entre el 35 % y el 58 %. Unos datos que indican las dificultades para su medición con criterios objetivos y homogéneos.

Tasa de inserción: En 2024, solo el 5% de los perceptores dejaron de recibirlo por superar los umbrales de renta, lo que muestra su nula efectividad como factor de integración social.

Duplicidad de percepciones: No existe un marco normativo común sobre los criterios de percepción y su compatibilidad con otros tipos de “ayudas” de carácter autonómico, aunque formalmente exista el tope de que en total no puede superarse el 75% del SMI.