En materia fiscal, este año 2026 confluyen en España dos marcos principales que están transformando los procesos de facturación: por un lado, la Ley Antifraude (Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal); y, por otro lado, la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de Creación y Crecimiento de Empresas). La Ley Antifraude está desarrollada a través del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación (RD 1007/2023, de 5 de diciembre), que fija una serie de requisitos que deben cumplir los programas de facturación para garantizar la inalterabilidad de las facturas con el objetivo de que no se puedan manipular y, con ello, evitar el fraude fiscal.
A partir de aquí, hay detalles a conocer. En diciembre de 2025, el Gobierno aplazó un año la implantación obligatoria del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación; de esta manera, las personas jurídicas tienen de plazo hasta el 1 de enero de 2027 y las personas físicas hasta el 1 de julio del mismo año para cumplir esta normativa. Èlia Urgell, Tax & Invoicing Product Manager en Wolters Kluwer Tax & Accounting España, matiza para ON ECONOMIA que este cambio comporta una "ventaja competitiva y mejora de los procesos de aquellas empresas y despachos que se habían preparado para cumplir los plazos inicialmente previstos (2026) y recomendamos al resto que aproveche estos meses próximos para adaptarse a la normativa de una forma planificada y con tiempo". Así pues, el aplazamiento supone un margen adicional para la adaptación, pero no reduce la urgencia ni la importancia de planificar la transición; al contrario: es una oportunidad para optimizar recursos y preparar una implantación ordenada.
Por otro lado, respecto a la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022), que introduce la obligatoriedad de la factura electrónica en operaciones B2B, "aún restan pendientes que se apruebe el Reglamento de Facturación Electrónica y de la concreción definitiva de plazos. Se prevé para el primer semestre de este año", subraya Urgell.
Cambios según la comunidad autónoma
Otro aspecto que está sobre la mesa, pero hay que concretar, hace referencia al ámbito laboral. "Desde hace meses se está hablando de registro horario digital: la obligatoriedad de implantar un sistema digital de registro horario que sea verificable, accesible en remoto y actualizado en tiempo real. En realidad, el registro de la jornada laboral es obligatorio desde 2019, sujeto a la regulación establecida por el Real Decreto Ley 8/2019, de 12 de marzo. Sin embargo, en muchos casos, el control horario todavía se realiza de forma manual o con sistemas poco adaptados a las exigencias actuales". Por este motivo, el Ministerio de Trabajo viene proponiendo ajustes en la regulación del registro horario para evolucionar hacia modelos completamente digitales, más eficientes y transparentes.
Hay que tener en cuenta que el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas (que incluía la regulación del registro horario, entre otras cosas) no fue aprobado. Victoria Miravall, Product Strategy Director a Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South Region, subraya la situación provisional actual: "Estamos a la espera de que el gobierno apruebe un Real decreto que regula el registro diario de la jornada laboral -en el cual establecerá la obligatoriedad de las empresas de realizarlo por medios digitales para garantizar que sea objetivo, fiable y accesible-. Desde Wolters Kluwer consideramos que el registro horario digital es una oportunidad para modernizar los procesos y mejorar la gestión del tiempo de las organizaciones".
Más allá del cumplimiento legal del registro de la jornada laboral, dotarse de herramientas digitales permite avanzar hacia una óptima gestión del tiempo: gestionar horarios con más flexibilidad, optimizar la planificación de turnos, etc., para poder dar respuesta de forma ágil a las demandas de un mercado laboral cada vez más complejo. Y todo esto puede repercutir en una mejora de la eficiencia, productividad y competitividad de las empresas.
¿Más normativos que el resto de Europa?
En último término, si hablamos de normativas, los trámites son lo más importante. "Tanto la Ley Antifraude como la Ley Crea y Crece han sido aprobadas por el Congreso de los Diputados. No obstante, el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación, derivado de la Ley Antifraude, no aplica en el País Vasco y Navarra, por tener su propia competencia fiscal", concluye Urgell. Y también hay que tener en cuenta los matices por comunidades autónomas: "En el País Vasco hay sistemas propios (por ejemplo, TicketBAI y Batuz) de filosofía similar (control y trazabilidad). Por este motivo, los contribuyentes sujetos a normativa foral no están dentro del ámbito subjetivo del Reglamento de Sistemas Informáticos estatal en los términos previstos".
A grandes rasgos, las normas anteriormente citadas son las que consideramos que serán más relevantes para el tejido empresarial este 2026, ya que suponen un cambio en los procesos y circuitos de facturación de las empresas y autónomos y una evolución hacia un modelo digital más eficiente. La implantación del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación se enmarca en un modelo más amplio de digitalización de los procesos de facturación que próximamente se verá reforzado con el Reglamento de Facturación Electrónica, pendiente de aprobación, y, más adelante, con el proyecto europeo ViDA. Es por ello que desde Wolters Kluwer animan a anticiparse y no esperar al último momento, porque podría ser que todas las leyes sobre facturación comenzaran a coincidir en el tiempo, produciendo una "tormenta perfecta" ante la cual conviene estar preparado cuanto antes.
En temas de facturación, este año, tras el aplazamiento, ha sido considerado por el gobierno como un "período de prueba". Este 2026 será un año de transición clave en el que convivirán el aplazamiento con la necesidad real de prepararse. La digitalización no es solo una exigencia normativa, sino una oportunidad para ganar eficiencia, control y competitividad.
Así pues, a diferencia de otros países, ¿hay una excesiva normativa en España? El tejido empresarial español vive en un entorno normativo complejo y cambiante. Según los datos del Barómetro de la Asesoría 2025, informe de referencia elaborado por Wolters Kluwer, el 80,2% de los despachos profesionales afirma que los cambios normativos incrementan de forma constante su carga de trabajo. Pero, por otro lado, el 71,5% de los asesores señala también que los cambios normativos son uno de los principales impulsores de su digitalización, por lo que el exceso de normativa provoca que los negocios se modernicen para dar respuesta a las necesidades de sus clientes.
El Barómetro de la Asesoría 2025 señala también que los asesores consideran la presión normativa como uno de los grandes retos del sector, junto con la falta de recursos y el déficit de formación tecnológica. Por lo tanto, el sector de los despachos profesionales, que atiende a gran parte del tejido empresarial del país, percibe una presión regulatoria elevada y constante, que impacta directamente en su carga de trabajo, en la organización interna de los despachos y en la necesidad de invertir en tecnología.