Telefónica ha concretado por primera vez el peso que aspira a tener en el consorcio público-privado que debe construir una de las grandes plantas de producción de inteligencia artificial que la Unión Europea quiere desplegar en su territorio y para las cuales España ha presentado una candidatura. Según ha avanzado el director de Finanzas y Desarrollo Corporativo de la empresa, Juan Azcue, la intención de la compañía que preside Marc Murtra es ostentar una participación minoritaria, situada en una horquilla que oscila entre el 10% y el 15% del capital social del futuro vehículo de inversión. Esta revelación se ha producido en el transcurso de un encuentro con analistas financieros convocado con motivo de la presentación de los resultados trimestrales de la corporación.
Las declaraciones de Azcue responden a un contexto en el que el Gobierno trabaja para atraer una de estas llamadas gigafactorías de IA, infraestructuras de gran capacidad computacional destinadas a entrenar modelos complejos y a procesar volúmenes masivos de datos. El ejecutivo español ya ha consignado una aportación de 250 millones de euros al proyecto, que lideran de manera conjunta ACS y la misma Telefónica. Además de estos dos socios principales, el consorcio lo completan la compañía tecnológica Multiverse, la firma especializada en refrigeración Submer y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, conocida en el ámbito institucional como SEPI Digital, que no solo aportará financiación, sino que también tomará participación en el capital de la iniciativa.
La inversión, condicionada a un importe “limitado”
El máximo responsable financiero de Telefónica ha enmarcado esta participación en una estrategia prudente, subrayando que cualquier desembolso futuro estará supeditado a dos grandes criterios. Por un lado, el proyecto deberá demostrar su capacidad para generar valor para el grupo, más allá del impacto reputacional. Por otro lado, el importe final que aporte la compañía deberá mantenerse dentro de unos parámetros que el propio Azcue ha calificado de "limitados". Esta insistencia en la moderación de la cifra inversora responde a la voluntad de no comprometer la estructura de capital de la firma en un momento en que las telecos afrontan altos niveles de endeudamiento para financiar el despliegue de redes de quinta generación y fibra óptica.
El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha añadido posteriormente más matices en la misma línea, al señalar que cualquier participación en la gigafactoría se ajustará a los parámetros que la empresa considera valiosos para su desarrollo futuro. Sus palabras han puesto énfasis en la necesidad de no desviar recursos de áreas de negocio consideradas centrales, como la conectividad, la ciberseguridad o los servicios en la nube para empresas. Azcue ha aprovechado su intervención para recordar a los analistas el modelo de financiación previsto para esta infraestructura de alcance europeo.
Según ha detallado, aproximadamente dos tercios de la inversión total necesaria se cubrirán mediante deuda financiera, mientras que el tercio restante corresponderá a aportaciones de capital propio por parte de los socios públicos y privados. Esta estructura, habitual en proyectos de gran envergadura y largos periodos de maduración, permite reducir el esfuerzo inmediato de tesorería de los inversores privados y trasladar parte del riesgo a las entidades crediticias. El objetivo final de todo este entramado financiero y empresarial es conseguir una inversión conjunta, suma de capitales públicos y privados y de financiación bancaria, que podría superar los 4.000 millones de euros. Esta cifra situaría la instalación entre las más grandes de su género en Europa, en un rango comparable a las que ya se han anunciado en países como Francia o Alemania.
La carrera ibérica para acoger la gigante fábrica
Mientras tanto, la pugna por convertirse en sede de una de estas plantas continúa abierta. Los gobiernos de España y Portugal acordaron hace semanas explorar de manera coordinada una candidatura conjunta del espacio ibérico, con el objetivo de reforzar las opciones ante la Comisión Europea. En el caso español, el ejecutivo trabaja sobre dos localizaciones concretas: Móra la Nova, en la provincia de Tarragona, y San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid. Si finalmente se materializa la colaboración con Portugal, ambas capitales deberán coordinar sus respectivos proyectos para presentar una oferta unificada. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya trasladó durante la pasada edición del Mobile World Congress de Barcelona su confianza en que España será uno de los países seleccionados para albergar una de estas infraestructuras.
Según señaló entonces, el país presentó su candidatura formal el mes de junio del año anterior y trabaja intensamente para cumplir los requisitos técnicos y financieros exigidos por Bruselas. Desde la filial española de Telefónica, su presidente, Borja Ochoa, ha querido transmitir cautela y a la vez determinación. En sus declaraciones, ha explicado que el equipo implicado en el proyecto se encuentra actualmente volcado en la realización de los trabajos previos necesarios para la preparación de la oferta definitiva.
Esta propuesta deberá presentarse entre los meses de junio y julio de este año. Una vez entregada la documentación, la resolución del proceso competitivo europeo no se espera hasta final de año, lo cual abre un largo periodo de incertidumbre en el que los diferentes candidatos deberán ajustar sus alianzas y condiciones financieras. Ochoa ha insistido en que la compañía está “concentrada en todos los trabajos que hay detrás de la preparación de la oferta”, sin avanzar más detalles sobre las posibles contrapartidas que el consorcio podría ofrecer a Bruselas para mejorar su competitividad.