El sistema tributario español impone una carga excesiva sobre el trabajo, un hecho que desincentiva tanto la búsqueda de empleo como la creación de nuevos puestos de trabajo. Esta es una de las principales conclusiones del primer informe Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad, presentado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El organismo con sede en París recomienda a España apostar por figuras impositivas "menos distorsionadoras", como el IVA y los gravámenes medioambientales, así como reducir gradualmente las prestaciones sociales para reforzar los incentivos laborales.

El capítulo dedicado a España reconoce que la brecha de ingresos del país con las economías más avanzadas se ha reducido recientemente, gracias al sólido crecimiento del PIB de los últimos años. La OCDE también destaca el moderado crecimiento de la productividad observado después de una década de debilidad. No obstante, advierte que el mercado laboral, a pesar de haber mejorado significativamente, aún presenta tasas de paro elevadas, especialmente entre los jóvenes.

Para la organización, un crecimiento más elevado de la productividad y una gestión adecuada del envejecimiento de la población requieren un mercado laboral flexible y un sector empresarial dinámico. En el ámbito fiscal, el informe subraya la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema tributario español, que presenta diversas deficiencias que dificultan la productividad. La principal crítica apunta a la elevada carga que soporta el factor trabajo. Además, el organismo considera que el sistema muestra un sesgo hacia el endeudamiento en detrimento del capital, lo cual resta incentivos a la inversión y la innovación. El informe también alerta de que las exenciones del IVA y los tipos reducidos disminuyen la neutralidad del impuesto y reducen la base imponible.

La OCDE advierte que España se enfrenta a costes económicos crecientes derivados de los desastres climáticos. Aunque la política de adaptación española está bien alineada con las mejores prácticas, su implementación continúa siendo desigual a escala regional y local. Por ello, el organismo apuesta por ampliar la inversión en infraestructura de red eléctrica y mejorar la coordinación entre administraciones para armonizar las políticas de prevención. También recomienda aumentar las inversiones en infraestructura de resiliencia y agilizar los procesos de concesión de permisos.

El informe sitúa a España entre los países de la OCDE con un porcentaje más bajo de empresas innovadoras. El gasto empresarial en investigación y desarrollo es reducido en comparación con los estados con mejor desempeño, y las pymes sufren un acceso restringido a mano de obra cualificada y a financiación externa. Para revertirlo, la OCDE recomienda simplificar los procedimientos para acceder a las ayudas públicas a la I+D mediante una plataforma digital de ventanilla única, así como promover la financiación basada en el mercado y ampliar los servicios de asesoramiento digital para pymes.

La OCDE insta a las autoridades a invertir en capital humano, apoyando a quienes abandonan prematuramente los estudios y promoviendo la formación profesional dual. Para impulsar la movilidad laboral, propone reforzar las políticas activas de empleo y modernizar las oficinas de trabajo regionales mediante la digitalización, el incremento de personal y una colaboración más elevada con el sector privado. También recomienda ampliar las opciones de formación flexible y a distancia para adaptarse a los diferentes horarios y necesidades de los trabajadores, facilitando así el acceso a la formación a un mayor número de personas.