Las entidades bancarias están obligadas a informar sobre los movimientos de sus clientes, los pagos y cobros de efectivos y otras informaciones con el objetivo de detectar fraudes o actividades ilícitas, más allá de tener un cálculo más ajustado de las ganancias de cada usuario.
Las transferencias bancarias son uno de los métodos de pago más populares en España y la Agencia Tributaria es especialmente cauta con este tipo de operaciones con el fin de frenar la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales y demás.
Multa de hasta 2.500 euros
Según la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, aunque el límite de transferencias es de 10.000 euros, la mayoría de las entidades bancarias limitan los movimientos a 6.000 euros.
Si la persona no informar a la Agencia Tributaria sobre una transferencia, puede llegar a recibir sanciones que van desde el 2% hasta el 25% del importe no declarado. En este sentido, si el dinero transferido sin notificación supera los 10.000 euros, la multa será de 2.500 euros. Además, si se presentan modelos con información incompleta, inexacta o falsa, se puede recibir una multa de hasta 150 euros.
Paralelamente, el artículo 34 de la misma ley prohíbe la entrada o salida del territorio nacional con medios de pago por un valor igual o superior a 10.000 euros en moneda nacional o extranjera, así como los movimientos dentro del territorio nacional por un valor igual o superior a 100.000 euros en moneda nacional o extranjera.
En el caso de las transferencias a través de Bizum, también se deberán ser declaradas a Hacienda, ya que se aplica la misma ley que para las transacciones bancarias.
Desconocimiento de la normativa
Las autoridades fiscales recuerdan que nadie se puede librar de la responsabilidad fiscal al realizar una transferencia bancaria y el artículo 6.1 del Código Civil es concreto al respecto: “La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Esto significa que desconocer la normativa no justifica su incumplimiento, por lo que es esencial estar al tanto de la legislación actual para evitar problemas con Hacienda.