21.092. No, no es un número de la lotería de Navidad. Pero podría serlo. De hecho, recomendaría comprarlo a la ministra española de Hacienda, que ahora es María Jesús Montero, pero la recomendación valdría para sus predecesores. Seguro que les toca, siempre les toca la lotería con Catalunya. 21.092 millones de euros son los que salen de Catalunya en dirección a Madrid y no vuelven.

Esta es la cifra del déficit fiscal con el Estado que sufrió Catalunya en 2022, el último año del que tenemos datos, publicados por el Govern el viernes con la presentación de los Pressupostos de 2026. Da miedo. Es lo mismo que cuesta mantener toda nuestra sanidad y educación públicas, los dos grandes pilares de nuestro estado del bienestar y que tambalean debido a las tensiones que provoca el crecimiento poblacional de los últimos años y, evidentemente, a la falta de recursos que reciben después del expolio que sufre la Generalitat.

Cuatro cifras más. El déficit fiscal equivale al 8,2% del PIB. Es decir, como si el 8% de la riqueza que generamos los catalanes se fuera y no volviera. Nunca, desde 1986, ha estado por debajo del 6%, y algún año ha superado el 10%. En 2022, Catalunya aportó al Estado 77.742 millones de euros en impuestos recaudados aquí, el 19,3% de la recaudación total del Estado, y casi tres puntos por encima de lo que le correspondería por población. En cambio, solo recibió 56.650 millones de euros por el modelo de financiación, el 14% de lo que el Estado gastó en las autonomías y más de dos puntos por debajo de lo que le correspondería por habitantes.

Las cifras son tan escandalosas que me cuesta entender que estemos peleándonos por 4.700 millones más que aportaría la nueva financiación que negocia el Govern. ¡No resuelven ni un 25% del problema! Imaginemos que el Govern lo consigue, llega a un acuerdo, se aprueba y se aplica, que es mucho suponer. Tomando la cifra de 2022, Catalunya pasaría de tener un déficit fiscal de más de 21.000 millones a uno de casi 16.500 millones. La factura seguiría siendo mastodóntica, inaceptable. Más que todo lo que nos cuesta la sanidad pública. Dice la consellera de Economía, Alícia Romero, que Catalunya no puede renunciar a estos 4.700 millones. No, a lo que no puede renunciar es a esos 21.000 millones. Recuperémoslos y entonces empecemos a hablar de solidaridad.

Dice Alícia Romero que Catalunya no puede renunciar a los 4.700M extra de la financiación que negocia. No, a lo que no puede renunciar es a los 21.000M de expolio fiscal

Discutir estas cifras es una frivolidad y una tomadura de pelo. Es indecente que debatamos si debemos seguir siendo solidarios o no. Cuando pierdes 20.000 millones cada año, ¿cómo puedes aceptar que recaiga sobre ti una sospecha de insolidaridad? Cuando, además, lo que intentas es minimizarlo, en ningún caso detenerlo. La solidaridad debe empezar cuando las fuerzas estén equilibradas y no suframos un expolio multimillonario año tras año. Entonces hablamos. Pero primero hace falta la llave de la caja y el control sobre los ingresos. De ninguna otra manera podremos negociar de tú a tú con el Estado.

Sufrimos, sin embargo, el mal del “mejor esto que nada”. Del mal menor. Del “si esto es lo que te dan, cógelo, porque no sacarás nada más”. Pero esto tiene muchos problemas. El primero, el más evidente, es que el Gobierno se aprovecha. El segundo es que eterniza las negociaciones, de forma que cuanto más tiempo pasa, y más cerca se ve el final de legislatura de Pedro Sánchez, más prisa tendremos y más sapos nos tragaremos.

El tercero y más importante es que, sea cual sea el acuerdo, y sea cual sea la mejora de la financiación de Catalunya, tendrá la oposición mayoritaria de todos los gobiernos autonómicos del PP y de muchos socialistas, si los hay. Y si tenemos que sentarnos en la misma mesa y no conseguimos la bilateralidad, no saldremos vivos. Pero aunque consiguiéramos negociar de tú a tú con el Estado, hoy no lograríamos gran cosa, ya que nos tocaría una dura negociadora. María Jesús Montero no es solo una ministra poco transigente en lo que respecta a lo que le toca el bolsillo, sino que en su papel de candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, sabe que cualquier cesión ante Catalunya, por pequeña que sea y por mucha razón que tengamos, será utilizada en su contra y funcionará. Sus opciones de ganar a Moreno Bonilla tienden a cero, pero nadie quiere perder por goleada.

Admito que la alternativa no está clara, quizá no sea ni viable. Pero me niego a aceptar que la única vía sea aceptar propuestas claramente insuficientes seguidas de negociaciones eternas, acompañadas de insultos y acusaciones por parte de otros partidos y representantes de otros territorios, para acabar en un callejón sin salida. Porque el maltrato económico que sufre Catalunya es sistemático e institucionalizado.

Cuando pierdes 20.000 millones cada año, ¿cómo puedes aceptar que recaiga sobre ti una sospecha de insolidaridad?

La excusa de la solidaridad con la financiación no cuela cuando ves que, año tras año, la mitad de las inversiones del Estado previstas en Catalunya no se ejecutan, mientras que en Madrid sí. La estrategia es extremadamente perversa: se anuncian grandes inversiones en Catalunya –“no os quejéis eh, veis como sí que apostamos por vosotros”–, no se ejecutan y al año siguiente se anuncia un nuevo récord de inversiones, pero la mitad son las que deberían haberse hecho el año anterior y no se hicieron. Espóiler: al año siguiente se vuelve a dejar una buena parte sin hacer. Y así año tras año. Aquí no hay solidaridad, hay mala intención.

La alternativa, decía, no está clara. Pero hay que plantarse y exigir lo que nos corresponde: recaudar nuestros impuestos y hablar de tú a tú con el Estado, como hacen Euskadi y Navarra. ¿Por qué nos lo tienen que dar? Quizá no lo hagan, pero debemos utilizar todas las herramientas para conseguirlo, porque es justo, es lo que necesitamos y tenemos poco que perder. Las herramientas que nos da la política y la representación que los partidos catalanes tienen en Madrid. Por ejemplo, no dar apoyo al Gobierno en las Cortes Españolas. Aislarlo. Que no apruebe ni una ley. Dicen que Pedro Sánchez hace lo que sea por su supervivencia política, y aprobó los indultos y la amnistía, también muy impopulares. ¿Con el dinero será diferente? Pongámoslo a prueba.