En un movimiento que se enmarca dentro del contexto de la opa fallida sobre el Banc Sabadell, BBVA ha incorporado de forma oficial y pública la posibilidad de enfrentarse a una fuerte publicidad negativa y a un severo daño reputacional. Este reconocimiento, que va más allá del aspecto económico, figura en la actualización de su Documento de Registro Universal (DRU), el texto en el que las empresas cotizadas detallan su situación y perspectivas para los inversores. La inclusión de estos riesgos intangibles es interpretada por los analistas como un ejercicio de transparencia forzada y una medida de protección legal ante las inevitables secuelas de la operación con la entidad catalana.
El BBVA ha publicado esta semana la actualización del DRU realizando una limpieza significativa: ha eliminado toda referencia concreta a la opa. En su lugar, la entidad presidida por Carlos Torres ha optado por un lenguaje genérico que, sin embargo, resulta transparente en su contexto. El documento advierte sobre la posibilidad de que "operaciones en curso o futuras" no se concluyan "en el momento oportuno o de forma eficiente en costes, o que no se concluyan en absoluto". Más allá de esta previsión rutinaria, el texto hace un análisis de las consecuencias de este fracaso potencial.
Señala que, en caso de no ejecutarse la operación, la entidad no solo se enfrenta a la previsible fluctuación o disminución del precio de sus acciones, sino que añade un riesgo cualitativamente diferente: la posibilidad de "publicidad negativa" y un impacto directo sobre "su reputación o sus relaciones con sus empleados, clientes, inversores y otros socios en el ámbito empresarial".
Esta ampliación del abanico de riesgos es notable. Ya no se trata solo de números y cotizaciones, sino de la erosión de la confianza, un activo crítico en el sector financiero. La larga batalla por Sabadell, marcada por la fuerte resistencia de la entidad catalana, las tensiones políticas y una opinión pública dividida, ha dejado una huella que BBVA ya no puede ignorar en su comunicación oficial.
El peso adicional de los reguladores
La revisión de la documentación no se limita a los aspectos reputacionales. BBVA ha incorporado también un nuevo aviso sobre el impacto financiero directo que podría tener la materialización de una futura gran operación. El texto admite que una fusión o adquisición podría afectar "negativamente" al capital, el apalancamiento, la liquidez, los requisitos MREL (los fondos propios y pasivos que deben tener los bancos para ser resueltos sin ayuda pública) o al perfil de resolución de todo el grupo.
Este punto es especialmente relevante, ya que apunta directamente a los supervisores bancarios. El documento señala explícitamente que "los reguladores competentes también podrían imponer requisitos adicionales de capital, apalancamiento, liquidez, MREL o de resolución al grupo a consecuencia de la transacción".
En otras palabras, BBVA reconoce que cualquier movimiento futuro de igual magnitud podría acarrear la obligación de reforzar aún más su solvencia, lo que se traduce en la necesidad de "emitir instrumentos de capital o MREL adicionales o incurrir en costes adicionales". Es un reconocimiento implícito de que el intento de absorber Sabadell ha puesto a la entidad bajo el ojo del huracán regulatorio.
Estas nuevas advertencias no pueden entenderse sin el contexto de la opa que finalizó el pasado mes de octubre. Tras un proceso de 17 meses, que se inició con el anuncio de la intención en mayo de 2024, BBVA vio cómo solo acudía a la oferta un 25,4% del capital con derecho a voto de Sabadell.
Este largo periodo se caracterizó por un proceso de autorizaciones más lento y complejo de lo que BBVA había previsto inicialmente, un factor que sin duda contribuyó a desgastar la operación y hubo tiempo a que se consolidara el frente opositor dentro y fuera de Sabadell. La resistencia del consejo de Sabadell, encabezado por Josep Oliu, y las reticencias políticas, especialmente palpables en Catalunya, crearon un clima adverso que finalmente caló entre los accionistas.