Foment del Treball ha calificado "de intolerable e inadmisible" el nivel de inversión real ejecutada por el Estado en Catalunya. Según la patronal, este incumplimiento reiterado está asfixiando la economía catalana, deteriorando los servicios públicos y frenando la competitividad de las empresas. Las últimas cifras disponibles muestran que Catalunya recibió durante 2025 solo 1.321 millones de euros de inversión estatal territorializada, el 8,6% del total ejecutado en todos los territorios, una proporción que representa menos de la mitad de su peso en el PIB estatal (19%) y también de su peso demográfico (17%).

La comparación con otros territorios pone de relieve la magnitud del desequilibrio. Mientras que Catalunya recibió 1.321 millones, la Comunidad de Madrid obtuvo 3.218, 2,4 veces más. Foment subraya que el problema no es la inversión que reciben otros territorios, sino la que sistemáticamente deja de recibir Catalunya a pesar de su aportación decisiva a la economía estatal.

Los cálculos de Foment evidencian que el incumplimiento es estructural. Si se compara la inversión efectivamente ejecutada con la consignación territorializada de los presupuestos de 2023, el grado de cumplimiento fue del 44,6% en 2023, del 61,2% en 2024 y del 57,4% en 2025. Es decir, incluso en los ejercicios en que se ha producido una cierta mejora en términos absolutos, el Estado sigue dejando sin ejecutar una parte muy significativa de los recursos comprometidos con Catalunya. La falta de ejecución ha contribuido a generar un déficit acumulado de inversión en infraestructuras en Catalunya de 49.543 millones de euros entre los años 2009 y 2025.

Este déficit se traduce en actuaciones estratégicas pendientes o ejecutadas con una lentitud incompatible con las necesidades económicas y sociales del país. Foment detalla algunos de los proyectos que quedan por ejecutar: más de 5.000 millones de euros del Plan de Rodalies, cerca de 3.200 millones en actuaciones vinculadas al aeropuerto de El Prat, unos 900 millones en infraestructuras hídricas y aproximadamente 2.000 millones en el desarrollo del corredor mediterráneo. Esta situación, según la patronal, perjudica la productividad, incrementa los costes empresariales, dificulta la movilidad cotidiana de miles de trabajadores y resta atractivo a Catalunya como destino de inversiones y de nuevos proyectos industriales.

Falta de capacidad técnica

Foment alerta de que una de las causas del incumplimiento es la insuficiente dotación de personal técnico y de medios de determinados organismos de la Administración General del Estado en Catalunya. Un ejemplo es la necesidad de recurrir a encargos de gestión para que la Generalitat asuma la proyección y la ejecución de actuaciones en carreteras estatales. Los compromisos anunciados para actuar en la AP-7, la N-260 y la N-II en el Maresme, con una inversión global cercana a los 1.000 millones de euros, todavía no se habían traducido, a junio de 2026, en las licitaciones de obra necesarias, según el seguimiento efectuado por Foment.

Una situación similar se ha producido en Adif, que ha tenido que reforzar provisionalmente los equipos destinados a Catalunya con personal procedente de otros territorios para afrontar las crisis de Rodalies y coordinar el volumen de obras pendientes. La reorganización de los equipos responsables de proyectos como la Sagrera, el desdoblamiento de la R3 o el nudo de Montcada evidencia que el problema no es únicamente presupuestario, sino también de capacidad administrativa, planificación y gestión.

Solamente en la Sagrera quedan todavía actuaciones por licitar por un importe aproximado de 1.200 millones de euros, a las que se suman los más de 5.000 millones pendientes del Plan de Rodalies. Ante esta situación, Foment exige al Gobierno que adopte inmediatamente una de las dos alternativas: dotar a los organismos estatales en Catalunya del personal técnico, los recursos y la capacidad de gestión necesarios para ejecutar las inversiones comprometidas, o bien transferir los recursos económicos y la gestión de las actuaciones a la Generalitat y a las administraciones catalanas competentes.

La patronal reclama también calendarios de ejecución vinculantes, mecanismos de seguimiento público y periódico y la asunción de responsabilidades ante los incumplimientos. No es aceptable, argumenta, que las inversiones comprometidas queden atrapadas durante años en procesos administrativos, proyectos que no se licitan o actuaciones que avanzan a un ritmo absolutamente insuficiente.

Foment del Treball urge a todos los representantes políticos catalanes y españoles a situar esta cuestión entre las máximas prioridades institucionales. Catalunya no necesita más anuncios ni nuevas promesas presupuestarias: necesita inversiones ejecutadas, infraestructuras en servicio y plazos que se cumplan. La continuidad de este déficit inversor, insiste la patronal, es insostenible, intolerable e inaceptable para una economía que aporta cerca de una quinta parte del PIB estatal. Por este motivo, Foment insta al Govern y al Parlament a construir un acuerdo mayoritario entre las fuerzas políticas para que todos los recursos presupuestados y no ejecutados se traspasen a la Generalitat.