La Generalitat, a través del Departamento de Interior, ha adjudicado a NTT Data un contrato para elaborar el Plan Director de Seguridad para la Dirección General de la Policía. El importe de la adjudicación es de 210.000 euros y el proyecto prevé analizar la arquitectura de seguridad de la organización, determinar el grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el marco de referencia del Esquema Nacional de Seguridad y definir las actuaciones necesarias para abordar las carencias que se detecten. El contrato también incluye la creación de una oficina técnica encargada de supervisar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad durante el periodo 2026-2027. De esta manera, el encargo combina la definición de un marco general de seguridad con el seguimiento de su aplicación y de las medidas que se deriven.
Una de las actuaciones previstas dentro del proyecto es la elaboración del modelo de la arquitectura empresarial de los activos que intervienen en la ciberseguridad de la Dirección General de la Policía. El modelado incluirá la capa de negocio, la capa de sistemas y aplicaciones de negocio y la capa de Tecnologías de la Información. El objetivo es disponer de una representación de la arquitectura relacionada con los activos que intervienen en el ámbito de la ciberseguridad de la organización. Este análisis formará parte del conjunto de trabajos sobre los que se construirá el Plan Director de Seguridad. El proyecto también prevé determinar las medidas que habrá que adoptar a partir de las carencias y vulnerabilidades que se puedan identificar a lo largo del proceso.
Revisión del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad
NTT Data también deberá llevar a cabo un análisis diferencial destinado a detectar el nivel de cumplimiento de los controles de seguridad establecidos en el marco de referencia del Esquema Nacional de Seguridad. Esta actuación está prevista para el año 2026. El análisis deberá permitir identificar la situación de la organización respecto a los controles de seguridad que sean aplicables. El resultado de esta revisión servirá como elemento de partida para determinar las actuaciones que habrá que abordar en el marco del proyecto. El contrato incorpora, además, un análisis de riesgos que deberá valorar los impactos y las vulnerabilidades asociados a cada servicio, proceso y sistema. Este análisis deberá tener en cuenta los diferentes elementos que forman parte del entorno de la organización y permitirá establecer las prioridades de actuación a partir de los riesgos identificados.
Después del análisis de riesgos, el proyecto prevé elaborar un plan de tratamiento de los riesgos identificados. Este documento deberá constituir la base del Plan de Acciones de Mejora, que recogerá las actuaciones necesarias para abordar las debilidades detectadas. El contrato establece que este Plan de Acciones de Mejora deberá tener un carácter ordenado y permitir una ejecución progresiva de las diferentes medidas.
Las actuaciones deberán ajustarse a la política, los procedimientos, las normativas y las regulaciones que sean de aplicación. La finalidad es disponer de un marco que permita concretar las acciones necesarias para subsanar las debilidades identificadas durante las diferentes fases del análisis. El proyecto no se limita, por lo tanto, a determinar el nivel de cumplimiento o a identificar riesgos, sino que también recoge la definición de las actuaciones que se deberán aplicar posteriormente.
Una hoja de ruta para la implementación
El encargo también incluye la elaboración de una hoja de ruta para facilitar la implementación de las acciones de mejora. Este documento deberá permitir ordenar las actuaciones destinadas a subsanar las carencias detectadas en los sistemas dentro del marco de la ciberseguridad. La hoja de ruta complementará el Plan de Acciones de Mejora y deberá servir para estructurar la implementación de las medidas previstas. De esta manera, el proyecto plantea una secuencia que parte del análisis de la arquitectura y del grado de cumplimiento de las medidas de seguridad, continúa con la identificación y valoración de los riesgos y culmina con la definición de las actuaciones y del calendario necesario para abordar las carencias detectadas. La creación de la oficina técnica para el periodo 2026-2027 completa este planteamiento. Su función será supervisar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad durante este periodo, en paralelo al desarrollo de las actuaciones contempladas en el proyecto.
La adjudicación de Interior se produce pocos días después de que otro organismo de la Generalitat, el Institut Català de Finances, haya iniciado un proceso de modernización tecnológica. En este caso, el ICF ha seleccionado Guadaltel, una empresa con sede en Sevilla, para desplegar esta tecnología en su entorno corporativo. El proyecto del organismo público parte de un planteamiento en el que la inteligencia artificial ocupa un ámbito específico dentro de la modernización tecnológica del organismo.
Según consta en los informes técnicos previos de la licitación impulsada por el ICF, la inteligencia artificial es considerada un ámbito tecnológico de elevada especialización. Los mismos informes señalan que este ámbito no requiere únicamente conocimientos de programación y algoritmos, sino también una comprensión cuidadosa de las metodologías de trabajo y de los procesos funcionales específicos de cada organización. Esta consideración forma parte de los argumentos empleados en la documentación técnica del proceso de licitación y pone el foco en la necesidad de adaptar las soluciones tecnológicas a los procesos y a las características de la organización donde se deben implantar.