Las negociaciones para conseguir los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno han devuelto la financiación autonómica a la lista de prioridades del Ejecutivo. María Jesús Montero ha confirmado esta semana que la reforma del modelo, vigente desde 2009 y que va camino de cumplir diez años caducado, se ha convertido en una urgencia para el Ministerio de Hacienda. Con ello, Montero reactiva el proceso que se puso en marcha a finales de 2021 con la presentación de una propuesta de reforma por parte del ministerio, que a los pocos meses quedó olvidada en un cajón ante las discrepancias manifestadas por las CC. AA. frente a la misma a través de sus respectivas alegaciones, a las que el Gobierno ya nunca respondió.
El borrador del Ministerio de Hacienda proponía una nueva metodología para el cálculo de la población ajustada como punto de partida para reformar todo el sistema de financiación. La intención del ministerio, entonces, que será el punto de partida en la negociación que reabrirá ahora, es que la población ajustada constituya el "indicador único" de las necesidades totales de gasto de cada territorio para determinar qué recursos les corresponden para financiar las competencias transferidas en sanidad, educación y servicios sociales.
En el sistema actual, ese ajuste de población se basa en criterios demográficos y geográficos. Las necesidades de gasto -que no son lo mismo que la financiación realmente recibida- se calculan cada año utilizando una fórmula en la que se tienen en cuenta hasta siete variables con distinta ponderación. Un 30% de los fondos se reparten en proporción a la población, un 1,8% en proporción a la superficie y un 0,6% en proporción a la dispersión geográfica. Además, las dos comunidades insulares tienen reservados de partida el 0,6% de los recursos totales a repartir cada año. Las tres variables restantes, de mayor a menor ponderación, son la población protegida equivalente a efectos de gasto sanitario (38%), que se calcula ponderando la población a partir de siete tramos de edad en función al gasto relativo de cada uno de ellos; la población en edad escolar (20,5%); y la de más de 65 años (8,5%).
Mismo servicio, distinto coste
La fórmula de reparto es la misma que se utiliza también para calcular la población ajustada de cada CA y reflejar de ese modo el coste por habitante de los servicios públicos, que se presume distinto en cada territorio. Por ejemplo, el coste sanitario por habitante será superior en comunidades más envejecidas o más extensas. Pero tras aplicar esa fórmula resulta que en algunas CC. AA. la población ajustada se sitúa por encima de la población real o de derecho, mientras que en otras sucede todo lo contrario, lo que supone que una parte de la población real quede 'excluida' a la hora de calcular los recursos que se reparten.
En este segundo caso se encuentran la Comunidad de Madrid, Catalunya, Andalucía o la Comunitat Valenciana, las cuatro regiones con mayor número de habitantes que quedan fuera del reparto efectivo de fondos. Con los datos de 2021, último ejercicio liquidado por el ministerio, la población ajustada de Catalunya fue de 7.575.423 frente a los 7.763.362 a los que asciende su población real, lo que deja fuera de la financiación realmente recibida a 187.939 catalanes. En el caso de la Comunitat Valenciana, la diferencia fue de 134.364 habitantes, mientras que en Andalucía son 171.125 los habitantes que no son tenidos en cuenta. En el caso de la populosa Madrid son 222.943 los ciudadanos excluidos de la financiación tras el ajuste del sistema.
Disparidad entre territorios
Dado que la financiación anual que recibe cada comunidad se calcula dividiendo los recursos totales entre la población ajustada, algunos territorios reciben menos fondos de los que tendrían si el reparto se calculase sobre la población real y otros como Aragón, Castilla-La Mancha y sobre todo Galicia tienen una mayor asignación porque sus necesidades de gasto se calculan con una población que es superior a la que tienen realmente. Aunque el objetivo de esos ajustes es que los ciudadanos reciben servicios públicos de calidad equivalente con independencia de dónde vivan, la realidad es que la financiación por habitante ajustado a lo largo de la vigencia del sistema presenta diferencias de hasta veinte puntos entre la región con menor financiación por habitante y la mayor, según ha denunciado en varias ocasiones entidades como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Con los datos de 2021, la financiación que le correspondió a Catalunya por habitante ajustado fue de 2.918,92 euros, pero si dividen los 22.112 millones de euros que le correspondieron en total entre la población real, la cantidad baja a 2.848,26 euros por habitante. La diferencia es que, aunque el resultado del sistema sitúa a Catalunya con una financiación ligeramente superior a la media de las CC. AA., si se tiene en cuenta su población de derecho, la cantidad de recursos por habitante que recibe se queda cinco puntos por debajo de la media.
