Europa atraviesa una etapa en la que la distancia entre su ambición regulatoria y su capacidad material se hizo demasiado evidente. Esa brecha no surge de un único problema ni de una causa aislada, es el resultado de una combinación de estancamiento económico, pérdida de liderazgo industrial, incapacidad para actuar con rapidez en sectores estratégicos y una tendencia histórica a convertir la política en un ejercicio simbólico.

El simbolismo aparece como una respuesta estructural ante la falta de herramientas reales para competir en los campos que hoy definen el poder: tecnología, energía, industria y la ciencia aplicada.

La regulación de la inteligencia artificial (IA) se convirtió en el caso más transparente de este funcionamiento. La Unión Europea ordena un mundo tecnológico que cambia de escala y de forma en ciclos de meses mediante un marco legal pensado para realidades estables. El resultado es un cuerpo normativo que nació con vocación universal, aunque sin el respaldo de una industria capaz de sostenerlo. Las empresas que lideran la frontera tecnológica están fuera del continente, la producción de cómputo está concentrada en Estados Unidos, los modelos más avanzados no se desarrollan en Europa y la inversión en investigación es insuficiente. La regulación se transformó entonces en un sustituto: si no se puede liderar la tecnología, se lidera el discurso. La norma adquiere el peso que debería tener la infraestructura.

Esta tendencia no es excepcional, y en las políticas climáticas sucede algo similar. Europa adoptó objetivos ambiciosos y medidas estrictas, técnicamente correctas en muchos casos, pero con un impacto global limitado. Las emisiones del continente representan una fracción menor del total mundial y la dinámica climática depende sobre todo de lo que hagan China, India y Estados Unidos. Sin embargo, la política europea se articula como una exhibición de compromiso. El valor de las medidas radica más en lo que representan que en su capacidad real de alterar el rumbo climático. El simbolismo aparece otra vez como forma de acción en un contexto donde la escala material es insuficiente para influir en el sistema global.

Europa atraviesa una etapa en la que la distancia entre su ambición regulatoria y su capacidad material se hizo demasiado evidente

El núcleo económico de la Unión, históricamente sostenido por Alemania y Francia, muestra un deterioro que acentúa este desplazamiento hacia lo declarativo. Francia enfrenta una parálisis política que impide la aprobación de reformas básicas y refleja un agotamiento institucional profundo. Alemania atraviesa una crisis industrial que pone en duda la viabilidad de su modelo exportador y su capacidad de reconversión energética. Cuando los motores tradicionales pierden potencia, el espacio que dejan libre se llena con discurso normativo. Así, Europa actúa como si su peso económico fuera el de décadas anteriores, y ese desfase impulsa políticas que buscan la imagen de liderazgo cuando la sustancia de ese dominio se debilitó.

Frente a este panorama, las respuestas europeas siguen un patrón reconocible. Cuando la economía se desacelera, la reacción es aumentar la presión impositiva en lugar de generar nuevas ventajas productivas. Cuando la tecnología avanza más rápido que la legislación, se crean más regulaciones, más instancias de control y procedimientos. Cuando existe desconfianza social, se fortalece la supervisión sin incrementos en la capacidad para innovar. El proyecto de un euro digital se enmarca en esta misma lógica, se presenta como un avance necesario, aunque para amplios sectores de la población funciona como un signo de mayor control institucional. La sensación general es que cada crisis lleva a más capas de administración y menos herramientas de crecimiento.

Esta estructura genera una paradoja. Al tiempo que Europa adopta mecanismos de supervisión y control recordando a modelos centralizados, carece de la potencia industrial, la velocidad operativa y la integración decisoria que permiten a esos modelos obtener resultados concretos. La Unión incorpora la estética del control sin la eficacia que un sistema centralizado puede imponer. De esta manera, aumenta la densidad normativa sin mejorar su posición tecnológica, y refuerza la protección administrativa sin recuperar su fuerza industrial.

Nada de esto implica que Europa esté vacía de logros o de recursos. Mantiene un nivel de vida elevado, una red institucional sólida y una cultura política estable. El problema es que esa arquitectura, construida durante décadas de prosperidad, no responde a la velocidad que exige la competencia global. La distancia entre la percepción de sí misma y la realidad internacional genera un movimiento continuo hacia el simbolismo. La política europea se orienta más a lo que sus decisiones expresan que a los efectos concretos que producen.

La sensación general es que cada crisis lleva a más capas de administración y menos herramientas de crecimiento

El avance de la inteligencia artificial muestra el límite de esa estrategia. El ritmo de innovación es incompatible con procesos legislativos que requieren años de negociación. El clima global exhibe otro límite con la dimensión del problema superando la capacidad relativa de un continente cuyo peso económico se reduce. La crisis del eje francoalemán señala un agotamiento que arrastra consigo al conjunto de la Unión. En cada uno de estos frentes, el mecanismo de respuesta adopta la misma forma: producir más normas para sostener la idea de control.

Europa necesita reconstruir su capacidad material. Si actúa bajo el supuesto de que el símbolo puede sustituir la infraestructura, la regulación seguirá acumulándose y la posición del continente en la economía mundial continuará debilitándose. El desafío no está en abandonar sus valores o en renunciar a la ambición de regular, sino en recuperar la base real que da sentido a toda política, que es la capacidad efectiva de intervenir en el mundo y no solo de describirlo.

Las cosas como son.