El impuesto a la banca sale adelante sin cambios. El Senado ha debatido este miércoles algunas enmiendas que finalmente no se han tenido en cuenta, de manera que el gravamen se ha aprobado en los mismos términos que lo hizo el Congreso hace unas semanas. Por ello, los partidos de la oposición han advertido al Gobierno durante la sesión que, en la forma en la que está redactado el texto ahora mismo, el tributo es susceptible de ser recurrido en los tribunales y además, las entidades tienen probabilidades de ganar. Si esto ocurre, el Ejecutivo tendrá que devolverles las cantidades cobradas y lo acabarán pagarán los ciudadanos.

Algunas entidades, de hecho, ya han manifestado públicamente que van a recurrir, otras no lo han dicho tan abiertamente, pero han rechazado el tributo igualmente. “Vamos a recurrir al día siguiente de pagarlo. Lo tengo clarísimo”, así de rotunda se mostró recientemente la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. “No nos queda otra que acatarlo, pero es discriminatorio y confiscatorio, no responde a justificación técnica”, añadía.

Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja, también veía “muy probable” hace solo unos días que la entidad recurra en los tribunales el impuesto a la banca si el tributo "sigue adelante" en los términos planteados (como finalmente ha ocurrido) porque consideran “que nos asiste la razón". El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, explicaba que el banco “va a cumplir con lo que diga la ley”, pero no están de acuerdo con el impuesto. Preguntado expresamente por si recurrirán, explicaba que tienen que estudiar bien el texto y sus implicaciones jurídicas primero, pero en cualquier caso, tiene claro que “no es bueno para España”. 

Los partidos de la oposición han recogido estas amenazas para advertir al Gobierno que si la banca recurre, al final serán los ciudadanos quienes terminen pagando. La Senadora Ruth Goñi -del Grupo Mixto- reprochaba al Gobierno que para elaboración del impuesto a la banca (que también abarca el de las energéticas y grandes fortunas) se haya prescindido de informes y consultas a expertos o de hablar con los sectores afectados. Y también de introducir enmiendas “que probablemente sean inconstitucionales” como que deje de ser temporal pasados dos años. “El tributo es susceptible de ser recurridos en los tribunales”, aseguraba.

Juan Manuel Juncal -del PP- cree que la redacción del texto del nuevo impuesto a la banca es “chapucero” y advierte que genera inseguridad jurídica y afecta a la competitividad de las empresas españolas frente a las extranjeras que operan en nuestro país, a las que no se le aplica el gravamen. “Las entidades ya han anunciado que van a recurrir y tienen posibilidades de tener éxito, por lo que después habrá que devolver las cantidades cobradas vía Presupuestos Generales del Estado”.

El senador ponía de relieve que, al ser tramitado como proyecto de ley, el Gobierno no ha tenido en cuenta informes preceptivos de instituciones como la CNMC o el Banco de España, que pondrían de manifiesto su repercusión en la economía y en el empleo; Una postura que también defendía Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Democrático. “No se articuló como proyecto de ley para evitar informes preceptivos y necesarios como el del Consejo de Estado o la CNMC, entre otros muchos. Y al saltarse estos informes, estamos aprobando una cantidad de leyes que adolecen de la peor calidad técnica de la democracia. Son leyes de gran carga ideológica que provocan competencia desleal entre los clientes porque solo lo satisfacen empresas concretas”.

También desde el PP, la senadora Mª Pilar Alia criticaba que para la elaboración del impuesto a la banca no se haya tenido en cuenta el informe que emitió el Banco Central Europeo, que alertaba de la repercusión que puede tener en el consumidor final y descarta que los bancos vayan a tener beneficios extraordinarios por la subida de tipos, pues también tienen más gastos (por las subidas de costes) y deben subir provisiones para hacer frente a posibles impagos por la inflación; El Banco de España también ha advertido que se comerá hasta un 6% de los beneficios de la banca y entiende que tendrá repercusión en la concesión de crédito y la estabilidad financiera.

Por parte del PSOE, Antonio Armando Ferrer se mostraba preocupado de que, en este debate sobre las enmiendas, “ya se anuncien los recursos constitucionales” que van a poner los bancos.  Aprovechaba también para defender que el impuesto a la banca, con el que el Ejecutivo quiere recaudar 1.500 millones de euros en 2023, gravando el 4,8% del margen de intereses y comisiones de las entidades que en 2019 ingresaron más de 800 millones de euros, están dentro de una serie de medidas recaudatorias que tienen carácter de urgencia y que en el caso del sector financiero, está más que justificado.

Los motivos que hay detrás y que han hecho que sea este y no otro sector el que se vea perjudicado son los ingresos extraordinarios que van a obtener las entidades tras las subidas de tipos de interés y “todo lo que tienen que devolver” por el rescate de la crisis financiera, apuntaba. En este sentido, comentaba también que la recaudación potencial en dos años será de 3.000 millones y los bancos trabajan ya con márgenes superiores al 15%.