Los viticultores desmienten que la DO Cava esté pagando la uva a precios similares a los de la vendimia de 2025. Teniendo en cuenta que queda un número significativo de bodegas por incorporarse a la vendimia y que muchos contratos todavía se están negociando con las bodegas, "complejo" es el principal calificativo que recibe la campaña de este año respecto al precio que se paga la cosecha. Las afirmaciones de la DO Cava "no reflejan la realidad que vive una parte importante del sector", aseguran las fuentes consultadas por ON ECONOMIA.
Los augurios de los agricultores apuntan a que habrá mucha uva que se pagará a 0,30 €/kg o incluso a precios inferiores. Por lo tanto, niegan que los precios de la vendimia de este año sean similares a los de 2025, como asegura el Consejo Regulador.
Los viticultores argumentan que durante los últimos meses se ha producido una caída importante del precio del vino base, hecho que ha repercutido directamente en el precio de la uva y que el precio al que se está pagando la cosecha es claramente insuficiente para cubrir los costes de producción y garantizar la viabilidad de las explotaciones. Alertan que para el vino de mesa se está pagando 0,15 €/kg, cosa que pone en riesgo la viabilidad del sector. No obstante, en la parte alta del segmento, se situarían los grandes elaboradores que sí se están ajustando a precios alrededor de los 0,50 €/kg.
Recuerdan que la horquilla de costes de producción de las tres variedades mayoritarias en la elaboración del vino base cava (xarel·lo, parellada y macabeo) oscila entre una media de 0,53 y 0,56 €/kg, según el informe encargado por el Incavi al Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA). Este coste incluye la mano de obra familiar, que se sitúa entre el 0,14 €/kg y el 0,17 €/kg.
Entre las razones para la presión a la baja de lo que se paga por un kilo de uva, los agricultores se remiten al número de viñas que no entregarán uva porque varios elaboradores de vino base ya han advertido que esta vendimia reducirán sus compras de uva amparada por la DO Cava, mientras que otros han anunciado una disminución de los volúmenes adquiridos. Aseguran que en numerosos casos, se mantiene el precio del año pasado aproximadamente sobre el 70% del volumen adquirido la campaña anterior, mientras que el 30% restante se compra a un precio sensiblemente inferior, hecho que reduce de manera significativa el precio medio percibido por los viticultores.
Los viticultores insisten en que se necesitan medidas para revertir la situación y los cambios de tendencia del mercado que, en los últimos años, muestran una caída del consumo y de las exportaciones y, en contraposición, una demanda de productos de mayor valor añadido y calidad. En este sentido, desde el sindicato Unió de Pagesos se reclaman otras salidas para la uva para vinificar que no tiene posibilidad de venta, así como el arranque definitivo de viñedo, previsto por el reglamento europeo, para la próxima campaña, y que debería ser de entre un 10 y un 20% de la plantación en Catalunya.
Medidas de choque para paliar la situación: 9 millones
Esta última medida debería servir para redimensionar el potencial vitivinícola a la demanda real de mercado, teniendo en cuenta que con medidas coyunturales, como la vendimia en verde o la destilación de crisis, se ha comprobado que no es suficiente.
En respuesta a sus demandas, a finales del pasado mes de julio, el sector acordó con el Govern varias medidas de un plan de choque para paliar la situación. Entre estas destaca el acceso de los viticultores a la línea ICF Emergencias, que está dirigida a personas trabajadoras autónomas, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas afectadas por situaciones de emergencia declaradas en Catalunya. En el caso del sector vitivinícola, permitirá solicitar préstamos de entre 20.000 euros y 5 millones de euros, con plazos de amortización de hasta 10 años, incluyendo hasta un año de carencia, y un tipo de interés referenciado al euríbor a 12 meses más un diferencial de entre el 1% y el 3%.
Esta medida se suma al paquete de medidas extraordinarias anunciado recientemente por el Govern para afrontar la situación coyuntural del sector vitivinícola. Constan de una línea de ayudas para la cosecha en verde, dotada con 3,6 millones de euros, destinada a reducir la oferta de uva y contribuir a reequilibrar el mercado. También se ha solicitado la activación de una línea de ayudas para la destilación de crisis, con una dotación de 5,4 millones de euros, para retirar del mercado parte de los excedentes de vino y favorecer la recuperación de los precios. Estas dos medidas representan una movilización global de 9 millones de euros orientada a proteger la renta de los viticultores, reducir los excedentes y contribuir a la recuperación del equilibrio entre oferta y demanda.