Lo primero que habría que preguntarse es qué tiene que ver la guerra de Irán con limitar la subida de los alquileres. La respuesta económica es más que cuestionable. La respuesta propagandística es obvia. El Gobierno ha metido la prórroga extraordinaria de los contratos y el tope del 2 % en un decreto presentado como respuesta a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio y al posible repunte de la inflación.

Si de verdad se quisiera contener la inflación, lo razonable sería actuar sobre algo que afecte a todo el mundo. Una rebaja del IVA, por ejemplo, alivia a todos los hogares, no solo a una parte. En cambio, esta medida beneficia únicamente a quienes están de alquiler y, además, no necesariamente a los más vulnerables. Hay inquilinos de rentas bajas, por supuesto. Y también los hay de rentas altas. De modo que presentar esto como una gran herramienta antiinflacionaria tiene bastante de gesto arbitrario y bastante de política dirigida al titular. Populismo, una vez más. Aprovechar la guerra de Irán para bajar alquileres me parece surrealista.

La norma da al inquilino la potestad de solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años cuando el contrato de vivienda habitual venza antes del 31 de diciembre de 2027. Durante ese periodo se mantienen las condiciones del contrato en vigor. El propietario debe aceptarla, salvo que haya acuerdo distinto entre las partes, se haya firmado un nuevo contrato o concurra alguna de las causas legales de recuperación de la vivienda. Y, en cuanto a la actualización anual de la renta, se deja margen a la negociación, pero si no hay acuerdo, el incremento no puede superar el 2 %. En el caso de los grandes tenedores, ese límite opera en todo caso. 

La medida traslada al propietario una función de protección social que debería asumir la política pública de vivienda. Pero lo más grave no está solo en el contenido. Está en el modo.

La prórroga extraordinaria de contratos de alquiler traslada al propietario la función de protección social que debería asumir la política pública de vivienda

Se aprueba un decreto. Entra en vigor. Y, al mismo tiempo, todo el mundo sabe que en cuestión de semanas puede ser tumbado en el Congreso. Aun así, desde el propio espacio político que lo impulsa, se está animando a los inquilinos a pedir ya esa prórroga, antes de que la norma decaiga. Se ha abierto, por tanto, una ventana de treinta días para ejercer un derecho que existe hoy, pero cuya estabilidad futura está completamente en discusión. Sumar lo está alentando expresamente, mientras el PSOE mantiene un perfil mucho más prudente y evita dar ese consejo con la misma claridad por la falta de jurisprudencia. 

Y ahí aparece la inseguridad jurídica.

Porque durante esos treinta días la decisión del Gobierno es válida. Pero si el decreto cae (que lo hará), se abre una discusión jurídica nada menor sobre qué ocurre con las solicitudes ya presentadas, qué queda consolidado, qué puede ser discutido y qué interpretación acabará prevaleciendo. Hay juristas que entienden que lo ejercitado bajo una norma vigente conservará eficacia. Otros no lo ven tan claro. Y entre una tesis y la otra no hay una controversia teórica. Hay contratos, viviendas, propietarios, inquilinos y pleitos. Distintos análisis ya están advirtiendo de ese riesgo y del probable aumento de litigios si el decreto no supera la convalidación. 

Inquilino y propietario acaban instalados en un terreno de nadie: una norma viva, pero quizá efímera; una expectativa generada políticamente; y ninguna certeza completa sobre cómo terminará interpretándose todo eso si el decreto no sale adelante. 

España lleva años convirtiendo el alquiler en un espacio de desconfianza recíproca. Cada nueva intervención añade una capa de miedo

Lo inquietante es el efecto acumulado. El inquilino cree que gana protección y puede acabar ganando incertidumbre. El propietario cree que firma un contrato y descubre que lo firma siempre a beneficio de inventario político. Y el juez recibe, una vez más, el encargo de ordenar después lo que el Ejecutivo ha preferido dejar ambiguo desde el principio.

España lleva años convirtiendo el alquiler en un espacio de desconfianza recíproca. Cada nueva intervención añade una capa de miedo. Miedo del propietario a no recuperar su vivienda. Miedo del inquilino a no poder seguir pagando. Miedo de ambos a entrar en una relación contractual sometida a cambios repentinos, impulsos parlamentarios y mensajes políticos que prometen más de lo que luego pueden garantizar.

Aquí está el problema de fondo. El Gobierno ha querido vestir de respuesta general a la inflación una medida parcial, arbitraria y muy selectiva. Y encima la ha diseñado de forma que genera inseguridad jurídica para propietarios e inquilinos, y deja al sistema judicial la tarea de ordenar después lo que no se ha querido resolver bien antes.

Si uno quisiera diseñar una medida capaz de incomodar a todo el mundo a la vez, probablemente no lo habría hecho mejor.