Las empresas del IBEX 35 contaban con 681 filiales en paraísos fiscales en 2021, según un informe publicado por Oxfam Intermón este jueves. Se trata de una cifra un 1% menor a la registrada en el año anterior, pero aun tres veces mayor que la del año 2009. El estudio, que analiza a las compañías de mayor capitalización del país, critica la política de transparencia fiscal con la que cuentan actualmente la mayoría de ellas.
De este modo, el informe analiza las políticas fiscales de 24 compañías del IBEX 35, el principal índice de la bolsa española, donde cotizan las empresas de mayor valor de mercado, y concluye que, a este ritmo, tardarían 97 años en eliminar totalmente su presencia en estos territorios. Otro de los puntos destacados del informe es que la mayoría de las filiales situadas en paraísos fiscales pertenecen a un número muy reducido de empresas.
Concretamente, la mitad del total de filiales identificadas por la ONG pertenecen a Banco Santander, ACS y Ferrovial. Asimismo, la organización explica que, desde el año 2009 hasta la actualidad, las empresas mencionadas junto con ArcelorMittal, Acciona, Repsol e Iberdrola han mantenido de forma consistente el 75% del total de filiales en "guaridas fiscales" de las 24 empresas analizadas.
Solo cuatro empresas tienen una estrategia fiscal desarrollada
No obstante, según matiza el informe, la mayoría de las compañías se ciñen a lo que la ley les exige en materia fiscal, aunque "sin abordar una visión más amplia que se comprometa con una contribución que vele por un desarrollo social y justo". En este sentido, para el 75% de las empresas analizadas, el elemento esencial de su estrategia fiscal en 2021 consistía meramente en cumplir con la ley y solo cuatro empresas (Iberdrola, Naturgy, Repsol y Telefónica) tenían definida una estrategia fiscal desarrollada, "basada en una serie de principios y con un marco de gobernanza que vela por su implementación efectiva".
El estudio señala que, en transparencia fiscal, solo tres empresas (Bankinter, Iberdrola y Repsol) publicaron un reporte fiscal completo, que permitía conocer sus prácticas fiscales en todos los países en los que operan y en formato comparable. A ellas se sumaron Banco Santander, Enagás y Ferrovial, que también aportaron un informe, pero en este caso con un formato no estandarizado que impide comparar datos.
En cambio, la información fiscal por país del resto de empresas (un 75% del total) fue "insuficiente de cara a una rendición de cuentas efectiva sobre prácticas fiscales". Con respecto al mapa de empresas, solo Repsol e Indra lo publicaron con la información necesaria para hacer la trazabilidad de las operaciones del grupo empresarial.
La mayoría de estas compañías "aún tienen casi todo por hacer en transparencia y responsabilidad fiscal", por lo que Oxfam les pide desarrollar una estrategia que reconozca el papel esencial que tiene su contribución en la sociedad y que realicen un ejercicio de rendición de cuentas transparente para acabar con sus filiales en paraísos fiscales.
Oxfam pide reformar el impuesto de sociedades
"Resulta imprescindible para una tributación empresarial justa y responsable, que el marco legal sea sólido, coherente y minimice las fisuras que posibilitan los comportamientos irresponsables y las pérdidas fiscales producidas por la evasión y la elusión fiscal", aseguran desde la organización.
Por ello, también solicitan al Gobierno que aborde una reforma del impuesto de sociedades que garantice que las grandes empresas "paguen un tipo efectivo sobre sus beneficios empresariales que se acerque al tipo nominal".
Además, le pide limitar la activación de créditos fiscales, modificar la norma antideslocalización para incluir el concepto de "jurisdicciones no cooperativas" y hacer obligatorio para todas las empresas cotizadas el informe país por país con desglose geográfico completo de carácter público.
Por último, la asociación considera que el Ejecutivo debería revisar el listado de paraísos fiscales e impulsar la promoción de zonas libres, además de llevar a cabo otras medidas como reforzar el impuesto a los beneficios extraordinarios.