La Comunidad de Madrid da cobijo a 6,82 millones de personas (14,3% del total nacional) y sin embargo recauda el 38,5% de lo que aporta en España el impuesto de matriculación que pagan las personas que adquieren un coche nuevo. Catalunya, la segunda comunidad por volumen de recaudación, tiene 7,74 millones de habitantes, pero se queda con el 14,7% del impuesto. En dinero, de los 585,5 millones de euros que se han ingresado con este impuesto entre enero y noviembre de 2022, la Comunidad de Madrid se quedó con 225 millones y Catalunya con 85 millones. Andalucía, el territorio con mayor población, 8,54 millones, recibió 71,8 millones de euros, el 12,3% del total descontando a los territorios forales de Navarra y País Vasco con una legislación fiscal propia.

Una anomalía que crece cada año. Si nos remontamos a 2018, de los 513 millones de euros que se recaudó en el conjunto de España con este impuesto, la Comunidad de Madrid recibió 167 millones, el 32,5%, y Catalunya, en segunda posición, 92,7 millones, el 18,6% del total. Por tanto, en cinco años la Comunidad de Madrid aumenta 6 puntos en el reparto de los beneficios de este impuesto y Catalunya pierde 4 puntos, una mengua generalizada en el resto de los territorios en favor de Madrid.

'Guerra' fiscal entre ayuntamientos

El impuesto de matriculación, cuyo nombre real es Impuesto Especial a Determinados Medios de Transporte (IEDMT), grava la compra de ciertos vehículos a motor como turismos y todoterrenos, motocicletas y quads y barcos y aviones de recreo. Quedan exentos los vehículos profesionales como furgonetas, camiones y autobuses y turismos como los taxis o los coches de autoescuelas. Se trata de un tributo cedido y gestionado por las comunidades autónomas, a pesar de lo cual el peso desproporcionado de la Comunidad de Madrid no es atribuible al Gobierno autonómico, sino a algunos municipios del territorio como Robledo de Chavela. Pero, ¿cómo es esto posible?

Hay dos impuestos directamente relacionados con el automóvil. Por un lado está el de matriculación que como se ha comentado se paga una solo vez cuando se adquiere el coche y lo gestiona la comunidad autónoma. Por otro lado está el conocido como impuesto de circulación (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica o IVTM) que se paga anualmente al ayuntamiento donde esté el domicilio fiscal del propietario del vehículo. Se trata, pues, de un impuesto local.

El de circulación es el causante de que la Comunidad de Madrid despunte en la recaudación del impuestos de matriculación. Los ayuntamientos tienen un amplio margen para fijar qué tasa cobran por los vehículos domiciliados en su término municipal. Coches que han tenido que ser adquiridos, pues, en la comunidad a la que pertenezca ese pueblo. Pues bien, se ha producido una guerra fiscal muy intensa por parte de algunos ayuntamientos que han reducido drásticamente los tipos con el fin de atraer mucho volumen de coches que abonarán cada año el impuesto de circulación. El principal es Robledo de Chavela en Madrid, aunque hay otros como Rajadell y Aguilar de Segarra en Barcelona.

Una rebaja que atrae a las empresas que manejan grandes flotas como las de renting o las de alquiler que con tener algún tipo de sucursal (en teoría con actividad real) en estos pueblos justifican domicilar los automóviles en ese término municipal y favorecerse de un impuesto de circulación muy bajo. A estas empresas que buscan pagar muy poco por el impuesto de circulación se suman otras empresas que están domiciliadas en la ciudad de Madrid (tiene tipos similares al resto de otras grandes ciudades como Barcelona) atraídas por la capitalidad del Estado y que han sido igualmente matriculados en la Comunidad de Madrid.

Renting y alquiler

Los datos de matriculación de las patronales del automóvil (Anfac, Faconauto y Ganvam) demuestran la clara elección de las empresas por la Comunidad de Madrid. Por canales, el territorio es responsable del 17,3% de las compras realizadas por los particulares el pasado año y Catalunya, con mayor población, se coloca por encima con el 18,6%. Hasta aquí todo correcto.

Las diferencias saltan en las compras corporativas, pues en la Comunidad de Madrid se matriculan 6 de cada 10 turismos (60,1% en 2022) que adquirieron las empresas (se incluye a las de renting), mientras que en Catalunya tan solo el 8,8%. Empeora en el canal de las empresas de alquiler, pues cerca de 7 de cada 10 (69%) coches que adquirieron el pasado año los matricularon en Madrid. Sorprendente si se tiene en cuenta el escaso volumen de coches de alquiler en este territorio frente a otros más turísticos. De los 92.607 turismos (de enero a noviembre) comprados por empresas de alquiler, 63.775 se domiciliaron en Madrid, 9.464 se domiciliaron en Canarias y 4.430 en Baleares.

Cambiar la ley

Diego Martínez López, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y uno de los mayores expertos en financiación autonómica, explica a ON ECONOMIA que el impuesto de matriculación tiene poco efecto recaudatorio real para las arcas autonómicas. Primero por el bajo volumen de dinero que aporta el tributo y segundo porque los territorios tienen que ceder el 75% de lo que ingresan al Fondo de Garantía de Servicios Públicos que luego se reparte entre las comunidades para garantizar unos servicios públicos equivalentes.

No obstante, los territorios pueden ampliar hasta un 15% los cinco tipos de gravámenes (el más bajo es cero) que se fijan en función de las emisiones de CO2 de cada coche, un dinero extra que no deben repartir con el Fondo de Garantía. La Comunidad de Madrid, a pesar del poder de recaudación que obtiene del impuesto de matriculación, no está entre las comunidades que ha aplicado la subida (Asturias, Baleares, Cantabria, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad valenciana).

El economista considera que el diseño de los impuestos específicos del automóvil favorece una competencial fiscal especialmente entre municipios. Para acabar con ello, defiende que el impuesto de circulación pase a ser gestionado por las comunidades autónomas y no por los ayuntamientos. Un impuesto cuya recaudación es muy superior a la del impuesto de matriculación.