Nuevos plazos para que las empresas y los autónomos se adapten al formato de factura electrónica. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto por el que hace obligatorio el uso de factura electrónica en el momento en que entre en vigor: en el caso de las empresas que facturen más de 8 millones de euros, deberán adaptarse antes de que transcurra un año desde la publicación de la normativa (que aparecerá en el BOE previsiblemente antes de julio), mientras que, para las empresas que facturen menos de 8 millones de euros, el plazo de adaptación se alargará a los dos años.

Los plazos comenzarán a contar desde la publicación de la orden ministerial de Hacienda que regulará los aspectos técnicos. Previsiblemente, aparecerá en el BOE antes de las vacaciones de verano.

Con esta medida, el Gobierno pretende impulsar la digitalización del tejido empresarial, reducir la morosidad y permitir a las empresas cobrar antes y con mayor previsibilidad, según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que también ha señalado el ahorro de costes.

Según datos recopilados por Efe, en España ya se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año con ahorros estimados superiores a 2.700 millones de euros en tiempo y recursos de las empresas, una cifra que podría alcanzar los 8.000 millones de euros cuando se llegue a 2.000 millones de facturas, que es el nivel de facturación de Italia y cuyo sistema lleva implantado desde 2019.

Además del ahorro, está el problema de la morosidad, ya que España tiene uno de los plazos medios de pago más elevados de la Unión Europea (UE), en torno a los 80 días, muy por encima del máximo de 60 días que establece la ley y de la media comunitaria. Esta situación frena el crecimiento y la competitividad empresarial.

Carlos Cuerpo indicó que la nueva facturación electrónica entre empresas y profesionales (sistema B2B) "es una herramienta decisiva para cambiar esta realidad", ya que al registrar electrónicamente cuándo se emite, se acepta y se paga cada factura, las empresas tendrán mayor control sobre sus cobros y pagos, y la Administración podrá monitorizar el cumplimiento real de los plazos de pago con una "trazabilidad completa" del ciclo de facturación.

Las empresas podrán optar por dos vías para intercambiar facturas electrónicas, a través de plataformas privadas, que deberán estar interconectadas entre sí para que ninguna empresa se vea obligada a pertenecer a la plataforma de su cliente, o mediante la solución pública y gratuita de la Agencia Tributaria (AEAT), accesible para cualquier empresa o profesional que la necesite, incluidos autónomos con pocas facturas al mes.

El Ministerio de Economía señala en un comunicado que el ahorro de costes ha sido el gran incentivo para que la factura electrónica ya esté implantada en sectores como el gran consumo, automóvil, suministros sanitarios, hoteles y agencias de viaje.

La norma, que desarrolla el artículo 12 de la Ley Crea y Crece y se alinea con la estrategia europea de digitalización del IVA, ha coincidido en el tiempo con otro proyecto del Ministerio de Hacienda para la verificación de facturas, el conocido como Verifactu, que ya ha entrado en vigor, pero cuyos efectos se han diferido a 2027.

Economía explica que se trata de dos medidas diferentes, puesto que el Verifactu busca combatir el fraude fiscal en transacciones de todo tipo, establece una serie de obligaciones para los productores de software de facturación para dificultar la manipulación de facturas y habilita diferentes mecanismos de reporte de información fiscal a la Agencia Tributaria.