Los reguladores investigan a 35 comercializadoras por un posible fraude con la excepción ibérica, que fija un tope al precio energético para reducir el impacto en la factura de la luz. De este modo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación contra pequeñas y medianas comercializadoras de electricidad que estarían aprovechándose de la medida impulsada por el Gobierno de España.
En concreto, entre las empresas investigadas por el regulador se encuentran Holaluz, la reciente compradora de Abengoa Cox Energie, Fenie Energía, Alpex Ibérica, Alterna, Neuroenergia o Som Energía, entre otras firmas. La CNMC investiga a estas empresas por una posible manipulación del mercado eléctrico para favorecerse de la denominada excepción ibérica, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector.
El procedimiento fue incoado por la Dirección de Competencia a mediados del pasado mes de marzo y cuenta con un plazo máximo de resolución, de acuerdo con la normativa sectorial, de 18 meses. Según adelanta este jueves 'El País' y 'El Confidencial', las compañías señaladas presuntamente se aprovecharon del mecanismo que aprobó el Ejecutivo para rebajar los precios en el mercado mayorista eléctrico y abaratar la factura de la luz, con el objetivo de actuar de forma concertada para comprar electricidad a un precio favorable en el mercado español, para venderla después a un precio más alto en el mercado francés.
En concreto, el expediente, bajo el nombre de 'procedimiento sancionador del REMIT' (reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía), "aborda una cuestión técnica menor relacionada con el mercado eléctrico y no tiene que ver con el tope del gas de forma directa", añadieron a Europa Press en fuentes de la CNMC.
Actualmente, se encuentra en instrucción, por lo que la CNMC, al igual que hace con el resto de sus investigaciones, indicó que no puede ofrecer "más detalles al respecto". Además de las pequeñas comercializadoras, la labora del regulador ha llegado anteriormente a otras grandes multinacionales, como la macrorredada que ejecutó a finales del año pasado en las sedes de las petroleras Cepsa, BP y Repsol tras la denuncia de pequeñas estaciones de servicio que se quejaban de sus descuentos en las gasolinas.