Ya hace más de tres años que con Marc Casanovas, investigador del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, publicamos, por encargo del Círculo de Salud, el libro La malaltia de la sanitat catalana. Finançament i governança (en castellano, 'La enfermedad de la sanidad catalana. Financiación y gobernanza'). En este trabajo analizamos, entre otros aspectos, la insuficiencia financiera de la sanidad catalana. El ejercicio empírico consistía, aun ajustando por el poder de compra, en calcular qué gasto correspondería a Catalunya si gastara en sanidad no lo que le transfiere el estado a través de la financiación autonómica, sino lo que le podría permitir la capacidad fiscal propia; es decir, si se autofinanciara a partir de sus propios recursos y gastara en sanidad de manera similar a lo que hacen los países avanzados de nuestro entorno con PIB similares.

Para validar el estudio considerábamos ajustes de renta real, población y grado de envejecimiento demográfico, para bien de comparar comparables. Y referíamos los ajustes estadísticos a diferentes submuestras de países (OCDE, de la Unión Europea, solo con sistemas tipo Servicio Nacional de la Salud), o de lo que gastaban aquellos países cuando tenían la renta per cápita y nivel de desarrollo de Catalunya en el momento de la comparación. Medido y resumido, resultaba una insuficiencia de entorno de los 5.000 millones de euros: satisfacer la cifra por Catalunya desde la financiación autonómica equivalía a multiplicar por seis aquel diferencial en el conjunto del Estado, ya que una sexta parte está la población catalana dentro de la total española. La cifra es extraterrestre en un contexto como el español actual. La cifra marcaba un 35% de falta de recursos (los cálculos se remitían al 2016 y 2018), y solo el País Vasco gracias a su concierto económico mostraba mejor cota de suficiencia.

No resultó, sin embargo, difícil traducir aquella necesidad de recursos a nuestra casa: se arrastraban déficits encubiertos que se trasladaban año en año, existía gasto ya comprometida que no estaba en el presupuesto, las amortizaciones eran inexistentes en centros públicos que requerían inversiones de mantenimiento que se estaban postergando, y promesas de nuevas inversiones o equipamientos que se comprometían por el momento entrar en presupuesto. A partir de los cinco mil millones, y para levantar acta, calculé cómo tenía que crecer el gasto sanitario por encima del aumento del PIB para, a fecha fijada, convergir con los países del entorno con los que nos queríamos comparar.

Después de los años pasados, compruebo ahora que los candidatos a las últimas elecciones municipales mantienen la cifra de los cinco mil millones. Ciertamente, como dicen unos, el gasto sanitario ha subido a nuestra casa, unos cuatro mil millones a lo largo de los últimos seis años, pero también que han aumentado las medias de gasto de los países en que nos comparamos. Remitiendo a las cifras disponibles, conjeturo el siguiente. Obviamente, la cifra no ha subido los 4.300 millones que muestran los valores absolutos publicados por la Conselleria. En términos reales, la inflación explica cerca de una cuarta parte de este incremento (por lo tanto, se trata de un aumento nominal, no real); otra cuarta parte proviene todavía de los fondos covid que no consolidan para el futuro. Y al mismo tiempo, la población ha crecido en 340 mil personas, casi un 5% adicional, hecho que limita la cobertura, ya que está en términos de beneficiarios como tenemos que valorar las prestaciones sanitarias. De manera que a grandes rasgos podríamos decir que del aumento del gasto, solo la mitad son recursos efectivos en mejoras de los servicios.

Por otra parte, los países del entorno de comparación también han dedicado más recursos a la sanidad. Con los datos disponibles, de hecho, nos habríamos alejado así de la evolución del gasto medio de los países de la OCDE y aproximado a los de los países de la Unión Europea en 15. En el caso de referirnos en los primeros, la cifra se elevaría un poco por encima de los 6.000 millones, mientras que respecto de los segundos (europeos más próximos), oh sorpresa, los ajustes por inflación se compensarían con los ajustes por cierre de brecha (un 20%). Y los 5.000 millones se mantendrían. De manera que por mucho esfuerzo que pueda exhibir el Gobierno, poco se ha hecho para cerrar aquel diferencial que nos separa de países del entorno con los que nos querríamos comparar. Y desde la constatación también, que con la financiación autonómica actual, aquel hito nunca se podrá conseguir. De manera que todos aquellos que reclaman una mejor financiación para nuestra sanidad, los toca afilar la herramienta de la reivindicación fiscal, si no quieren ver el país estancado en un gasto sanitario que estrecha salarios, prestaciones y listas de espera. O que se vea abocado a tasas y copagos: a eso que en otros momentos se ha identificado como la Catalunya con un estado del bienestar con peajes.

En cualquier caso: no confundir gasto liquidado y referido a todo el país (hay diferentes competencias estatales y locales sobre el territorio) con la considerada solo en el presupuesto de la Generalitat (de lo contrario la cifra para el 2023 aparentaría inferior a las de años anteriores!), ni identificar tampoco la transferencia recibida de la financiación autonómica con la presupuestada por la Generalitat (hay márgenes de contribución de esfuerzo adicional). Y tampoco nos engañemos en que la única partida comprometida es la que se presupuesta, ni incluso lo es la que se liquida cuando esta se gasta. Especialmente en épocas electorales como la actual, ¡en la que todo el mundo promete lo que después no podrá pagar!