El departamento de Justicia de la Generalitat ha adjudicado el nuevo contrato de servicio de vigilancia y seguridad privada para varios edificios públicos del territorio, con un valor estimado de 130 millones de euros. Se trata de uno de los contratos más importantes en materia de seguridad privada impulsados por la administración catalana en los últimos años.
El servicio incluye la vigilancia de juzgados, centros educativos y otras instalaciones públicas dependientes de Justicia, y se ha estructurado en diez lotes por zonas geográficas y tipologías de edificios. Las empresas adjudicatarias han sido Securitas, Prosegur, Clece, Iman y Sabico, que se encargarán de garantizar la seguridad y el control de acceso en los diferentes espacios.
La distribución territorial de los lotes
Los ámbitos de actuación de los diferentes lotes incluyen la Ciudad de la Justicia —que comprende el gran recinto judicial situado entre Barcelona y Hospitalet de Llobregat—, así como edificios judiciales y públicos repartidos por las comarcas de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y las Terres de l'Ebre.
Con esta licitación, el Govern pretende garantizar la continuidad y la eficiencia de los servicios de vigilancia privada en espacios sensibles y de gran afluencia ciudadana, como son los juzgados, donde diariamente se desarrollan centenares de procedimientos judiciales. Al mismo tiempo, se busca reforzar el control de seguridad en otros equipamientos clave bajo la tutela del Departamento de Justicia.
El nuevo contrato se ha adjudicado por medio de un proceso de licitación pública que ha permitido repartir los diferentes lotes entre varias empresas especializadas, favoreciendo una diversificación del servicio y, presumiblemente, una mejor capacidad de respuesta adaptada a las características de cada territorio.
Control de accesos, mantenimiento y custodia de documentación
Entre las principales responsabilidades del personal de seguridad está el control de los accesos, tanto para personal autorizado como para los usuarios. También supervisan las instalaciones de seguridad, como cámaras de vigilancia, alarmas, arcos detectores o sistemas de detección de paquetería sospechosa.
Otra función relevante es la custodia de instalaciones y documentación sensible, especialmente expedientes administrativos y judiciales, susceptibles de ser objeto de robo o destrucción. En caso de incidentes, el personal de seguridad actúa como primera respuesta y contacta inmediatamente con los Mossos d'Esquadra.
La presencia de este servicio es especialmente importante en los edificios del departamento de Justicia, vista la naturaleza de los usuarios y las funciones que se desarrollan, que hacen aumentar el riesgo de conflictos tanto dentro de las instalaciones como en sus alrededores.
En aquellos edificios donde no hay vigilancia presencial durante las 24 horas, los servicios de seguridad también tienen la responsabilidad de gestionar las alarmas a través de la central receptora, verificarlas presencialmente en caso necesario e informar tanto a los responsables del Departamento como a los cuerpos policiales.
Una larga lista de concursantes
Además, en el caso de los centros educativos, el contrato de seguridad incorpora desde hace años el servicio de mantenimiento de las instalaciones de seguridad. Más allá de las empresas adjudicatarias, el concurso público también ha contado con la participación de Alerta y Control, Auservi Group Seguridad y Vigilancia, Barna Porters Seguretat, Enerpro, Eulen Seguridad, Grupo Control Empresa de Seguridad, GSI Profesionales de la Seguridad y Sistemas, IB2 Seguridad Catalunya, Ilunion Seguridad, Iman Seguridad, I-Sec Spain Aviation Security, Norvik Security Services, Phoenix Vigilancia y Seguridad, Protección de Patrimonios, Pycseca Seguridad, Salzillo Seguridad, Sasegur, Seguridad Profesional Mediterranea, Sentry Servicios de Seguridad Integral y Privada, Sicor Seguridad El Corte Inglés, Sureste Seguridad, Transportes Blindados, UTE INV Vigilancia - INV Protección AM Catalunya y UTE Visegurity – AB Seguridad AM Justicia.
Securitas opera en Catalunya a través de varias filiales, como CC Interlabora Catalunya. A pesar de su actividad destacada —vigilancia, sistemas de alarmas, controles de acceso—, no hay datos públicos recientes y detallados sobre su facturación o contratos locales específicos en territorio catalán.
Respecto de Prosegur, desde el año 2022, la compañía se encarga del servicio de vigilancia de las instalaciones de Adif en Catalunya y Aragón. Clece también gestiona un contrato con Renfe y Adif para servicios de limpieza y mantenimiento en estaciones, trenes y talleres catalanes, valorado en 86 millones de euros. Además, Clece presta servicios de vigilancia remota para el seguimiento de presos con pulseras telemáticas. En Catalunya tiene unos 2.400 vigilantes.