Como estaba previsto, este miércoles 16 de julio pasado, la Comisión ha aprobado sus propuestas de perspectivas financieras 2028-2035 y de cambios en las distintas políticas comunes, empezando por la política Agraria Común (PAC).

He tenido la ocasión de presentar un primer análisis bastante detallado tanto de la propuesta de presupuesto plurianual como de cambios en la Política Agraria Común, en la Plataforma Tierra e invito al lector interesado a su consulta.

En este artículo, vamos a profundizar sobre dos aspectos específicos de la negociación, la fecha de entrada en vigor y el cambio implícito que generaría la propuesta si fuera aprobada tal y como nos ha sido presentada, en el equilibrio entre Gobierno y entes autonómicos, en particular los Estados miembros federalizados, como (entre otros) España.

No llegamos a tiempo

La aprobación de las propuestas por la Comisión Europea significa el comienzo de una larga negociación, la más importante de todas las negociaciones que se desarrollan en Bruselas y entre los Estados miembros, entre el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Ahora, felizmente (y siento mucha tristeza al escribir esta palabra), la Comisión Europea tiene un papel segundario, como mucho de facilitador del acuerdo, con voz pero sin voto. La única arma que le queda es la “bomba atómica”, el retirar su propuesta de encima de la mesa, lo que equivaldría a paralizar completamente todo el proceso. Nadie espera un órdago de este calibre, por mucho que el acuerdo final se vaya separando de la propuesta inicial.

En un principio, todo debería estar aprobado a tiempo para el 1 de enero del 2028. Decimos “en un principio” porque la única cosa que está clara en todo este juego de poder a varias bandas es que esto no ocurrirá y que habrá de prorrogarse, al menos algunas (las principales) medidas previstas en la PAC actual, uno o dos años.

La primera incógnita es saber qué reglas tendrán que respetar nuestros agricultores

Suponiendo que lo esencial de la propuesta siga para adelante, la primera incógnita es saber qué reglas tendrán que respetar nuestros agricultores: ¿las vigentes, las condenadas a desaparecer o las pendientes de aprobar? La segunda es si se prolongaran algunas (¿Cuáles?) de las medidas de la PAC actual, con qué presupuesto contarán: ¿el anterior o el recortado?

Repetidas veces, la Corte de Justicia Europea ha sentenciado que el marco legislativo en el que se desarrolla la actividad agraria ha de estar claro en el momento de la siembra de la cosecha de la campaña 2028/29, es decir, para el otoño 2027. Insisto, pues, en que no llegamos ni por asomo a tiempo.

El Plan País, ¿un monstruo?

La propuesta de marco presupuestario aprobado por la Comisión prevé que cada Estado Miembro reciba una especie de “sobre nacional”, en el que se incluirán los actuales fondos estructurales, de cohesión, la PAC, la política pesquera común y la política de seguridad y defensa.

Cada Estado miembro deberá elaborar “Planes de asociación nacionales y regionales”. En otras palabras, generalizan al conjunto de los sectores económicos y de las políticas comunes, la dinámica creada en la PAC actual con los Planes Estratégicos nacionales (PEPAC), en lo que Ignacio Atance ha bautizado también en la Plataforma Tierra con acierto el “Plan País”.

Este es el gran cambio propuesto por la Comisión, no tanto el tamaño del presupuesto (¡que también!) sino en su gobernanza. La Comisión propone que gran parte del presupuesto se asigne a los 'Planes Nacionales' (National & Regional Partnership Plans), un sobre nacional preasignado por Estado miembro.

Cada gobierno estatal negociará su Plan con la Comisión, que anteriormente habrá publicado unas directrices específicas para cada Estado miembro. No cabe dudar de que los gobiernos centrales, van a negociar previamente sobre todo en los Estados miembros con estructura más o menos federalizada, con los otros niveles de gobierno, pero será el gobierno central quién tendrá la última palabra.

El gran cambio propuesto por la Comisión no es tanto el tamaño del presupuesto (¡que también!) sino su gobernanza

Hasta ahora era práctica normal que, entre otros, los gobiernos autonómicos fueran directamente a negociar aspectos importantes de la política y los fondos regional, social o de desarrollo rural. Ahora todo, o casi todo, se trasladaría a cada capital.

Serafín Pazos-Vidal, en un artículo publicado en “Agenda Pública” plantea incluso “un riesgo de ‘reforma constitucional encubierta’ para el Estado autonómico en España”. Muchas Comunidades Autónomas tienen competencias exclusivas que entran en el ámbito del Plan País. Esta transferencia de responsabilidades desde las regiones al gobierno central ha ya irritado profundamente a los principales dirigentes del Comité de las Regiones Europeas que “denuncian la renacionalización masiva y el menoscabo de la política de cohesión a través de los ‘planes nacionales de monstruos’”

Estas tensiones vienen a sumarse a otro conflicto institucional de primer orden. Los Planes País, y su procedimiento de elaboración y aprobación, disminuyen considerablemente la capacidad del Parlamento Europeo de influir y condicionar las políticas comunes. El Parlamento Europeo no aceptará ninguna reducción de la supervisión parlamentaria y del legítimo control y escrutinio democrático sobre el gasto de la UE o, peor aún, renacionalizar políticas emblemáticas de la Unión”, advirtieron en un comunicado conjunto los líderes de las cuatro principales fuerzas políticas europeas, el partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas, los liberales y los verdes.

La pregunta al hermano Lobo

Aparte del hecho ya mencionado que es imposible que esta propuesta, si no registra grandes cambios, entre en vigor para el año 2028, la pregunta al hermano Lobo ya no es la clásica de “¿Cuándo desaparecerá la censura cinematográfica?", sino "¿cómo, y en qué, va a acabar todo este proceso?"

Nadie tiene una respuesta certera. Es la primera vez en los más de 50 años que llevo siguiendo las negociaciones europeas que me siento incapaz de dibujar una zona de aterrizaje en la cual debería encontrarse el resultado negociado al final. Nunca las posiciones de partida entre los negociadores, Ministros y eurodiputados, han estado tan alejadas; nunca la Comisión había presentado una propuesta tan innovadora, dirán los benevolentes, tan destructivas del mercado común y de las políticas comunes, dirán los detractores.

Pese a lo limitado del aumento efectivo del tamaño presupuestario propuesto, el “club de los rácanos” ya ha manifestado su oposición

Además, a pesar de lo extremadamente limitado del aumento efectivo del tamaño presupuestario propuesto, el “club de los rácanos” (Alemania, Austria, Finlandia, Dinamarca (aunque no interviene por ostentar la presidencia del Consejo) y Países Bajos), apelación que se ajusta más a la realidad que la muy diplomática apelación de “club de los frugales”, ya ha manifestado su oposición. Argumentan que si los presupuestos nacionales están sometidos a una enorme presión, lo mismo tiene que acontecer a nivel europeo. Francia, cuyo gobierno, a la hora de escribir este artículo, acaba de presentar fuertes e impopulares medidas de ahorro presupuestarios, no se ha manifestado, pero hay silencios que dicen mucho.

A todo esto se une la presión que ejerce sobre los presupuestos, en primer lugar nacionales, el ¿obligado? aumento del gasto militar.

Lo dicho, estamos entrando en terreno desconocido. Sin duda, en posteriores artículos tendremos la ocasión de explicar y comentar lo que va a acontecer, en Bruselas y en las capitales nacionales.