El presidente del comité de empresa de Freixenet, Antonio Domínguez, ha comparecido este jueves ante la comisión de Empresa y Trabajo del Parlament de Catalunya para pedir ayuda en los grupos políticos para evitar a la deslocalización de la marca y el despido de una cuarta parte de la plantilla. Ha subrayado que "el cava es un producto identitario para la economía catalana".
Los trabajadores han alargado la huelga que tenía que acabar este viernes hasta el próximo miércoles, 4 de junio, cuando está previsto que la empresa publique la lista de afectados por el ERE. A finales de abril, la dirección de Freixenet anunció un expediente para 180 de los cerca de 700 trabajadores del grupo, que también incluye a Segura Viudas, que equivalen al 24% de la plantilla.
Este viernes, los representantes de la empresa y los trabajadores mantendrán otra reunión, pero esta vez en Barcelona y no en Sant Sadurní d'Anoia. La dirección quiere evitar encontrarse con un piquete de trabajadores como pasó con la reunión del miércoles.
En declaraciones a ON ECONOMIA, Antonio Domíguez indica que la empresa pretende despedir a trabajadores de menos de 50 años para rebajar el coste de las indemnizaciones. Exige la retirada del ERE, si bien podrían negociar un ERTE, de carácter temporal, como el que ya se aplicó el año pasado. Y si no hay más remedio, negociar bajas incentivadas y jubilaciones y no despidos traumáticos. Han planteado medidas alternativas que no se han tenido en cuenta.
Y en la comisión del Parlament, Domínguez (en la imagen superior junto con otros miembros del comité de empresa) ha advertido del riesgo de deslocalización de la marca, para hacer un producto más barato, con menos costes de personal y de materias primas, en cualquier otro sitio aunque ya no se le considere cava. Ha dicho que Freixenet tiene que seguir siendo "un cava y no un vino espumoso".
Domínguez ha conseguido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, si bien el del PP no ha sido explícito como el resto, después de su intervención en la Comisión de Empresa y Trabajo, que preside Jaume Giró. Montse Ortiz, diputada de Junts y residente en Vilafranca del Penedès, ha declarado que era ncesario poner el conflicto de Freixenet "en el centro del foco político". Y ha hecho un llamamiento al Departamento de Trabajo para implicarse más en este proceso.
Lluïsa Llop, de ERC, ha indicado que la empresa busca "una deslocalización encubierta" y ha apuntado que no pueden justificar el ERE en la sequía porque, al tratarse de una situación coyuntural, correspondería un ERTE. Lluís Mijoler, de los Comuns, ha reclamado una mesa "efectiva" de negociación en la que intervengan los dos propietarios –la alemana Henkell y la familia Ferrer– y la Generalitat. Y también ha defendido que los representantes sindicales tendrían que formar parte del Consejo Regulador del Cava. Laure Vega, de la CUP, ha lamentado que "el dinero de los trabajadores [los impuestos] se destine a empresas que se puedan deslocalizar" en referencia a las ayudas públicas recibidas. Incluso Javier Ramírez, de Vox, se ha solidarizado "contundentemente" con los afectados si bien ha atribuido la situación de Freixenet al marco jurídico y a "la agenda woke" de los gobernantes. Àngels Esteller, del PP, ha enmarcado el conflicto en la actual situación del cava.