A partir de ahora, las grandes empresas de moda ya no podrán hacer desaparecer la ropa que no venden. La Unión Europea ha puesto fecha de caducidad a una práctica que, hasta ahora, permitía a las marcas deshacerse de kilómetros de tejido sin dar explicaciones. La nueva normativa, enmarcada en el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles (ESPR), obliga a las compañías a buscar alternativas como la reutilización, la donación o el reciclaje. Pero el sector de la reutilización ya ha lanzado un aviso: la medida es bienvenida, pero no ataca el corazón del problema. Mientras no se frene la producción desenfrenada, la industria continuará generando el mismo volumen de residuos, solo que ahora los gestionará de otra manera.
La decisión de la Comisión Europea pone fin a una realidad que pocas personas conocían: cada año, entre el 4% y el 9% de los productos textiles que se fabrican se destruyen antes de ser utilizados. Cifras de Bruselas cifran en 5,6 millones de toneladas las emisiones de CO₂ asociadas a esta práctica. Es decir, la ropa que se quema o se tira sin haber sido nunca vestida tiene una huella de carbono comparable a la de un país entero.
La prohibición, que entra en vigor este domingo, se aplica a las grandes empresas, mientras que las de dimensiones medianas tendrán de margen hasta 2030 para adaptarse. La norma no solo impide la destrucción, sino que también obliga a las compañías a informar sobre el volumen de productos no vendidos y el destino que reciben. Esto supone un cambio de paradigma: hasta ahora, las marcas podían eliminar los excedentes sin rendir cuentas a nadie. A partir de ahora, deberán justificar qué hacen con aquellas prendas que no han conseguido colocar en los escaparates.
Una medida que cambia la gestión, pero no el modelo de producción
El sector de la reutilización, representado por la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), celebra la normativa como un paso importante, pero le pone matices. "No ataca la raíz del problema de la moda ultrarrápida, que es la sobreproducción de un producto de baja calidad que rápidamente se convierte en residuo", explican desde la organización. La lectura es clara: la industria podría continuar fabricando las mismas cantidades de ropa, con los mismos materiales de baja calidad, y simplemente derivar el excedente hacia canales de reutilización o reciclaje. El problema de fondo, el exceso de producción, no se resuelve con esta medida. AERESS teme que la situación ideal, que sería que las empresas redujeran la producción, no se dé a corto ni a medio plazo.
"Probablemente cambiará la forma de gestionar el excedente", señalan, lo que significa que las marcas buscarán nuevas vías para deshacerse de las prendas sin que el modelo de negocio se altere. A pesar de las críticas, la normativa abre una ventana para las entidades de economía social. AERESS considera que estas organizaciones pueden tener un papel clave en la gestión de los excedentes, preparando las prendas para una segunda vida. "Este tipo de prendas supondrán una oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad", destacan. Si las empresas están obligadas a deshacerse de la ropa que no venden, el camino más lógico es que la deriven a entidades que se puedan hacer cargo y, a la vez, generen empleo e inclusión.
Reutilizar antes que reciclar
Uno de los argumentos que AERESS defiende con más fuerza es que la reutilización debe ser la prioridad por encima del reciclaje. No es lo mismo dar una segunda vida a una prenda que convertirla en fibra para fabricar una nueva. "La reutilización conserva un valor mayor que el reciclaje y reduce el consumo de materias primas, agua y energía asociado a la producción textil", explican. En otras palabras: alargar la vida de una prenda existente es mucho más eficiente que transformarla en otra nueva.
Los técnicos de Bruselas lo saben, y por eso la normativa establece que las empresas deberán priorizar la reutilización por encima de otros destinos. Pero la pregunta que planea es si las marcas de moda rápida, acostumbradas a producir grandes volúmenes de prendas de bajo coste, estarán realmente dispuestas a colaborar con entidades de reutilización o si buscarán vías alternativas, como el envío del excedente a países del sur global, donde a menudo acaba en vertederos improvisados.
AERESS reclama que el reglamento se complemente con medidas que ataquen la sobreproducción. "Hay que incentivar el diseño de prendas más duraderas e impulsar la reutilización y el reciclaje mediante inversiones e instrumentos económicos", señalan. Sin estas medidas, la normativa podría quedarse corta y convertirse en un simple cambio de nombre de la gestión de residuos, sin alterar el flujo de materiales que la industria textil vierte al mercado. La moda ultrarrápida vive de la rotación constante de colecciones, de la producción de prendas que a menudo no llegan a venderse.
La cuestión es si la industria está dispuesta a repensar su modelo o si, simplemente, se limitará a adaptarse a la normativa sin cambiar la esencia de su negocio. A partir de ahora, las grandes empresas textiles no podrán destruir el excedente no vendido. Tendremos que saber cuánta ropa no venden y dónde acaba. La destrucción solo se permitirá en casos excepcionales, como por riesgos para la salud o daños irreparables. Pero la producción masiva seguirá siendo el motor del sector. Las prendas seguirán siendo de baja calidad y con una vida útil corta. Y el consumidor seguirá viendo escaparates llenos de novedades cada semana. El reto, pues, no es solo que la ropa no se queme, sino que no se produzca en exceso. Y en esto, la norma europea todavía tiene un largo camino por recorrer.