La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) advierte de que, si se aprueba la normativa para limitar la compra de viviendas en zonas de alquiler tensionado, los ciudadanos tendrán más dificultades para acceder a un piso.

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles que la proposición de ley presentada por los Comuns, supuestamente para limitar la “compra especulativa” de vivienda, se tramite por el procedimiento de lectura única, sin escuchar a los representantes del sector. Así se ha decidido con los votos a favor del PSC, ERC y Comuns, que se han impuesto a los votos en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana.

Sobre este primer paso del Parlament, la APCE ha criticado duramente que se tramite por lectura única, “sin un debate parlamentario en profundidad, ni escuchar adecuadamente a los agentes implicados, atentando contra la calidad democrática”. Los grupos parlamentarios de Junts y PP han anunciado que llevarán esta modificación de la ley al Consell de Garanties Estatutàries. En caso de que les den la razón, la APCE podría llevar la ley al Tribunal Constitucional.

En sintonía con la asociación de propietarios Som Habitatge, el presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha dejado claro que “nosotros batallaremos para que vaya al Constitucional. Uno tiene que ser coherente, no por nosotros ni por el sector, sino por responsabilidad hacia la gente”.

La APCE considera que una cuestión de esta “trascendencia” no debería abordarse en un trámite parlamentario “exprés”. Además, advierten que tratar “con urgencia problemas estructurales puede acabar generando más inseguridad jurídica, desincentivar la oferta y dificultar todavía más el objetivo compartido de facilitar el acceso a la vivienda”.

Desde la Asociación de Promotores se ha pedido a los grupos parlamentarios que dejen de lado la política partidista y que hagan más vivienda. “No es un tema de sector ni del uno ni del otro, es un tema de la gente. Y los que son cómplices de que esto pase son los que nos gobiernan, y como no lo entiendan, esto irá a peor”, afirma Vilajoana.

La APCE, junto con otras entidades del sector, hizo público el pasado noviembre un informe jurídico elaborado por el catedrático Joan Manel Trayter y la profesora Irene Araguàs sobre la limitación de la compra de vivienda en áreas tensionadas. Concluyen que es una medida inconstitucional y antiestatutaria. Tal como prevé el proyecto de ley, solo podrán comprarlos las personas que después vivan en ellos y, en el caso de los edificios enteros, se deberán dedicar a alquiler, con los topes legales sobre el importe.

El informe considera que prohibir la adquisición o transmisión de viviendas en función del uso que le quiera dar el comprador sería una limitación sin precedentes de derechos constitucionales, vulneraría el derecho a la propiedad, restringiría la libertad de elección de residencia y afectaría el ejercicio de la actividad económica vinculada al mercado inmobiliario. Además, sostiene que una comunidad autónoma no dispone de competencias para limitar la adquisición.