El tejido empresarial ha recibido con satisfacción la decisión del Gobierno de aplazar la entrada en vigor del sistema Verifactu, hasta 2027. No obstante, el compromiso de Hacienda ha suscitado muchas dudas a las empresas y autónomos más prevenidos, es decir, a aquellos que ya habían hecho los deberes y tienen implantado el nuevo sistema electrónico de facturación. “Tener un año adicional es positivo porque permitirá adaptar los procesos con más calma y profesionalizar la gestión interna de las empresas, pero retraso también puede generar desequilibrios entre quienes ya habían iniciado la transición y quienes la pospondrán aprovechando el nuevo margen", argumenta Soly Sakai, consultor financiero y consejero delegado de Rhombus. “Hay empresas que ya han invertido tiempo y dinero en adaptarse y ahora se encuentran en una posición distinta respecto a aquellas que no han empezado”, señala.

Estos desequilibrios se notarán más concretamente en las pymes porque, como manifiestan desde la patronal Cecot, la decisión de Hacienda ha generado desconcierto e incertidumbre entre "las empresas que sí habían trabajado duro para cumplir con la normativa a partir del 1 de enero de 2026". Muchas pymes y profesionales había "invertido tiempo, recursos humanos y económicos, y en algunos casos ya habían integrado el software necesario para adaptarse al nuevo sistema". Para la patronal será necesario que el Gobierno determine cómo deben actuar. 

Los empresarios se preguntan cuál será el régimen aplicable a las empresas que ya han completado o casi completado la adaptación al sistema VeriFactu; si la moratoria de un año podrá ser opcional, de modo que aquellas empresas que ya están listas puedan implementar VeriFactu en 2026, y si se prevé algún mecanismo de reconocimiento, bonificación o incentivo para las empresas que han actuado con previsión, cumpliendo el calendario inicial y asumiendo un coste que ahora queda en vilo. 

Este es el impacto que tiene el aplazamiento, de hecho, el segundo respecto a la entrada en vigor del sistema electrónico de facturación. La percepción de que las empresas deben manejarse en un marco de "incertidumbre legal, cada vez más habitual en el ámbito empresarial", subraya el consejero delegado de Rhombus. “La normativa cambia, se aplaza o se matiza constantemente. Para los empresarios es difícil planificar cuando el marco no es estable. Y la estabilidad es clave para invertir y modernizarse”, afirma. 

"Observamos mucho desconcierto y sorpresa. La situación genera incertidumbre y, en general, nadie tiene del todo claro cuál será el escenario definitivo", alerta Oriol Bausà, director ejecutivo de B2Brouter, empresa especializada en factura electrónica y cumplimiento normativo.

Una inversión inteligente

En esta misma línea, el director general de fintech Dojo, Javier Jover, admite que "es comprensible que haya empresas y autónomos que sientan cierta frustración por los esfuerzos, recursos y tiempo invertidos para cumplir con la normativa en el plazo anterior. Sin embargo, esto también tiene su recompensa, porque se han adelantado a una regulación que sigue en los planes de la administración y entrarán en 2026 con una infraestructura más ordenada y eficiente que les reportará grandes beneficios". En definitiva, "mantener estas nuevas soluciones operativas es una inversión inteligente", suscribe.

En cuanto al tejido empresarial en su conjunto, el aplazamiento de la regulación debe entenderse como una oportunidad de avanzar hacia una economía más ordenada y ágil en las transacciones, recuerda Jover e insiste en que "las pymes y autónomos que ya se han adelantado están en una posición más sólida, con procesos más estructurados y sin la urgencia que muchos sufrirán cuando la norma entre en vigor en 2027".

Hay que seguir: no a la doble contabilidad

Por su parte, Oriol Bausà, director ejecutivo de B2Brouter, empresa especializada en factura electrónica y cumplimiento normativo, lanza un mensaje muy claro: hay que seguir utilizando el Verifactu. Según la normativa, que no ha sido derogada, una vez iniciado el uso del sistema no pueden dejar de utilizarlo hasta finalizar el año natural, comenta. Esto significa que, como mínimo, "deberán mantenerlo activo hasta el 31/12/2025. A partir de 2026 podrían optar por no continuar con Verifactu, aunque si ya lo tienen implantado, la recomendación es no detener el sistema".

En su opinión, las aplicaciones de facturación deben cumplir con la normativa desde julio de 2025. No se puede comercializar ni ofrecer soporte a terceros sobre herramientas que no cumplan la Ley Antifraude. "Lo que se ha pospuesto es únicamente la fecha de obligatoriedad para las empresas de adoptar estas herramientas, pero los fabricantes de software están obligados a cumplir igualmente. Por tanto, no pueden mantener sistemas que permitan doble contabilidad, eliminación de registros o prácticas similares".

Costes adicionales pero menos riesgo

El director general de fintech Dojo, Javier Jover, expone que para algunas compañías que ya han implantado el software correspondiente puede haber costes asociados al mantenimiento o la actualización de los programas, especialmente si su proveedor trabaja bajo modelo de suscripción. Sin embargo, "estos costes responden a una lógica natural. La tecnología requiere de inversión para evolucionar y para cumplir con los estándares que finalmente se exigirán cuando Verifactu entre en vigor en 2027". Para este directivo, lo importante es que estos costes no se duplican por el retraso. La inversión que ya se ha hecho seguirá siendo válida y formará parte del despliegue final. "El riesgo económico
habría sido mayor si la adopción se hubiera concentrado a última hora, con las prisas y proveedores saturados, como ya han manifestado algunas compañías que se encontraban en esta situación", argumenta Jover.

En cuanto al tejido empresarial en su conjunto, según Jover, el aplazamiento de la regulación debe entenderse como una oportunidad de avanzar hacia una economía más ordenada y ágil en las transacciones. "Las pymes y autónomos que ya se han adelantado están en una posición más sólida, con procesos más estructurados y sin la urgencia que muchos sufrirán cuando la norma entre en vigor en 2027". "Llegar con los deberes hechos supone una ventaja, ya que, a partir de ahora, sus procesos serán más ágiles, ordenados y cómodos y ya están preparados para cuando la legislación entre definitivamente en vigor. Hasta entonces, cuentan con tiempo adicional para ajustar, probar y optimizar sin la presión de un plazo inminente", remarca Jover.