Desde que comenzó el repunte de las tasas de inflación durante el año 2021, el Banco Central Europeo puso en marcha la máquina de destruir el flujo monetario: los tipos de interés. La ralentización en la última subida, inferior al medio punto, como en ocasiones anteriores, aumenta la perspectiva de que el banco entre en la fase final de su asalto más agresivo a la inflación desde el inicio de la unión monetaria en 1999.

Sin embargo, Christine Lagarde ha confirmado que esto aún está lejos de acabar, pues el objetivo de inflación del 2% es aún remoto. Recordemos que en abril, la tasa de inflación en la eurozona es de un 7%.

Nos encontramos en una suerte de tormenta perfecta con una inflación no vista desde hace años, una previsible sequía que hará escasear alimentos e incrementar sus precios, una guerra en Europa sin visos de acabar, inestabilidad financiera en algunos países y un crecimiento plano de las principales economías de la Unión. Algunas de ellas destino principal de las exportaciones españolas.

En todo caso, la situación no es homogénea entre todos los países y ahí estará la cuestión clave para anticipar cómo puede afectar esta política monetaria del BCE a los diferentes territorios. Lo más previsible es que tengamos un impacto desigual, en función de la situación particular de las cuentas públicas de cada gobierno.

¿Por qué? En un contexto de subida del coste de la financiación para las empresas y las hipotecas de los ciudadanos, con los precios subiendo, especialmente de los gastos básicos como la alimentación o el alquiler y unos salarios (públicos y privados) que crecen por debajo de la inflación, la capacidad de consumir de los ciudadanos se está limitando. El soporte económico por parte de los gobiernos podría paliar este desajuste temporal. Y la subida de tipos también encarecerá la financiación de los estados, incluso para los proyectos Next Generation.

El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (donde se elimina el impacto de los precios en cada país para analizar en unidades equivalentes) muestra el retroceso de la economía española respecto al resto de estados miembros. Mientras que en 2019, nuestro PIB per cápita era el 91% de la media europea, en 2022 aún no recuperó los niveles previos al covid, con un 85% de esta cifra. Esto significa una pérdida del 6,6%, frente al 1,9% europeo. Parece que durante el primer trimestre de 2023 se han recuperado, por fin, los niveles prepandemia. Pero España ha sido el último país de la UE en hacerlo.

La evolución de la inflación subyacente de nuestro país es contraria a la de la eurozona. Además, las cifras del crecimiento del PIB del primer trimestre de 2023, tan publicitadas por parte del Gobierno español, muestran un crecimiento del 0,5% a nivel agregado. Por el contrario, si se analizan las partidas desagregadas, hay algunos signos que merecen análisis. Casi todas las partidas productivas han desacelerado su crecimiento, aunque sigan aportando positivamente. Los muebles se han salvado por la buena marcha del turismo internacional. Esto explica, por ejemplo, que el crecimiento regional lo lideren Balears, Canarias y Madrid. Sorprendentemente, la Comunidad Valenciana no está en este grupo. La caída del consumo interno es especialmente remarcable desde hace algunos trimestres en todo el territorio.

Además, las horas efectivas trabajadas equivalentes a jornada completa también se desaceleran. Pero tengamos en cuenta que no se facilitan los datos de los fijos discontinuos inactivos. Por tanto, esta desaceleración podría ser incluso mayor.

Y en medio de todo esto, la barra libre del gasto permitido por la UE toca a su fin. El Plan de Estabilidad 2023-2026 enviado a Bruselas anticipa que se retornará a un déficit del 3% en 2024, aunque en 2022 se haya cerrado con un -4,8%. Y la deuda bajará del 110% del PIB, desde el 113,2% de 2022. Este es uno de los motivos por los que no se han podido deflactar los tipos impositivos, para adaptarlos a la inflación, ni mantener las ayudas más que temporalmente. Y es una de las causas por las que los ingresos subieron en 2022.

En contextos como el actual es donde cobra sentido la eficiencia en la gestión. Y en medio de esto, vienen las elecciones y los anuncios de todo tipo de ayudas. La pregunta será si con este plan de estabilidad podrán ser realizables o no son más que otro futuro anuncio electoral incumplido. ¿La respuesta? A partir de diciembre de 2023.