Las transformaciones que se vienen produciendo en los últimos tiempos están provocando indiscutibles problemas de eficacia de los tradicionales sistemas de protección social establecidos desde hace muchas décadas en los países con Estados sociales consolidados, como es el nuestro. Tanto la digitalización como ciertos cambios sociales están provocando importantes bolsas de pobreza, que requieren una atención efectiva por parte de los poderes públicos. Para unos, la digitalización puede desembocar en una destrucción de empleo de tal envergadura que el mercado de trabajo no tendría capacidad de ofrecer empleos para toda la población en edad de trabajar, con exclusión más o menos permanente del mercado de trabajo de importantes segmentos de la población, si bien esto no acaba de confirmarse.

En todo caso, lo cierto es que la digitalización y, sobre todo, la inteligencia artificial, lo que sí están produciendo es la aparición del fenómeno de los llamados trabajadores pobres, porque se extienden nuevas formas de empleo intermitentes, de jornada reducida o la fuerte presencia de trabajos poco cualificados, fenómenos todos ellos que no proporcionan retribuciones suficientes y dignas para vivir. Al propio tiempo, la familia deja de cumplir el papel tradicional de solidaridad social, que cubría las necesidades del entorno más próximo y sustituía esferas a las que no alcanzaba el Estado social; aparecen así, fenómenos preocupantes de pobreza infantil, conectados con familias monoparentales sin capacidad de que el progenitor, casi siempre mujer, pueda incorporarse a un trabajo suficientemente remunerado; se detectan bolsas de marginación social por diferentes deterioros personales, poco atendidos por el poder público. Se detecta así una progresiva disminución de la participación de las rentas salariales en el PIB, por mucho que ello venga corregido con las actuales políticas redistributivas vía protección social y servicios públicos gratuitos.

En ese contexto, desde algunos ámbitos se considera que el actual modelo de Seguridad Social es incapaz de dar respuesta a este nuevo panorama, resultando insuficiente respecto de las personas a las que atiende, modelo que, además, se le achacaría una burocratización de los procedimientos administrativos de reconocimiento de sus prestaciones económicas y que presenta una posible estigmatización social de sus beneficiarios por la necesidad de demostración de la situación de pobreza en la que se encuentran para tener acceso a sus prestaciones no contributivas.

Tanto la digitalización como ciertos cambios sociales están provocando importantes bolsas de pobreza

La respuesta que se formula desde esos ámbitos, críticos con la viabilidad de la Seguridad Social para cumplir su función tradicional, es la propuesta de establecer un derecho de ciudadanía a una renta básica universal. Renta universal que se definiría por el reconocimiento de una prestación pública a favor de todos, lo que supone que se reciba sin tomar en consideración su situación económica; por tanto, de cuantía igual para todos con independencia igualmente de la situación económica de cada uno, a percibir sin limitación temporal y, en consecuencia, plenamente compatible con el trabajo retribuido.

Se defiende como una fórmula que permitiría su abono inmediato, sin burocracia, sin estigmatización social y como instrumento para atajar rápidamente las bolsas de pobreza existentes. En definitiva, serían todo bondades, porque, además, se defiende que incrementaría la salud de la población, ofrecería a todos una mayor libertad de elección de forma de vida, aumentaría los salarios por conductas resistentes a aceptar cualquier trabajo, aumentaría la capacidad de consumo de la población, permitiría una amplia capacidad formativa e, incluso, que reduciría cierto tipo de conductas delictivas.

Frente a lo anterior, entendemos que la propuesta que se hace por los defensores de la renta universal debe ser rechazada sin ambages, no solo por las dificultades de su implantación, sino por los efectos indeseables que produciría. Para empezar, se presenta como un sistema a rechazar por injusto, en la medida en que se reconocería la renta universal a quienes tiene recursos económicos suficientes y no la necesitan, por lo que provocaría efectos de mantenimiento, cuando no de incremento, de las diferencias sociales. Precisamente, por ello, sería una idea contraria al modelo constitucional propio del Estado social construido desde la segunda posguerra.

