Que cuando los pactos políticos entre partidos se transforman en voluntades de gobierno sufren transformaciones lo sabíamos todos. Que no era fácil para el PSOE, ni para el PSC ni para ningún gobierno español cumplir con el espíritu y la letra de lo que se pactó entre ERC y PSC en el momento de la investidura de Salvador Illa, también lo podíamos imaginar. Pero lo que se ha firmado entre el gobierno de la Generalitat y el Gobierno tiene poco que ver con lo que se pactó, a pesar de que en su día se afirmase que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE avalaba el acuerdo. En la práctica es más bien su negación. Hay que decirlo así, sin rodeos.

El acuerdo firmado no solo no cumple las expectativas que se podían haber generado sobre la reunión sino que cuestiona las pocas concreciones que se derivaban de lo firmado entre ERC y el PSC en julio de 2024.

No cumple las expectativas porque no se concreta nada de los aspectos esenciales para los que supuestamente debía servir la Comisión Bilateral: ni qué se entiende por aportación a la solidaridad, ni cuál es la aportación a los gastos del Estado, ningún calendario ni de asunción de tributos ni para enmendar las leyes estatales pertinentes, ni para fortalecer la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Este último aspecto queda para una comisión por constituir.

Pero no solo eso. No hay ningún compromiso de respetar la ordinalidad, que queda limitada a un simple posicionamiento de la Generalitat en el preámbulo, ni siquiera queda claro que la ATC recaude el IRPF ni en 2026 ni nunca, ni tampoco el resto de impuestos. De hecho, sin decirlo, vienen a decir que no será así, porque se habla de un “modelo en red” (sin concretar) y, para 2025, como mucho presentar las declaraciones de IRPF mediante la ATC, cosa que en virtud del principio de colaboración entre administraciones, ya se podía hacer ahora y las únicas aspiraciones a las que parece dar pie en este sentido es a una “comprobación de la correcta aplicación de la normativa autonómica y, en especial, de las deducciones aprobadas por el Parlament de Catalunya”, que, para ser precisos, sumaban 43 millones de euros en 2023.

Será difícil que los partidos catalanes puedan continuar adelante y, si son consecuentes, la legislatura española quedará en entredicho

En definitiva, es una reversión del acuerdo de investidura en toda regla. Una vez más, dejando de lado las aspiraciones electorales de la ministra Montero, el Estado “profundo” ha actuado para protegerse y frenar las aspiraciones catalanas. Y la división entre los partidos catalanes, haciendo cada uno su propia guerra, tampoco ha ayudado.

El anuncio del líder de ERC, de una proposición de ley a presentar en el Congreso para obligar a posicionarse sobre la recaudación del IRPF y del resto de impuestos, ya anunciaba que las cosas no iban bien. Esta proposición parece un intento desesperado de reconducir las cosas obligando a posicionarse a los partidos de la mayoría del gobierno estatal y al PSC. Si no sale bien, ERC, pero también los partidos soberanistas, se verán obligados a tomar decisiones difíciles.

A partir de aquí se abre un escenario de máxima fragilidad. Se hará todo el ruido que se quiera desde las filas de la oposición de derecha y extrema derecha, en su intento por hacer caer al gobierno español, o desde otras comunidades del PP o del sector más jacobino del PSOE, que se opondrán a cualquier acuerdo en su intento de defender su particular posición de privilegio heredada de los anteriores acuerdos de financiación. Pero, si no hay mejores y nuevas concreciones que recuperen la línea del acuerdo original, será difícil que los partidos catalanes puedan continuar adelante y, si son consecuentes, la legislatura quedará en entredicho.