Las ciberestafas están disparadas. Aunque se están aplicando medidas y las compañías están invirtiendo cifras estratosféricas en ciberseguridad, todavía miles de ciudadanos reciben llamadas telefónicas de delincuentes que se hacen pasar por un operador de telefonía, o SMS fraudulentos en los que se alerta de un movimiento bancario que no existe. De manera que las empresas más afectadas y el Gobierno de España han decidido dar un paso más y crear la 'Brigada Antifraude' para frenar estas estafas.

En concreto, el Ministerio de Economía y el Ministerio para la Transformación Digital, junto a la banca y las compañías de telecomunicaciones, han acordado este miércoles la creación de la 'Brigada Antifraude' destinada a proteger a la ciudadanía. El objetivo, explicaba el ministro Carlos Cuerpo, "es tener un mecanismo de alerta temprana para poder dar una respuesta contundente". Desde aquí harán seguimiento de las medidas que ya se están implementando, pero también se propondrán otras nuevas. Y además, un elemento importante consistirá en la difusión entre los más vulnerables: mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, Cuerpo comentaba que sería relevante que este jueves el Congreso diera luz verde a la Autoridad del Cliente Financiero, que lleva años rodando. Y es que, a través de esta Autoridad los afectados podrán solicitar el reembolso de las cantidades defraudadas.

El Ministro aseguraba que con el bloqueo de llamadas y SMS que ya están llevando a cabo las operadoras desde el pasado mes de febrero (tras la aprobación de una Orden Ministerial que se lo permite) se han evitado más de 50 millones de estafas por vía telefónica hasta agosto y 2 millones de SMS que no han llegado a las posibles víctimas. Y ahora, se está trabajando para ampliar el perímetro con los teléfonos fijos. 

Por su parte, las asociaciones bancarias (AEB, CECA y Unacc) han comentado que podrían ser necesario que se unan a esta 'Brigada Antifraude' las grandes plataformas tecnológicas (como la matriz de Facebook, Instagram o Whatssap, donde también hay muchas estafas), la Agencia Española de Protección de Datos y llegado el caso, si fuera necesario. el INCIBE o la Asociación Española para la Digitalización (DigitalEs) para diseñar acciones concretas que frenen las ciberestafas.

"Hay datos que demuestran que España es de los países más digitalizados de la Unión Europea. El 94% usa mensajería instantánea, el 84% redes sociales, el 83% compra online y el 82% es usuario de banca digital. Además, tenemos 30 millones de usuarios en Bizum y la más alta valoración de seguridad por parte de sus usuarios. Pero esta elevada digitalización nos obliga a todos a trabajar por la seguridad de las personas", apuntaba la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, quien considera la creación de esta Brigada es una vía "fundamental" de colaboración público-privada "porque la cuestión nos incumbe a todos. Y se debe actuar con urgencia y determinación".

Desde CECA, Antonio Romero ha recordado que las entidades financieras han hecho una importante inversión en ciberseguridad. Y solo en el 2024, invirtieron más de 7.000 millones en reforzar la lucha contra el fraude financiero. Además de tareas de concienciación, "porque los ciberdelincuentes están siempre detectando brechas de seguridad". Y de cooperar con autoridades públicas como la CNMV, el INCIBE, el Banco de España, el Tesoro o el Ministerio de Transformación Digital. 

Sin embargo, desde Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) han pedido que se establezca un marco legislativo mucho más protector, que delimite de forma suficiente el grado de responsabilidad en los casos de ciberfraude, y que tenga en cuenta el contexto en el que se produce. Porque los consumidores soportan actualmente el 86% de las pérdidas por fraude bancario, ya que una de las principales razones que alegan las entidades bancarias a la hora de denegar las reclamaciones y el reembolso, es la “negligencia grave”. "Es urgente, por ello, avanzar en una definición que tenga en cuenta todos los aspectos en los que tiene lugar la estafa", apuntaba la presidenta Patricia Suárez.