Turismo de Catalunya ha identificado 9.000 anuncios de pisos turísticos ilegales que se promocionan en la plataforma Airbnb. Este hallazgo ha sido posible por la herramienta tecnológica que tiene el Govern para buscar viviendas sin registro en las principales plataformas de oferta de estos alojamientos. La Generalitat ha reclamado recientemente a Airbnb la retirada de estos anuncios, según ha avanzado Catalunya Ràdio. Por otra parte, fuentes de Turisme han precisado que esta publicidad no está incluida en los más de 65.000 anuncios que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pidió bloquear este lunes en Airbnb.
En concreto, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy impuso al principio de semana a la compañía Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas ofertadas en su plataforma y que se ofrecen en varias localidades de España. En concreto, se reclamaba la eliminación de un total de 65.935 anuncios que contravienen la normativa sobre la publicidad que está establecida en las diferentes comunidades autónomas para este tipo de alojamientos turísticos. Estas eran ofrecidas para el alojamiento en pisos turísticos de Andalucía, Comunidad de Madrid, Catalunya, País Valencià, Islas Baleares y Euskadi.
El ministerio apuntó además que, en los últimos meses, ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las cuales se notificaron estos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las cuales se instaba en esta empresa a bloquear la publicidad. Airbnb recurrió esta acción ante la Justicia para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el cual avala las actuaciones de Consumo. En respuesta al impuesto por el Ministerio en su primera resolución, el Tribunal Superior de Justicia insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.
Control y supervisión
El ministro Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de los alojamientos turísticos, así como favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores, destaca Consumo.
Las primeras actuaciones de Consumo para el control de la plataforma Airbnb se remontan a junio de 2024. En aquella fecha, la Dirección General de Consumo abrió un expediente en varias plataformas de alquiler de apartamentos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios. A esta petición de información se sumó un nuevo requerimiento de cese enviado a una de estas plataformas en la que se le instó a retirar "de forma inminente" miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.