La Generalitat ha resuelto el concurso público para la gestión del servicio de avionetas destinado al control de la procesionaria del pino, otorgando la adjudicación a la empresa Tratamientos Agrícolas Aéreos Peran. Con sede en Córdoba, la compañía se ha impuesto a uno de los principales rivales del sector, Agricolair, originaria de Sevilla. El contrato, valorado en cerca de 100.000 euros, tendrá una vigencia de dos meses.

Con respecto al apartado relativo al uso de helicópteros, la falta de propuestas empresariales ha obligado a la administración catalana a repetir el proceso de licitación. Con el fin de atraer el interés de las empresas, el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha incrementado la dotación presupuestaria inicial de 178.000 euros hasta los 232.000.

La relación de Tratamientos Agrícolas Aéreos Peran con la Generalitat no es reciente. Desde 2022 hasta la actualidad, la firma andaluza ha suscrito contratos con la administración catalana por un importe acumulado próximo al millón de euros, todos ellos vinculados a actuaciones para el control de la procesionaria y otras plagas forestales similares en el territorio catalán.

El pliego de cláusulas del contrato de adjudicación obliga a Tratamientos Agrícolas Aéreos Peran a aportar, como mínimo, una aeronave con características técnicas muy concretas. Los requisitos incluyen aviones monomotores de turbina con una potencia mínima de 750 caballos y una capacidad de carga útil compresa entre 1.800 y 3.000 litros.

Resolución de averías graves en menos de 48 horas

Con respecto a las condiciones de operación, los pilotos tendrán que estar acreditados como pilotos agroforestales o contar con una autorización equivalente reconocida en la Unión Europea. Cada aeronave tendrá que ir acompañada de un mecánico, y el personal de pista tendrá que tener, como mínimo, el carné de manipulador de productos fitosanitarios de nivel básico, además de equipos de protección personal adecuados.

En caso de avería grave que no se pueda resolver en un plazo inferior a 48 horas, la empresa tendrá que sustituir la aeronave afectada en un máximo de dos días. El relevo podrá ser con un aparato propio o de alquiler, pero siempre con la autorización del responsable del contrato.

En los últimos meses de 2024, la Generalitat ya intensificó las intervenciones preventivas y correctivas contra esta oruga en 17.500 hectáreas de zonas boscosas, con especial incidencia en el Solsonès, el Garraf, el Berguedà, el Pallars Jussà y el Baix Penedès.

Estas operaciones, desplegadas en 48 municipios repartidos en 12 comarcas, se han llevado a cabo mediante la aplicación aérea de productos biológicos e inocuos para el medio ambiente. Los datos oficiales indican que el uso de estos productos ha permitido reducir la presencia de la plaga hasta un 80% en zonas históricamente afectadas por infestaciones recurrentes.

Según los técnicos del departamento de Agricultura, el origen y agravamiento de este problema se asocia, en parte, a los efectos del cambio climático. Los inviernos más templados y los veranos más intensos han favorecido la expansión de la procesionaria a altitudes más elevadas, a la vez que han incrementado la incidencia sobre las masas forestales, debilitando las defensas naturales. Además, en determinadas áreas se ha detectado la coexistencia de varias fases de desarrollo de la especie, hecho que complica todavía más las tareas de control y erradicación.

Catalunya y el conjunto de España pierden hasta 100.000 hectáreas de masa forestal anualmente por esta causa, con pérdidas económicas que superan los 50 millones de euros en sectores como la madera y el turismo rural.

Las orugas de la procesionaria liberan pelos urticantes que provocan reacciones alérgicas graves en humanos y animales. Datos de la Asociación Española de Pediatría revelan que cada año se registran unos 5.000 casos de urgencias médicas, principalmente en niños. En perros, el contacto puede causar necrosis lingual y hasta la muerte si no se trata a tiempo.