El Consejo General de Economistas ha puesto cifras al efecto que la congelación de la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas ha tenido sobre los contribuyentes. Según un informe presentado esta semana por el Registro de Economistas y Asesores Fiscales, una persona con unos ingresos equivalentes al salario medio, fijado en 24.918 euros, ha pagado 820 euros más de lo que le correspondería si se hubieran actualizado los parámetros del impuesto. Este exceso se ha acumulado a lo largo de los últimos cinco ejercicios, un período en que la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de las rentas sin que la administración haya ajustado los tramos de tributación. Los economistas han llamado la atención sobre un efecto colateral poco conocido. Junts y el PP, así como Foment del Treball, han reclamado recientemente soluciones al asunto.
En el caso del salario mínimo interprofesional, a pesar de que muchos de estos trabajadores acaban no tributando porque sus rentas quedan por debajo del mínimo exento, se ven obligados a soportar retenciones mensuales. Esto significa que adelantan dinero a Hacienda que solo recuperan cuando presentan la declaración anual, un mecanismo que los expertos consideran innecesario y que genera cargas formales para las rentas más bajas. Uno de los ejemplos más ilustrativos que han aportado los economistas es el del mínimo personal, que actualmente está fijado en 5.550 euros. Según sus cálculos, si se hubiera actualizado cada año en función del IPC acumulado, esta cifra debería ser hoy de 7.226 euros. La diferencia entre ambas cantidades explica buena parte del incremento de la presión fiscal soportada por los contribuyentes, especialmente por aquellos con rentas medias y bajas.
La recaudación por IRPF creció un 10% en 2025
El informe también ha repasado las cifras de recaudación. El año pasado, el IRPF ingresó 142.466 millones de euros, lo cual representa un incremento del 10,1% respecto al ejercicio anterior. Los economistas no cuestionan la necesidad de recaudar para financiar los servicios públicos, pero advierten que el incremento se ha producido sin que los ciudadanos hayan visto una mejora equivalente, sino simplemente por el efecto de la falta de actualización del impuesto. Durante la presentación del informe, el presidente del Consell General d'Economistes, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha expresado su inquietud por la deriva de la técnica normativa en materia fiscal.
Ha criticado el recurso recurrente a los reales decretos ley para introducir cambios tributarios, una figura pensada para situaciones de urgencia que se ha utilizado en numerosas ocasiones para materias que requerían un debate parlamentario más amplio. El problema es que algunos de estos decretos no acaban siendo convalidados por el Congreso, pero mientras tanto han entrado en vigor y han generado efectos sobre los contribuyentes. Los economistas alertan de que esta práctica genera un clima de inseguridad jurídica que afecta tanto a los ciudadanos como a los profesionales que los asesoran.
"Se ha tardado mucho en reaccionar y esto ha creado un clima de inseguridad jurídica y de incertidumbre tanto para los ciudadanos como para los profesionales tributarios", ha afirmado Vázquez Taín. Según su parecer, no es aceptable que se regule en materia fiscal mediante decretos ley que posteriormente no se convalidan, pero que se interpretan como si estuvieran en vigor. El informe incluye 25 recomendaciones para mejorar la planificación fiscal, pero también reivindica un cambio en la manera de hacer las leyes.