Ojalá tenga que tragarme estas palabras. Ojalá. Pero hoy, ahora, me atrevo a afirmar que quienes estamos leyendo este artículo no veremos nunca un concierto económico en Catalunya. De la misma manera que tampoco veremos la independencia.

Durante años se ha querido hacer creer que el concierto económico para Catalunya era una cuestión de tiempo, de negociación o de ventana política. Que todo dependía de mayorías parlamentarias favorables, de un contexto más propicio o de una predisposición real al diálogo. Personalmente, sin embargo, no confío en ello. No porque la demanda no sea legítima ni porque no tenga fundamento económico, sino porque choca frontalmente con la lógica profunda del Estado español y con una resistencia que va mucho más allá de la coyuntura política.

El debate se ha planteado con demasiada frecuencia en términos de dinero. Cuántos recursos salen de Catalunya y no vuelven, cuál es el déficit fiscal, cuál sería la mejora potencial en la capacidad de gasto. Todo esto es relevante, pero no es el núcleo del problema. El concierto económico no es, sobre todo, una cuestión de financiación. Es una cuestión de poder. Quien recauda, sin más, decide. Decide prioridades, calendarios y márgenes de maniobra. Decide qué políticas son posibles y cuáles no.

A menudo se utiliza el caso del País Vasco como argumento comparativo. Pero es una comparación engañosa. El concierto vasco es una excepción histórica, jurídicamente blindada y políticamente asumida porque no altera el equilibrio recaudatorio general del Estado. Catalunya, por el contrario, no es una excepción dentro del sistema fiscal español. Es una de sus piezas centrales.

El concierto económico no es, sobre todo, una cuestión de financiación. Es una cuestión de poder. Quien recauda, ras y corto, decide

Los datos lo constatan con una nitidez absoluta. El cálculo del déficit fiscal elaborado por el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya sitúa el saldo fiscal negativo del año 2021 en 21.982 millones de euros, una cifra equivalente a aproximadamente el 9,6 % del producto interior bruto catalán, según la última actualización de la balanza fiscal con el sector público central publicada en 2023. No se trata de un desequilibrio puntual, sino de una dependencia estructural del sistema respecto a la capacidad recaudatoria catalana.

Aceptar un concierto económico catalán implicaría que el Estado dejara de controlar directamente una parte capital de sus ingresos. Obligaría a redefinir de arriba abajo la solidaridad interterritorial y a asumir una reordenación fiscal profunda, con ganadores y perdedores claros. Dicho sin eufemismos: un concierto económico catalán supondría el colapso del modelo fiscal actual del Estado. No provocaría una quiebra inmediata, pero sí que haría evidente que el sistema, tal como está diseñado, no podría resistirlo.

Un concierto económico catalán supondría el colapso del modelo fiscal actual del Estado

Por eso, la limitación no es técnica. No faltan instrumentos jurídicos ni soluciones posibles. El verdadero escollo es político y, en el fondo, claramente emocional. El recelo hacia todo aquello vinculado a Catalunya y a los catalanes es profundo y persistente, independientemente de la ideología del gobierno de turno. Cuando se trata de reconocer nuestra singularidad y la capacidad real de decisión, el consenso se desvanece.

Se habla a menudo de pluralidad, de diversidad territorial y de respeto a las diferencias. Pero una cosa es el reconocimiento retórico, y otra muy distinta es aceptar que una parte de este territorio quiere -y puede- gestionarse fiscalmente con plena responsabilidad. Aquí es donde cualquier intento de consenso se rompe.

Pongámonos serios. El concierto económico es una línea roja que ningún gobierno español osará cruzar, sea o no en minoría parlamentaria.