Aún peor para la Comunitat Valenciana
Peor es el resultado para la Comunitat Valenciana, si bien en este caso se trata de una comunidad ya de por sí infrafinanciada con el cálculo de la población ajustada que empeora incluso más si se tiene en cuenta su población de derecho, hasta el punto de que lleva años a la cola del conjunto de comunidades de régimen común junto a la Región de Murcia. Según el resultado de la liquidación de 2021, los valencianos recibieron 2.764,94 euros por habitante ajustado, 145 euros menos que la media y 819 euros menos que los cántabros, los españoles mejor financiados.
Esas cantidades sitúan a los valencianos cinco puntos por debajo del promedio, una distancia que se amplía a 7,5 puntos por debajo de la media si se tiene en cuenta la población real de la Comunitat Valenciana, que está 134.364 habitantes por encima de la población ajustada que, por lo tanto, no son tenidos en cuenta en el reparto de recursos. Por su parte, Madrid recibe 2.930 euros por habitante ajustado en la última liquidación que, si se tiene en cuenta su población de derecho, se reducen a 2.834 euros. En comparación con la media, resulta ligeramente por encima en el primer caso y dos puntos y medio por debajo con la población real.
La Generalitat critica el diseño del sistema
Tras publicarse la pasada la liquidación definitiva del ejercicio 2021, la Generalitat de Catalunya criticó que el territorio reciba "menos recursos que la media de las comunidades autónomas" en 2021. El departamento de Natàlia Mas, que realiza sus cálculos sobre la población real, lamenta que Catalunya sea el tercer territorio que más ingresos tributarios por habitante aporta al sistema, pero el décimo en recursos recibidos. De acuerdo con las estimaciones de su departamento, Catalunya aportó casi un 17,7% más de ingresos que la media, mientras que la posterior redistribución le hizo quedar un 2,1% por debajo.
"Un año más, se pone de manifiesto que los mecanismos de redistribución y nivelación que utiliza el modelo de financiación hacen que el reparto de recursos entre territorios no sea equitativo. Así, mientras Catalunya está sistemáticamente por debajo de su aportación, otras comunidades con una capacidad tributaria muy inferior a la media reciben siempre más recursos por habitante que Cataluña", lamentó Economía y Hacienda.
El sistema que viene
La nueva metodología que cálculo de la población que María Jesús Montero les propuso a las CC. AA. aumenta hasta siete puntos -del 38% actual al 40-45%- el peso del gasto sanitario como elemento de reparto, y en casi diez puntos -del 25,5% al 25-30%- el peso del gasto educativo, algo positivo para las regiones más densamente pobladas. Sin embargo, se mantienen variables correctivas basadas en aspectos geográficos como la superficie, la dispersión o la insularidad, con un peso muy similar al del sistema vigente, entre el 3% actual o el 4% como máximo, y se introducen dos nuevas: un indicador de despoblamiento y otro de costes fijos que reservaría una parte de los recursos exclusivamente a las siete regiones más pequeñas.
En su primer análisis sobre esa propuesta, Fedea cuestionó desde el punto de vista técnico la inclusión ad-hoc de estas dos nuevas variables al ser "muy discutibles por su arbitrariedad". Su autor, Ángel de la Fuente, vio en ellas un elemento de cálculo "a medida para favorecer a Aragón, Extremadura y las dos Castillas".
A falta de ver cómo evoluciona esa propuesta inicial en la nueva negociación que quiere abrir el Ministerio de Hacienda, la nueva metodología de cálculo propuesta por el Gobierno de España les haría perder recursos en comparación con los que reciben actualmente a seis comunidades, entre ellas Catalunya, Madrid o la Comunitat Valenciana.
Según los cálculos de Fedea, que tomó como referencia para su análisis el resultado de la liquidación de 2019, las necesidades relativas de gasto total por habitante de Catalunya se quedarían 1,58 puntos por debajo del sistema actual, 1,70 puntos menos en el caso de la Comunitat Valenciana y 1,05 puntos menos en el caso de Madrid. Extremadura y Aragón, por el contrario, resultarían beneficiadas en el cálculo de necesidades en comparación con el modelo actual.