Tras reclamar con insistencia el aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, las organizaciones de autónomos y pymes celebran que el gobierno español les haya hecho caso. Con el nuevo calendario, según recoge el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros de este martes, la obligatoriedad para sociedades queda fijada para el 1 de enero de 2027, mientras que para autónomos y pymes se retrasa hasta el 1 de julio de 2027.
Dos organizaciones diferentes como Pimec y ATA, a menudo enfrentadas, han coincidido en "agradecer" la presión del grupo parlamentario de Junts para conseguir el aplazamiento. Si bien Pimec ha atribuido este aplazamiento al "compromiso" adoptado por Pedro Sánchez en la visita que hizo a esta patronal catalana el pasado septiembre, en un comunicado indica que “quiere reconocer explícitamente el papel de Junts en la tramitación del Real decreto ley, agradeciendo que haya defendido con determinación la necesidad de incorporar este aplazamiento”. Añaden que valoran que el grupo parlamentario “haya recogido la preocupación del tejido productivo y haya exigido al gobierno español una implementación del Verifactu ajustada a la capacidad real de adaptación de las pymes”.
Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA, asociada a la CEOE), también ha agradecido a Junts la “presión” para hacer posible el aplazamiento. Ha indicado que han recibido con “alivio” la noticia porque estaba “generando mucha incertidumbre y mucho malestar” entre los autónomos porque solo quedaba un mes para su aplicación.
L’Asociación de Jóvenes Empresarios de Catalunya (AIJEC) celebra que el nuevo calendario permita una adaptación más ordenada y realista de pymes y autónomos al nuevo sistema de verificación de facturas. Señalan que un despliegue precipitado podría haber comportado sobrecostes, errores en la implementación e incertidumbre jurídica, en un contexto en el que muchas empresas ya están inmersas en otros procesos de digitalización.
Para Vicenç Del Mar Mullor, presidente de la AIJEC, una transición digital como esta requiere “tiempo, información clara y garantías”. Esta organización pide al gobierno español que impulse una “campaña informativa accesible y práctica y homogénea” que detalle los requisitos, los estándares técnicos y los plazos del nuevo sistema.
Pimec propone que se premie a aquellas empresas que ya hayan realizado una inversión para adaptarse al sistema, por ejemplo, con bonificaciones en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. También pide que se tengan en cuenta ayudas económicas, formativas y técnicas a través de un plan de choque que permita a las pymes realizar la transición hacia los nuevos requisitos de manera ordenada y realista.
En cambio, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha calificado el retraso de "despropósito" porque "estar continuamente planteando temas y luego dando marcha atrás genera desconfianza" y el colectivo está "harto". Según recoge Efe, Abad considera que "el Verifactu no será capaz de luchar contra el fraude" porque no supone ningún control sobre las facturas no emitidas
Para cumplir con el nuevo sistema, empresas y profesionales deberán adaptar los sistemas informáticos de facturación para que generen un registro de cada factura que no se pueda modificar ni borrar y que deba estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.