El Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico (Miteco) ha tramitado por la vía urgente algunas de las medidas para reforzar el sistema eléctrico que el Congreso tumbó el pasado 23 de julio. Después de la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado martes, el decreto estará en información pública y abierto a alegaciones hasta el próximo 11 de agosto.

El Gobierno incluye en este decreto las medidas de menor rango normativo que se pueden aprobar sin necesidad de pasar por el legislativo. Con el fin de garantizar "el cumplimiento de las obligaciones" de las empresas eléctricas con el sistema, el ministerio potencia los poderes de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que "tendrá que evaluar las obligaciones de control de tensión" de los operadores y elaborará un informe cada tres meses.

Además, hará un plan de inspección extraordinario cada tres años que analice las capacidades de reposición, "con más atención en las instalaciones con arranque autónomo y en las redes de distribución".

Red Eléctrica también tendrá que elaborar propuestas de modificaciones normativas ante las oscilaciones de potencia, la velocidad de variación de las tensiones y la programación de restricciones técnicas, así como de otras medidas que mejoren la seguridad eléctrica. La misma empresa privada con participación pública tendrá que hacer un procedimiento de operación con el fin de coordinar los planes de desarrollo de las redes y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para el análisis de incidentes. Todo eso tendrá que estar elaborado en menos de seis meses.

El fomento del almacenaje y la electrificación de la economía son los otros puntos fuertes del nuevo decreto. Con el objetivo de llegar a 22,5 GW de almacenaje mediante bombardeo y baterías para el 2030, el Gobierno habilita las disposiciones técnicas necesarias para agilizar estos proyectos y priorizar aquellos que se hagan hibridando, es decir, dentro de parques renovables ya construidos de forma que se puede almacenar directamente aquello que no se genera y además se reduce el impacto sobre los terrenos porque ya hay una instalación construida.

Con respecto a la electrificación, el decreto quiere evitar la especulación con los puntos de acceso a red. Así, impone una caducidad de cinco años a los permisos de acceso y conexión con el fin de prevenir el acaparamiento y la especulación y prioriza las nuevas peticiones de producción industrial.

Además, el decreto prevé acelerar y reducir hasta un 50% el tiempo que se tarda en dar permisos a los puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto en el parque residencial como en la industria.

Finalmente, las plataformas de I+D+i tendrán una más fácil autorización administrativa con el fin de conectarse a la red. El decreto deja fuera de entrada algunas otras medidas como la ampliación de la distancia posible para conectarse a un autoconsumo o la reducción de impuestos municipales para los proyectos de aerotermia en los hogares.