No puede olvidarse que el pilar sobre el que se construye nuestro Estado social es el de concentrar los esfuerzos financieros de los poderes públicos a atender ante todo a los grupos desfavorecidos en aras de lograr una igualdad material (art. 9.2 CE), que nuestro sistema de Seguridad Social se diseña para atender a todos aquellos que se encuentren en una situación de necesidad y no a cualquier ciudadano (art. 41 CE), que constitucionalmente se establece un deber de trabajar que quedaría debilitado a través de la fórmula de la renta universal (art. 35.1 CE). Incluso, para aquellos que proponen la renta universal como mecanismo de descuento en la cuota a abonar vía impuesto de la renta, desvirtuaría el modelo constitucional de la determinación tributaria conforme a la capacidad económica de cada uno, reduciendo su función redistributiva (art. 31.1 CE).

La propuesta de los defensores de la renta universal debe ser rechazada sin ambages por los efectos indeseables que produciría

A mayor abundamiento, el coste económico de la implantación de la renta universal sería tan elevado que no se presentaría como un modelo de win to win, en el que todos saldrían beneficiados, sino que tendría como efecto reflejo pasar a un sistema meramente asistencial de la protección social, con destrucción del sistema de solidaridad de la Seguridad Social contributiva, que proporciona pensiones públicas suficientes para atender a quien no puede trabajar. La propuesta de renta universal se formula con una visión naif de la sociedad en la que vivimos, que pretendería regresar a un mundo idílico de libre elección de diferentes modelos de vida, apenas consciente de los impulsos vitales con los que actúa la población en general.

Prueba de ello es que, para cierto segmento de la población, la renta universal les desmotivaría para trabajar, con riesgos de quedar atrapados en situaciones de marginación social; presentaría enormes riesgos de incremento de la brecha de género, ya que arrinconaría a cierto perfil de mujeres en la percepción de la renta básica, con pervivencia de su marginación del trabajo; desincentivaría para el esfuerzo que supone adquirir una formación o reciclaje profesionalmente necesarios para adaptarse a los nuevos conocimientos para hacer frente a los cambios tecnológicos; al contrario de lo que se afirma, reduciría los salarios de baja cualificación profesional, en la medida en que actuaría como mecanismo que facilita a las empresas a reducir los costes laborales y, por vía indirecta, incrementaría las diferencias sociales; provocaría un efecto de enquistamiento de la economía sumergida, por vía de su fomento indirecto; más que libertad de modelos de vida provocaría espacios de parasitismo social. Por todo ello, al final, la renta universal presenta el enorme riesgo de provocar una fuerte desafección de la ciudadanía respecto del conjunto de la protección social propia de nuestro Estado social, en la medida en que, dicho de forma gráfica, la renta básica acabaría percibiéndose como una especie de “paguita para todos”.

El modelo de prestaciones condicionadas a la necesidad, propio de la Seguridad Social, es el más adecuado conforme a nuestro modelo constitucional

Como contraste de todo lo anterior, lo razonable es reforzar nuestro actual sistema de Seguridad Social, por vía de su perfeccionamiento, que, con su lógica institucional tradicional, podría con efectividad hacer frente a los desafíos derivados de los cambios sociales y del mercado de trabajo referidos previamente. El modelo de prestaciones condicionadas a la situación de necesidad, propio de la Seguridad Social, es el más adecuado conforme a nuestro modelo constitucional, donde la ausencia del carácter universal absoluto se justifica por su no abono a quien no precisa ni necesita de sus prestaciones. De sus indudables carencias actuales no puede deducirse que el modelo se encuentre superado por problemas de raíz, sino, exclusivamente, que su régimen debe adaptarse a la nueva realidad social, atendiendo a las nuevas situaciones de necesidad y haciendo más eficaz su funcionamiento.

En particular, que esas nuevas realidades de crecientes bolsas de pobreza se pueden atender con un régimen más acertado del actual Ingreso Mínimo Vital, que está demostrando que no llega a todos los que se encuentran en situación de necesitarlo, complementado por un modelo de subsidio de desempleo para los trabajadores pobres. Bastaría con una ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social para atender a las nuevas situaciones de necesidad que se van detectando como reales. Incluso el perfeccionamiento de la Seguridad Social podría realizarse corrigiendo sus defectos de gestión burocrática, al tiempo que una plena garantía del derecho a la protección de datos personales eliminaría toda su presunta estigmatización. En definitiva, todas las virtudes que se predican por otros de la renta universal, que permitiría atender a todas las bolsas de pobreza existentes en nuestra sociedad, podrían ser perfectamente cubiertas por un modelo de Seguridad Social perfeccionado, sin provocar los enormes efectos negativos y contraproducentes de la renta básica para todos.