Catalunya tiene un presupuesto en trámite en el Parlament con un acuerdo entre tres partidos, que reúnen 74 diputados de los 135 que configuran la cámara. Son el 54,8%, una mayoría suficiente para abrirse paso y hacer posible que los catalanes y catalanas contemos con un total de 41 mil millones de euros, 3.800 millones más que si no hubiera presupuestos.

Curiosamente, las diputadas que aprueban el presupuesto son el mismo número que invistió a Pere Aragonès como president de la Generalitat. El número es el mismo, sí, pero la diferencia muy grande. La mayoría que hoy protagoniza el acuerdo presupuestario forma parte del partido del Govern y del primer partido de la oposición. Y sobre todo, representa la pluralidad de los bloques que durante muchos años han condicionado la política catalana y, por derivada, la economía y el progreso social.

Catalunya fue protagonista en las políticas del austericidio con los gobiernos de Artur Mas, que llevó a mínimos nuestro estado del bienestar social. La pobreza y las desigualdades se dispararon y todavía conviven con nosotros agravadas por la pandemia.

En los años de recuperación económica de la segunda década de siglo, el proceso político catalán ha lastrado las políticas de recuperación de gasto social e inversión estratégica. Las prórrogas presupuestarias eran una anómala normalidad que se había instalado en Catalunya, y la sanidad, educación y protección social quedaban en la cola de las comunidades autónomas en gasto por habitante en nuestro país. La falta de políticas sociales suficientes transitaba entre la creación de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) y la congelación durante más de once años del índice de la renta de suficiencia de Catalunya (IRSC). Resultado, las ayudas no llegaban a la totalidad de las personas que las necesitan. Uno de cada cuatro catalanes y catalanas está en riesgo de pobreza; uno de cada tres niños y adolescentes vive bajo el umbral de la pobreza.

Este acuerdo significa muchas cosas para Catalunya. El acuerdo de presupuestos incorpora, además, el compromiso de los agentes sociales y económicos, rompe con los bloques del inmovilismo de los últimos años, incrementa el gasto social y la inversión estratégica y abre un camino muy interesante en la política catalana.

En primer lugar, amplía la democracia más allá de la vida parlamentaria. Este proceso de negociación ha interpretado ampliamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía en relación a la representación que legitima la democracia. Ha vinculado la legítima representación de los intereses generales, que corresponde a los partidos políticos, con la representación institucional y con la legítima representación de los intereses de parte que llevamos a cabo los sindicatos y las patronales de los trabajadores y trabajadoras, los unos, y los de los empresarios y empresarias, los otros. Es decir, los agentes sociales y económicos más representativos del país.

Previo a las negociaciones entre los grupos parlamentarios, en el Consejo del Diálogo Social comprometimos más de 3.600 millones de euros en un acuerdo que incrementa un 8% el IRSC, y que asegura la asignación de los 680 millones acordados en el Pacte Nacional per la Indústria, refuerza los recursos para la formación profesional y garantiza las políticas activas de empleo y la simplificación administrativa para la gestión de las empresas, entre otros compromisos con la salud, la educación y la protección social.

Era un acuerdo sin precedentes, que enviaba un mensaje muy claro a la política. La sociedad catalana, nuestra economía, no podía aceptar otro año sin presupuestos. La situación que sufren miles de familias por culpa de los incrementos de precios de los últimos años y la evolución del crecimiento económico, con síntomas de freno en el crecimiento postpandémico, requieren políticas públicas que cuenten con todo el potencial posible para dinamizar el consumo y la inversión, que mantengan los fuertes ritmos de crecimiento en la ocupación y, sobre todo, que refuercen la fuerte mejora de la calidad de la contratación que ha incorporado la nueva reforma laboral.

El acuerdo alcanzado por los partidos que han representado en los últimos años los polos antagónicos de la política catalana significa también un cambio radical en positivo en relación a las prioridades políticas, poniendo las cuestiones económicas, las principales preocupaciones actuales de las personas, en el centro. Se trata de dar respuesta a la cesta de la compra, a la escolarización de nuestros niños y niñas, a un sistema de salud que acabe con el deterioro de la atención primaria o las largas listas de espera. De un sistema que luche contra la precariedad laboral, social y económica de una sociedad enferma de pobreza y desigualdades.

Son unos presupuestos que miran hacia la izquierda, unos presupuestos que han puesto unas buenas bases para afrontar los retos estratégicos que Catalunya espera en el futuro más inmediato. Nos preparan para afrontar un cambio de modelo productivo que incorporará la revolución verde y digital que nos tiene que poner a la vanguardia de Europa. Y que abordan la recuperación de los recortes de los años de crisis, reconstruyendo los pilares del estado del bienestar social.

Quiero destacar la iniciativa de la federación de educación de CCOO de Catalunya de impulsar con un puñado de entidades una iniciativa legislativa popular con el fin de alcanzar el 6% del PIB en gasto en educación. O los acuerdos y negociaciones de los sindicatos del sistema de salud, especialmente los mayoritarios, con el acuerdo en la sanidad concertada para mejorar las condiciones de miles de sanitarios y sanitarias en el camino de armonizar las condiciones de los profesionales de la sanidad pública y los de la concertada, y reforzar el sistema de gestión pensante siempre en el usuario, un signo más del indudable compromiso de los y las profesionales de la sanidad con la ciudadanía. Y el impacto que tendrá el acuerdo de presupuestos en miles de familias que, gracias al incremento del IRSC, podrán acceder a la RGC y acceder a rentas para sobrevivir a la pobreza.

Ahora toca seguir dando respuestas útiles a los ciudadanos y ciudadanas. Las propuestas políticas en el ciclo electoral del mes de mayo tienen que tener en estos acuerdos un espejo. Es necesario más gasto en políticas sociales, reforzar las rentas de la clase trabajadora para incrementar el consumo interno de nuestra economía, poner a las personas en el centro, luchar contra las desigualdades y la pobreza, mejorar el medio ambiente y el equilibrio territorial. Tenemos que hacer de nuestros pueblos y ciudades espacios de convivencia, desarrollo económico y núcleos culturales que tengan el trabajo en el centro y la sostenibilidad por bandera.

Pero también en el ámbito de la empresa y el empleo tenemos que hacer los deberes. La principal fuente de ingresos de la gente es el salario. Y aquí tenemos un desequilibrio importante entre la media de los incrementos salariales y los beneficios empresariales. Por lo tanto, la negociación de un nuevo acuerdo interprofesional de Catalunya tiene que cerrarse urgentemente con un acuerdo que impulse los convenios colectivos a mejorar el salario de los trabajadores y trabajadoras catalanas, sobre todo los que cobran menos. Es necesario que Catalunya se convierta en un referente contra la precariedad laboral dentro de España, con empresas de más valor añadido y los mejores indicadores de competitividad. Porque el empleo de calidad hace empresas de calidad.

En definitiva, estos presupuestos tienen la oportunidad de abrir una nueva etapa en Catalunya, una etapa de progreso y de justicia social. No lo duden, el sindicato seguirá empujando en esta dirección.