Solo pasaron tres días. Entre el 23 y el 26 de diciembre del año 2012, hace ya diez años y cuatro meses, la banca nacionalizada formada por Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia transfirieron un total de 37.110 millones en activos a la recién creada Sareb (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración bancaria), inmobiliaria pública o 'banco malo' que se encargaría desde entonces de gestionar en el mercado los activos tóxicos de las entidades financieras recién rescatadas. Entre 2012 y 2013, fueron 50.781 millones de euros, que se pagaron con bonos avalados por el Tesoro Público que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Pero, ¿qué es exactamente la Sareb y por qué se le denomina el 'banco malo'?
Para entenderlo, hay que rebobinar y comprender la situación que se vivía en el año 2012. Acababa de estallar la burbuja inmobiliaria, que desencadenó una de las mayores crisis económicas y financieras mundiales y que golpeó con especial dureza en España, que vivió desde entonces una oleada de desahucios que, aunque a menor intensidad, todavía no ha finalizado. El 9 de junio de 2012, el Gobierno de España solicitó 100.000 millones de euros de préstamo a Europa después de haber gastado 48.228 millones de ayudas públicas a la banca.
Al nacionalizar la banca, había que dar salida a miles de activos tóxicos con tal de recuperar para el estado parte de las pérdidas que producían en la banca y, además, darle un uso público en forma de vivienda o local. Así, en su página web, la Sareb se define como "una empresa que forma parte del esquema planteado por el estado español y las autoridades europeas para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008". "No somos un banco, somos la compañía que absorbió los activos deteriorados de aquellas entidades", dice la Sareb, que rehuye del calificativo de 'banco malo' que, a pesar de todo, se ha quedado en el imaginario colectivo. ¿Por qué? Porque gestiona todo aquello que produce pérdidas, que se deteriora.
Hagamos una metáfora que pueda servir para entenderlo mejor. Si yo compro 500 coches pero no consigo vender 250 de ellos, con el tiempo se van devaluando. Al cabo de unos años, valen menos que los que he pagado por ellos en el mercado y, además, si no los he conseguido vender es porque seguramente no sean de tan buena calidad o al menos no tan atractivos en el mercado. Esos activos, una vez amortizados y con su valor en caída, van produciendo pérdidas, que serían achacables directamente al Estado si no se hubiera creado la Sareb. La Sareb es quien se encarga de dar salida a estos coches (en el caso real, viviendas) de menos valor. En una época en la que los bancos caían en picado al estallar la burbuja inmobiliaria, había que dar salida a toda esa vivienda para que no quedaran vacías y reducidas a pérdidas, puro residuo.
Sareb, mitad pública, pero mitad privada
Es por eso que, en sus resultados del año pasado, la Sareb presentó pérdidas de 1.500 millones de euros, por la pérdida de valor de sus activos. Y es por eso que la medida de Pedro Sánchez de colocar 50.000 viviendas de la Sareb en el mercado social o asequible (35.000 de las 46.000 ya construidas y 15.000 más que se construirán, es decir, casi todas sus propiedades) puede beneficiar a la propia inmobiliaria. Si consigue vender las 21.000 que pondrá a disposición de las administraciones locales y autonómicas (con Cataluña, ya estaba negociando la compra) para uso social, puede conseguir ingresos extra muy importantes. De hecho, la Generalitat ya negociaba adquirir todas las viviendas de la Sareb en Catalunya cuando se anunció el plan de Pedro Sánchez.
Gran parte de la vivienda de Sareb no está en buen estado o está en lugares poco atractivos para el mercado. Pero la Sareb también tiene suelo que ha cedido a constructores privados para que haga vivienda nueva que pueda ayudar a reducir la deuda pública.
En su página web, Sareb explica que su compromiso "es reducir el coste para el contribuyente al devolver el máximo de la deuda avalada por el Estado". O sea, cuando se van vendiendo activos tóxicos, todo lo recaudado va destinado a pagar la deuda pública que se generó con los rescates de 2012. En enero de 2022, Sareb sumó, a partir de la aprobación del Real Decreto 1/2022, criterios de sostenibilidad y utilidad social a la compañía, complementando su función desinversora. Es ese decreto el que pone la primera piedra para convertir a la Sareb en un gestor de vivienda social y asequible. "Vendemos, construimos y transformamos nuestros activos buscando siempre maximizar el valor con la mínima pérdida posible".
Aunque la Sareb sea conocida como una inmobiliaria pública, lo cierto es que el 50,14% pertenece al Estado, a través del FROB (Autoridad de Resolución Ejecutiva, aunque debe sus siglas al nombre anterior, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). El otro 49,86% se lo reparten Santander (un 22,21%), CaixaBank (12,24%), Banco Sabadell (6,61%), Kutxabank (2,53%) y otros bancos, cajas y aseguradoras españolas con menos del 2% de acciones, como Ibercaja, Gestión de Inmuebles Adquiridos, Banco de Crédito Social Cooperativa, Mapfre, Mutua Madrileña o Caja Laboral Popular, por este orden de más a menos acciones. El presidente de la Sareb es Javier Torres, con carrera en el FROB y en Santander.