El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha expresado este miércoles el "total respeto" de la Moncloa hacia la decisión que adopten los accionistas de la entidad catalana. No obstante, en paralelo, ha tenido palabras para reivindicar la actuación gubernamental, asegurando que se está evidenciando que en este tipo de operaciones se puede "generar valor para los accionistas" y, a la vez, esto es "compatible con proteger el interés general". Las declaraciones del ministro, realizadas en una entrevista en Radio Euskadi, llegan en un momento de gran tensión y especulación en el mercado financiero.

Su peso político se ve amplificado por la noticia que sacudió la banca este martes: el inversor mexicano David Martínez, que dispone de un 3,86% del capital con derecho a voto del Sabadell, anunció su intención de acudir a la OPA del BBVA. Martínez, que también es consejero de la entidad, apuntó directamente a "la interferencia política ejercida" como un factor que, según su opinión, "ha afectado negativamente la contraprestación de esta oferta".

Frente a esta crítica, Cuerpo ha mostrado un perfil de prudencia. "No he escuchado estas declaraciones", ha precisado el ministro, para después pasar a una defensa sólida de la gestión de su departamento. "Dentro del gobierno español siempre hemos sido claros, transparentes y respetuosos en este proceso, respetuosos con la actuación, por supuesto, de todas las instituciones, desde la CNMV o la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia", ha afirmado con rotundidad.

Más allá del respeto formal a los mecanismos de mercado, el jefe de Economía ha querido dejar claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se mantendrá al margen cuando estén en juego cuestiones estratégicas. Con un tono mesurado, pero firme, Cuerpo ha recordado que el gobierno español actuó dentro del marco legal que le otorga capacidad para velar por el conjunto de la sociedad. "Y en el momento en que la ley habilitaba al gobierno, en este caso, para entrar a proteger el interés general, por supuesto que lo hemos hecho", ha señalado.

Esta actuación se refiere a las condiciones impuestas por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para dar el visto bueno a la operación desde la perspectiva medioambiental y de sostenibilidad, un requisito inédito en una fusión bancaria. Según la visión que transmite el ministro, el hecho de que el BBVA "haya continuado con la operación, incluyendo el cumplimiento de las condiciones para proteger el interés general que había puesto el gobierno", es una prueba de que el proceso ha sido correcto. "Estamos demostrando que en estas operaciones se puede generar valor para los accionistas y esto es compatible con proteger el interés general y el valor para los ciudadanos, empresas, clientes, trabajadores", ha argumentado Cuerpo, trazando así una línea de continuidad entre los beneficios privados y los públicos.

La conclusión del razonamiento ministerial es una devolución de la responsabilidad a los accionistas del Sabadell. Después de establecer el marco de protección del interés general, el gobierno español se retira del debate sobre la oportunidad de la fusión en sí misma. "Para nosotros esta es la clave de actuación del gobierno y, a partir de aquí, una vez el BBVA siguió adelante, la decisión les corresponde a los accionistas, y de nuevo, total respeto por parte del gobierno", ha sentenciado.

Con estas declaraciones, el Ejecutivo busca cerrar la polémica sobre su intervención y situarse en un segundo plano, aunque manteniendo su autoridad para supervisar que cualquier operación cumpla con las garantías necesarias para el conjunto de la economía y la sociedad españolas. La batalla final por el Sabadell, pues, se librará ahora entre el consejo de administración de la entidad, sus accionistas y la propuesta de 12.000 millones de euros del BBVA.