El grupo israelí ICL ha decidido suspender su plan para impulsar una planta de componentes para baterías de iones de litio en las antiguas instalaciones de Iberpotash en Sallent, clausuradas desde 2020. Esta decisión se enmarca dentro de una reconfiguración estratégica de la multinacional para optimizar recursos a escala global, aunque mantendrá su papel como proveedor de materias primas fundamentales para este sector emergente, renunciando a avanzar hacia la producción de materiales catódicos activos, el segmento de mayor valor añadido dentro de la cadena de las baterías.
A principios de año, ICL había anunciado una alianza estratégica con la empresa china Shenzen Dynanonic, especializada en materiales para baterías, para la reindustrialización de su antigua mina de potasa en Sallent. El proyecto conjunto preveía la construcción de una fábrica dedicada a la producción de cátodos de fosfato de hierro y litio (LFP), una tecnología clave para las baterías de vehículos eléctricos. El acuerdo estipulaba la creación de una empresa conjunta con la aspiración de convertirse en un proveedor relevante para el mercado europeo, con una inversión asociada estimada en 285 millones de euros. Esta iniciativa era una pieza central de una estrategia más amplia del grupo, con sede en Tel Aviv, para penetrar con fuerza en el negocio de los componentes para baterías.
Falta de apoyo institucional y un mercado cambiante
El giro en la planificación de la multinacional se atribuye principalmente a un contexto externo desfavorable, caracterizado por una combinación de factores. El principal escollo ha sido la decisión del Departamento de Energía de los Estados Unidos de retirar y suspender la financiación federal prevista para la construcción de una planta en territorio norteamericano, según informa *La Vanguardia*. Este cambio de postura de la administración americana se vincula directamente a la política energética del presidente Donald Trump, que ha mostrado una clara preferencia por los vehículos de combustión interna y un escepticismo hacia los incentivos a las energías renovables y la movilidad eléctrica. Paralelamente, ICL ha explicitado que tampoco ha sido capaz de asegurar el apoyo financiero esperado por parte de las instituciones europeas para el proyecto situado en Cataluña.
La evolución del mercado global del vehículo eléctrico ha constituido otro factor determinante. La demanda, especialmente en algunos mercados clave, no ha crecido al ritmo que las previsiones iniciales indicaban, creando un escenario de incertidumbre y sobredimensionamiento de la capacidad productiva planificada. A esta dinámica se le suma la volatilidad y los cambios en los asuntos reguladores, que afectan la previsibilidad a largo plazo necesaria para inversiones de esta magnitud. La decisión de ICL representa la segunda gran noticia de cancelación de un proyecto vinculado al ecosistema de la batería eléctrica en Europa en poco tiempo. El verano pasado, el gigante químico alemán BASF anunció la congelación de una inversión valorada en más de 500 millones de euros para una planta de reciclaje de baterías.
Estos movimientos reflejan las dificultades que enfrenta la industria europea para consolidar una cadena de valor completa y competitiva en este sector estratégico. La demanda de vehículos eléctricos no acaba de despegar con la fuerza prevista, mientras los fabricantes asiáticos, especialmente los chinos, continúan ganando cuota de mercado con ofertas de vehículos más asequibles. La reciente decisión de la Comisión Europea de revisar y, en la práctica, alargar el plazo para el fin efectivo de los vehículos de combustión, podría inducir a muchas empresas a repensar sus prioridades de inversión y sus calendarios de despliegue industrial.
Para Sallent y para Catalunya, la suspensión supone la frustración de un proyecto industrial de gran envergadura. La planta debía ubicarse en un extenso terreno de 100.000 metros cuadrados de las antiguas instalaciones mineras, ofreciendo una oportunidad de reindustrialización para un área afectada por el cierre de la mina. La Generalitat había otorgado al proyecto de ICL la categoría de "proyecto estratégico" de acuerdo con la Ley de facilitación de la actividad económica de 2020. Esta calificación se reserva para iniciativas que superen los 20 millones de euros de inversión.
A la vez, los proyectos también deben demostrar una capacidad significativa de generación de empleo y un efecto positivo en el ecosistema local de proveedores, comporta un procedimiento administrativo acelerado y prioritario por parte de todos los departamentos de la Generalitat implicados. La atracción de este tipo de proyectos es capital para las políticas de reindustrialización, y su cancelación deja un vacío en las expectativas de desarrollo económico de la zona, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad ante las decisiones estratégicas de las multinacionales.