Desde la última década del siglo pasado el diagnóstico formulado por los análisis más reconocidos sobre la situación del mercado de trabajo ha sido casi unánime en el sentido de que nuestra realidad queda claramente identificada cuando le ponemos los adjetivos de dual o desigual. Un consenso que se rompe, de forma inmediata, en el momento en el que se intenta abordar un acuerdo sobre cuál es o cuál debe ser la medicina más adecuada para su tratamiento.

Sin que consecuentemente sea mayoritaria, una posición con cierto apoyo es la que se denomina “flexiseguridad”. Se trata de un término a menudo rechazado por aquellos analistas que representan a las ideologías de izquierda (incluidas las de carácter sindical) al considerar que supone un retroceso en las condiciones laborales y que, asimismo, incorpora un elemento de alta polémica. A saber: que puede llevar asociada la idea de reducir la protección de unos trabajadores a cambio de igualar las condiciones de conjunto. Como podéis constatar, en esta materia estas posiciones se convierten, en la práctica, en muy conservadoras.

Sin embargo, podemos entenderla como un concepto de política laboral que busca combinar elementos de flexibilidad que demandan los empleadores con otros de seguridad reivindicados por los trabajadores. Lo que pretende es evitar la dicotomía entre rigidez y precariedad y hacerlo a través de entornos laborales dinámicos, capaces de responder a las eventualidades económicas, estableciendo un conjunto de protecciones a las personas durante la relación laboral o en los periodos de transición que puedan darse. En este sentido, recalquemos el hecho de que la cultura laboral existente puede ser considerada como perversa: de una parte, el objetivo de cobertura son los puestos de trabajo y no las personas; de otra, no somos capaces de ser lo suficientemente ágiles.

Seguimos con una realidad dual que muestra la falta de equidad de nuestro mercado de trabajo

Entretanto, muchos empresarios mantienen actitudes que no hacen sino ahondar los desequilibrios laborales, tanto en el seno de una misma organización como en el conjunto del mercado. Los datos objetivos confirman que esta realidad se mantiene y que, incluso, ha podido verse reforzada por el uso claramente irregular de los contratos de fijos discontinuos. Una categoría que se implantó para el trasvase del empleo eventual estable, pero que ha terminado utilizándose como una fuente más de precariedad real (aunque no lo sea a efectos estadísticos). Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que la dualidad sigue siendo –a pesar del incremento estadístico de la contratación indefinida– una realidad palpable y perfectamente constatable.

Los datos estadísticos favorables no deberían llevarnos a engaño. Seguimos con una realidad dual que muestra la falta de equidad de nuestro mercado de trabajo. La mejoría del empleo indefinido es clara, pero su recorrido parece haber tocado techo tres años después de la aprobación de la última reforma. Aunque el volumen de empleo se haya incrementado y hoy tengamos una tasa de desempleo muy baja, la calidad y la equidad siguen siendo claramente mejorables.

Recordemos que la creación de empleo desde el año 2021 no se debe tanto a las mejoras en la regulación del mercado de trabajo como a la presencia de una coyuntura económica favorable. Una situación que deberíamos aprovechar para incorporar reformas que eliminen las rigideces que hoy todavía mantenemos en nuestro mercado de trabajo –que poco se parece al existente en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado– y también para generar coberturas sociales mejor adaptadas a las nuevas realidades y necesidades.

No deberíamos tener miedo a afrontar el debate sobre la flexiseguridad

Cabe implementar nuevas dinámicas que combinen la flexibilidad para las empresas con elementos de seguridad y protección para trabajadoras y trabajadores. Una condición que hoy sería necesario repensar en un contexto marcado por la digitalización, la transición ecológica y la fragmentación del trabajo, en el que se ha incrementado la población activa como consecuencia del impacto migratorio y en el que, además, se constata un crecimiento real de la longevidad. En definitiva, una propuesta que podría conformarse en base a los criterios siguientes:

  • Cambios en las medidas de resolución contractual dirigidos a facilitar adaptaciones rápidas del mercado laboral sin generar mayor precarización.
  • Un nuevo formato para las coberturas sociales en los periodos de transición, que incorporen unas rentas vinculadas a itinerarios de aprendizaje y empleabilidad y acceso a servicios de orientación e inserción personalizados.
  • La puesta en marcha de incentivos de carácter fiscal para las empresas y organizaciones relacionados con los esfuerzos desarrollados en la formación, reciclaje y adaptación de sus plantillas.

No deberíamos tener miedo a afrontar el debate sobre la flexiseguridad. De articularse de una forma adecuada, podría convertirse en una palanca poderosa y eficaz para que nuestro mercado evolucione de un modelo caracterizado por la rigidez, la dualidad y la nula transparencia a otro mucho más dinámico, resiliente y centrado en las necesidades de los dos actores que se relacionan en él.