El impuesto sobre los plásticos dificulta la supervivencia de las empresas productoras de fleje, un tipo de cinta utilizada para fijar y garantizar la estabilidad de las mercancías durante su transporte. Solo sobreviven cuatro empresas productoras en España, todas catalanas.

En enero de 2023, el Gobierno implantó un nuevo impuesto sobre el plástico que grava con 450 euros por tonelada la venta de fleje, polipropileno, poliéster y todos los polímeros vírgenes. Con ello, el Estado recauda aproximadamente 450 millones de euros anuales. Pero la Unión de Fabricantes de Fleje (UFF) advierte de que este tributo ha provocado un incremento del 20% en el precio del producto final, lo que implica un encarecimiento de los procesos de transporte y seguridad de los productos que los fabricantes no han podido repercutir a sus clientes, dado que se trata de un mercado altamente competitivo en precios.

En un comunicado, los fabricados alertan de que este impuesto supone una aceleración en el cierre de empresas productoras de fleje en España hasta el punto de que, de las diez compañías que había en el sector a principios de este siglo, ahora solo quedan cuatro: Plasticband, Comosa, Sorsa y Cyklop, todas ellas situadas en Catalunya.

Ante esta situación, la Unión de Fabricantes de Fleje ha iniciado una campaña de contactos con agentes sociales, empresariales, la administración y grupos parlamentarios con el objetivo, o bien de derogar este impuesto —tal como ha hecho el Gobierno con los recargos sobre las energéticas o la banca—, o bien de establecer normas y controles que eviten la competencia desleal de productos no regulados ni sostenibles procedentes de terceros países, tanto dentro como fuera de la UE.

Para Jordi Guimet, portavoz de la UFF: "Aunque este impuesto se presentó como un método para fomentar la sostenibilidad, la realidad es que tiene un afán recaudatorio, incrementa los costes del transporte, afecta a la competitividad y las empresas productoras no han podido repercutir este incremento brutal de coste a sus clientes, de manera que, en la práctica, las empresas nos hemos convertido en un agente recaudatorio del Estado".

Desde la UFF se señala que "el dinero recaudado no tiene un objetivo finalista, sino que va a una caja común y se destina a gastos generales de la administración, o, lo que es peor, a comisiones por corrupción, tal como se ha descubierto en los últimos tiempos".

Denuncian la entada de 4.000 toneladas de fleje fraudulento procedente de otros países

"Se ha perdido un 60% de la industria en el siglo XXI", advierte Raúl Mañes, de Comosa. Desde Cyklop, Javier Santos asegura que "la producción en España ha caído en picado, ya que las empresas clientes han pasado a comprar en países donde no se aplica este impuesto y, en consecuencia, el fleje es más barato, como Portugal o Turquía". Marc Rojas, de Sorsa, considera que "el resultado ha sido hundir una industria sostenible y ambientalmente preparada sin conseguir ninguna mejora ambiental, dado que los flejes exportados no son 100% reciclables".

La UFF denuncia en el comunicado que hay una práctica fraudulenta de certificaciones falsas que genera competencia desleal, porque los flejes exportados de terceros países no cuentan con certificaciones como RecyClass, AENOR y otros, y tienen un impacto ambiental elevado.