El Gobierno ha puesto cifra al dinero que recauda por no deflactar el IRPF. Son 2.294 millones de euros en 2025. La cifra aparece en el plan fiscal remitido a Bruselas y deja constancia de una desfachatez sin palabras: el Estado no solo no deflacta los tramos de IRPF desde el año 2008, sino que además calcula cuánta recaudación extraordinaria le produce tal falta de actualización fiscal a medida que suben los precios. También han comunicado que, hasta 2028, no piensan hacer deflactación alguna.

La cantidad equivale aproximadamente al 1,6% de toda la recaudación del IRPF de 2025, que alcanzó los 142.466 millones de euros. Es una subida fiscal encubierta. Sin anunciar nada de nada. Sin una reforma de la que el ciudadano pueda decir nada al respecto. La inflación le hace el trabajo al Gobierno.

En la universidad nos explicaban que la inflación era un impuesto encubierto. Lo era porque erosiona el valor del dinero. Si uno tiene 10.000 euros ahorrados y los precios suben, conserva los mismos euros, pero pierde capacidad de compra. El patrimonio nominal permanece. El patrimonio real cae a través de la creación de masa monetaria de los poderes correspondientes.

Ese impuesto encubierto castiga primero al ahorro. Incluso cuando el banco remunera algo el depósito. Si el ahorrador recibe un 2% y la inflación es del 4%, el saldo mejora, pero la capacidad de compra disminuye. Tiene más dinero en la cuenta y menos dinero en la vida.

La no deflactación del IRPF es una subida fiscal encubierta. Sin anunciar nada de nada. La inflación le hace el trabajo al Gobierno

Pero es que, con el IRPF, llueve sobre mojado La inflación permite al Estado recaudar más sobre salarios que solo han subido para compensar precios. Un trabajador puede cobrar más en términos nominales y seguir igual en términos reales. Pero si las tarifas del impuesto permanecen congeladas, Hacienda interpreta esa subida como una mejora de renta.

Ahí aparece la llamada progresividad en frío. El impuesto le trata como si hubiera prosperado. Su salario nominal sube. Su poder adquisitivo apenas se mueve. Pero la factura del IRPF aumenta.

Supongamos que una persona cobraba 40.000 euros antes del gran ciclo inflacionario. Esa persona necesitaría hoy cerca de 48.850 euros para conservar el mismo poder adquisitivo acumulando la inflación media de 2021 a 2025. Si el periodo se prolonga hasta 2028, con una hipótesis moderada del 2% anual en los próximos años, estará en unos 51.800 euros. Bien, a esa persona, ganando un 29,5% más en nominal, pero lo mismo en términos reales, su IRPF pasaría a aumentar un 41,6% sobre lo que pagaba.

Por eso llama tanto la atención que el Gobierno no solo mantenga esta situación, sino que además la contabilice. Sabe cuánto recauda por no actualizar la tarifa. Lo incorpora a sus compromisos fiscales. Y lo proyecta hasta el cuarto trimestre de 2028. La inflación deja de ser una anomalía que empobrece al ciudadano y pasa a formar parte de la arquitectura presupuestaria.

Los españoles somos alrededor de un 7% más pobres que hace cinco años. Y todo, directa o indirectamente, se lo ha quedado el Estado

Otros países corrigen este efecto de forma automática. En Estados Unidos, el IRS actualiza cada año los tramos federales del impuesto sobre la renta para reflejar la inflación. En Canadá también se indexan anualmente buena parte de los importes fiscales, incluidos tramos y créditos personales. La lógica es limpia: si los precios suben, los umbrales fiscales deben subir también para evitar que se grave como riqueza lo que solo preserva poder adquisitivo.

Spain is different, ya lo sabemos. Aquí mantenemos los tramos quietos y en cuanto los salarios nominales suben, el Gran Hermano captura parte de esa subida. El contribuyente cree que gana más porque la nómina es algo mayor. Después paga más impuestos, soporta precios más altos y comprueba que el aumento no le ha permitido vivir mejor.

La política fiscal debería explicarse con claridad. Subir impuestos es una decisión legítima si se defiende, se debate y se asume su coste político. Recaudar más dejando que la inflación empuje al contribuyente por la tarifa es falta de transparencia fiscal.

Está claro que esos 2.294 millones ayudan a cuadrar las cuentas públicas. Hace tiempo que el Estado ha sido la gran beneficiaria de la inflación experimentada desde 2021. En cinco años, el ahorro ha perdido un 22,1% de su valor. Los salarios en el mismo periodo han subido aproximadamente un 18,4%. Es decir, hemos perdido un 3,7% de poder adquisitivo. Si añadimos que el impacto en IRPF, ese trabajador estará pagando un 2,8% más de su salario que si se hubieran deflactado los tramos de IRPF.

En definitiva, que los españoles somos alrededor de un 7% más pobres que hace cinco años. Y todo, directa o indirectamente, se lo ha quedado el Estado.